El Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado a familias con "dificultades para acceder a una casa" las 39 viviendas públicas, adquiridas mediante "la polémica" permuta que el PSOE denunció ante la Fiscalía.
Los socialistas calificaron esta operación de "irregular" debido a que sobre los pisos existían prerreservas, es decir, estaban ya comercializados, por lo que la promotora, Domio, no podía optar a la permuta.
Sin embargo, los servicios jurídicos del Consistorio no estimaron estas irregularidades y consideraron que "el documento de prerreserva firmado por la promotora con los interesados supone una fase previa a la comercialización" y que, por lo tanto, "no es un instrumento jurídico que otorgue un derecho adquirido que permita la venta de los inmuebles".
Con este informe, el Ayuntamiento de Valencia siguió adelante con la adjudicación de estas viviendas públicas, cuyos inquilinos ya tienen nombres y apellidos.
Según fuentes municipales, todos los seleccionados son menores de 45 años y llevan siete años o más empadronados en la ciudad.
Además, subrayaron que ocho de cada diez familias beneficiarias reúnen criterios de prioridad social como familia numerosa o monoparental, diversidad funcional, dependencia o violencia de género.
Las viviendas están en un edificio del número 19 de la avenida de José Roca Coll, 19, en el distrito de Patraix.
"Estas 39 viviendas públicas son para familias que de verdad las necesitan, que llevan años viviendo en Valencia y están inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda porque tienen dificultades de acceso al mercado libre", defendió el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.
Adjudicación
Los solicitantes pertenecen a hogares con una media de 5,26 miembros y el 95% acredita personas a su cargo. Siete de cada diez (72%) son familias numerosas y cerca de una de cada cinco (18%) cuenta con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según datos del Consistorio.
En menor proporción, entre los beneficiarios también figuran familias monoparentales, con algún miembro con dependencia o que han sido víctimas de violencia de género o doméstica. En conjunto, más de ocho de cada diez familias (85%) reúnen al menos uno de estos criterios de prioridad social.
La selección se resuelve mediante un baremo de puntos que valora el arraigo en la ciudad, otorgando la máxima puntuación a quienes acrediten siete años o más de empadronamiento ininterrumpido, el número de miembros del hogar, las personas a cargo y las situaciones de vulnerabilidad acreditada.
Esta adjudicación es posible una vez finalizada la construcción del edificio y completada su incorporación efectiva al parque municipal, en ejecución de la permuta de solares aprobada por la Junta de Gobierno Local en octubre de 2025. Con esta fórmula, el Ayuntamiento intercambia suelo público por vivienda protegida ya construida.
En este caso, la constructora Domio se comprometió a entregar 39 viviendas a cambio de suelo municipal para 250 inmuebles en Malilla y Nou Moles y 1,7 millones de euros.
Los socialistas valencianos llevaron este caso a la Fiscalía después de hablar con varias familias que denunciaron que tenían reservada una de las viviendas de este edificio y que habían pagado 1.000 euros con este concepto.