El Ayuntamiento de Alicante decidirá si recurre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) sobre los macrodepósitos en el puerto de la ciudad cuando reciba la respuesta a la aclaración solicitada, ya que, según el consistorio, el alto tribunal no se ha pronunciado sobre algunos aspectos "muy importantes" que eran objeto del pleito.

Así lo ha manifestado este lunes el alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala, en declaraciones a los periodistas al ser preguntado por la aclaración de esa resolución judicial pedida por la corporación local. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha reconocido a la empresa XC Business 90 SL la obtención, por silencio administrativo positivo, de la licencia ambiental que solicitó en febrero de 2013 para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el puerto de Alicante.

Según Barcala, el órgano judicial no se ha pronunciado sobre unos extremos "muy importantes" que eran objeto del pleito, razón por la cual se ha solicitado que el TSJCV emita una aclaración. En función del cuál sea la respuesta del alto tribunal, el ayuntamiento decidirá la interposición o no de un recurso de casación.

[¿Qué futuro tiene el Centro Congresos de Alicante sin una planta hotelera suficiente en la ciudad?]

"Queremos que las cosas se hagan bien y que estén bien fundadas (...). Lo que queremos es tomar la mejor solución posible", ha subrayado el regidor, quien ha expuesto que una de las cuestiones objeto de aclaración es establecer, si procede una indemnización porque se reconoce el derecho a la empresa, "desde cuándo se computa esa posible indemnización, porque la variación puede ser considerable".

Por otra parte, y en cuanto al complejo de galerías y depósitos excavados en el interior de la montaña de la Serra Grossa, conocido como La Británica, fuentes municipales han dicho que el proyecto se ve condicionado a que el Estado certifique que el recinto es seguro y sostenible para sacar adelante la cesión al ayuntamiento y garantizar su explotación "sin problemas".

"El Estado nos tiene que aclarar en qué condiciones nos cederá el espacio para poder ponerlo en valor y transformarlo en un espacio cultural de referencia a nivel internacional", ha señalado Barcala.