Por José Mª López, abogado y diplomado en Ciencias Políticas
Los sistemas políticos, como los mercados, buscan la estabilidad. Los resultados de la jornada electoral del 20 de diciembre de 2015 no invitan, en este sentido, al optimismo, dada la dificultad del partido político vencedor —sin alcanzar una mayoría lo bastante amplia, ni por sí ni mediante previsibles alianzas— para recabar el respaldo de un Congreso de los Diputados excesivamente fragmentado.
Nos parece inaceptable, por cierto, la referencia explícita de ciertos representantes políticos recién llegados a la arena política al “turnismo”, realidad propia de la época de Cánovas y Sagasta, igualmente implantada en otros Estados europeos avanzados del fin del siglo XIX y comienzos del XX, que no tiene nada que ver con la de un sistema político como el de la Constitución de 1978, que, como han demostrado las elecciones de 2015, tras casi cuarenta años de paz y crecimiento, da cabida a prácticamente todas las opciones políticas ciudadanas, por autodestructivas y desleales que, en algunos casos, puedan llegar a ser (nos referimos, primordialmente, a las centrífugas).
La ingobernabilidad política es, de entrada, un riesgo a ponderar, por el nerviosismo que puede despertar en unos mercados a los que el Estado español debe un billón de euros (por no mencionar los tres billones de euros de deuda privada, lo que nos convierte en uno de los Estados del mundo con más deuda, pública y privada, en relación con el PIB —McKinsey & Company—).
No nos parece que se trate, en cuanto a la pública, de “deuda odiosa”, de esa que el Derecho Internacional Público permite, bajo ciertas condiciones, no pagar o repudiar. El artículo 135, apartado 3, de la Ley de Leyes, reformado en 2011 por las dos principales fuerzas políticas, establece, en línea con la Constitución de 1812, el pago prioritario de la deuda pública y de sus intereses (“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”), luego traspasar esta línea roja sería arriesgado.
Por mucho que nos duela, en el alma y en el bolsillo, disponer de aeropuertos sin aviones o de estaciones de tren sin trenes, la deuda pública no debe ser objeto de debate, pues los pretendidos efectos sanatorios pueden ser realmente contraproducentes (repárese en la experiencia del Gobierno de Syriza en Grecia a lo largo de 2015).
Por ello, con buen criterio, el artículo 99, apartado 5, de la Carta Magna establece que “si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”. Que mejor forma para poner fin a la incertidumbre (aunque nadie asegura que las nuevas elecciones arrojen más luz...).
El segundo riesgo, quizá más aparente que real, es el de que se llegue a formar un Gobierno encabezado, “de iure” o “de facto”, por un nuevo partido de izquierdas, sin experiencia en labores de gobierno a nivel estatal.
Sin duda, y tenemos muy fresco el caso de Grecia y de su reciente tercer rescate de 2015, a los mercados les repugnaría esta opción, poniendo más presión sobre el escaso margen de actuación de nuestros representantes políticos (que, nos guste o no, cargan con la pesada losa, generada por ellos mismos, de un billón de euros de deuda pública y del pago de unos intereses milmillonarios).
Ahora bien, identificar la política desarrollada por este hipotético Gobierno con un mal gobierno puede ser aventurado y hasta erróneo. Cuando Lula da Silva, por ejemplo, tomó el timón político en Brasil tras ganar las elecciones, los mercados reaccionaron con cautela, pero cuando se constató que las políticas puestas en práctica eran de todo punto razonables se abrió una de las épocas de mayor esplendor económico y estabilidad política de Brasil.
Para terminar, algunas reflexiones a vuelapluma: el Gobierno de España será el de todos los españoles, hayan votado o no al candidato que deba formarlo y consiga la aprobación de la Cámara Baja en la sesión de investidura; en las sociedades post-industriales modernas las diferencias entre las diversas alternativas políticas son mínimas, casi insignificantes (Inglehart); en Europa no se ha tomado conciencia de que las limitaciones financieras de los Estados del Bienestar, con una población que envejece a pasos agigantados, debería condicionar absolutamente la toma de las decisiones políticas (Fukuyama), luego esta debería regirse por el buen sentido y no por la demagogia.