El Gobierno pedirá a Europa ampliar el plazo para que los municipios de la dana envíen sus proyectos de reconstrucción

Una fecha marcada en el calendario en febrero de 2026 que genera a día de hoy una importante preocupación en los ayuntamientos afectados por las inundaciones. Pues la cantidad de trámites burocráticos que tienen que acometer antes de ejecutar las obras de rehabilitación son tantos que temen no llegar a tiempo.

El plazo de ocho meses, exponen varios de estos consistorios, es "muy justo" y, de no ampliarse, corren el riesgo de no llegar a poder ejecutar los fondos destinados a la reconstrucción: 1.746 millones de euros que el Ejecutivo transfirió en febrero.

El plan de Gan Pampols para prestar funcionarios a los ayuntamientos de la dana encalla en Función Pública

La angustia por parte de las corporaciones locales es tal, que hace apenas dos semanas la mancomunidad de l'Horta Sud y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) remitió una carta al Ministerio de Política Territorial para reclamar, precisamente, la ampliación de este horizonte temporal.

En la misiva dirigida al ministro Ángel Víctor Torres, subrayaban el "tremendo esfuerzo" que estaban haciendo los ayuntamientos afectados por la dana del 29 de octubre "para devolver la normalidad a la ciudadanía".

"Al volumen de infraestructuras municipales y de todo tipo destruidas, se suma la afección a las propias familias, viviendas y negocios. La herida es gigante a todos los niveles", continuaba el escrito.

"Somos conscientes de la ayuda que está brindando el Gobierno de España. No obstante necesitamos que se modifiquen algunas condiciones para que esta ayuda sea más efectiva y así también aliviar las finanzas de los ayuntamientos", exponía la mancomunidad.

Así, a continuación relataban cuatro peticiones. "Los ayuntamientos necesitan una ampliación de los plazos establecidos inicialmente, de forma que sea viable el proceso de elaboración de los proyectos y realización de las obras", reza el documento.

Barranco del Poyo. EE

Junto a esta demanda, también advertían de la necesidad de reforzar las plantillas municipales para poder tramitar toda la documentación necesaria para encauzar la reconstrucción.

Los consistorios "necesitan un refuerzo de personal que ayude en las tareas de elaboración de las memorias y otros trabajos derivados del proceso de reconstrucción". Acto seguido proponían que se estudiara la posibilidad "de realizar una convocatoria para este fin".

En tercer lugar, reclamaron un plan de ayudas dirigido a familias en situación de especial vulnerabilidad "para afrontar los gastos de la reposición de los ascensores, gestionado a través de los Servicios Sociales de los ayuntamientos".

Los ayuntamientos de la dana, a la espera del refuerzo de funcionarios para encauzar la reconstrucción

Finalmente, también pedían un anticipo del 50% de los gastos extraordinarios que tuvieron que afrontar las arcas municipales durante la fase de emergencia.

Unos pagos que posteriormente los ayuntamientos justificaron presentando facturas al Gobierno para que les fuera devuelto de esos fondos de 1.746 millones, que en principio estaban dirigidos ala rehabilitación de infraestructuras dañadas.

Trámites previos

En este punto, conviene recordar que el Gobierno de España les transfirió a los ayuntamientos 1.746 millones. Posteriormente, estos han tenido que presentar una memoria económica valorada en la que reflejan los daños que ha sufrido el municipio y los gastos a los que se enfrentan.

Una memoria que debe recibir el visto bueno por parte del Ministerio de Política Territorial. En caso de recibir la autorización, comienza el procedimiento ordinario para licitar obras necesarias para devolver la normalidad al municipio.

Esta contempla desde la licitación de la redacción del proyecto, hasta la redacción de la obra, su licitación y la propia ejecución.

Para todo ello, cada municipio ha optado por asumir toda esa carga burocrática con sus propios funcionarios, o por encargar a Tragsa todos los trámites porque no tiene capacidad administrativa para hacerlo. En este grupo se encuentran los municipios más pequeños y con escaso personal, que son la mayoría.

Vecinos retiran barro en un municipio tras la dana. Fundación Mutua Madrileña

Reinvidicación de Gan Pampols

Una serie de dificultades sobre las que ya ha advertido en diferentes ocasiones y foros el vicepresidente para la Recuperación de la Comunitat, Francisco José Gan Pampols, que se reúne prácticamente a diario con los municipios afectados y recoge sus demandas.

De hecho, respecto a la falta de personal en los ayuntamientos, el alto cargo del Gobierno valenciano puso en marcha en abril un plan para prestarles funcionarios de la Generalitat Valenciana.

Hace tres meses envió una carta a los empleados públicos pidiéndoles colaboración para conformar un equipo técnico integrado por arquitectos, ingenieros y otros técnicos cualificados que forman parte de la escala más alta del funcionariado valenciano. En definitiva, escala A1 y A2 de la administración autonómica.

Gan Pampols se topa con reparos dentro de la Generalitat para prestar funcionarios a los municipios de la dana

El Consell ha aprobado ya el convenio de colaboración interadministrativa y hay 80 funcionarios interesados en echar una mano. Pero, por lo pronto, el proyecto no termina de despegar porque se ha topado con ciertos reparos en el departamento de Función Pública que dirige Javier Lorente.

La Dirección General no está del todo de acuerdo con la fórmula empleada para reforzar a los ayuntamientos y quería que se utilizara otro mecanismo alternativo que no implicara la cesión de su propia plantilla.

La razón es que si los funcionarios de la Generalitat acaban trabajando para los ayuntamientos, dejarán de prestar sus servicios en la administración autonómica. Y, por tanto, sus funciones dejarían de realizarse. En definitiva, en la práctica sería como tener vacantes esas plazas.

Gan Pampols también advirtió de la dificultad para que los ayuntamientos ejecutaran las obras y proyectos que presentaran al Gobierno teniendo en cuenta los plazos ajustados que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez había fijado.

En el foro de Análisis de Reconstrucción tras la dana organizado por EL ESPAÑOL, donde reveló que el Plan para la Recuperación contemplaba 400 actuaciones, señaló todos los trámites que debían realizar las corporaciones locales antes de febrero de 2026 y las trabas que eso supondría para el éxito de la reconstrucción.