Pedro Sánchez y Teresa Ribera en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. Eduardo Parra / EP
El Gobierno tenía "informes favorables condicionados" para desviar el barranco del Poyo, según la 'exconsellera' del PSOE
La impulsora de la Ley de la Huerta asevera que esta norma autonómica "no ha impedido nada". Fue, sin embargo, el argumento estatal para no hacer la obra.
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La retransmisión de Les Corts Valencianes captó en la última sesión de control una airada respuesta de María José Salvador, exconsellera de Territorio de Ximo Puig (PSOE), al actual responsable del cargo, Vicente Martínez Mus (PP). "¡Eso es mentira!", afeó la socialista desde su escaño.
El actual conseller, en su uso de la palabra, defendía, con una noticia de EL ESPAÑOL en la mano, que el Gobierno de España ha podido reactivar el desvío del fatídico barranco del Poyo debido a que la Generalitat de Carlos Mazón ha modificado la Ley de la Huerta del PSOE.
La pregunta para Salvador era obligatoria. ¿Qué de todo es mentira? Si resulta falso que la Ley de la Huerta que ella impulsó fuera un freno a las obras en la cuenca del Poyo, la responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la tragedia sería mayor, por no ejecutarlas y paralizarlas en 2021 pese a poder llevarlas adelante.
"La Ley de la Huerta no ha impedido nada", asevera Salvador, preguntada al respecto por este periódico. Según detalla, el Consell de l'Horta, creado por la mencionada ley valenciana, emitió "informes favorables condicionados" que, simplemente, requerían una adaptación de las obras para llevarlas a cabo.
Ahora bien: María José Salvador exculpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez, llegado en 2018, y achaca la parálisis al anterior de Mariano Rajoy (2011-2018) por "dejar caducar las declaraciones de impacto ambiental" y obligar a adaptar los proyectos que habían sido validados en 2011.
Salvador, con su exclamación en Les Corts, trataba de sintetizar que "lo que realmente quiere el Gobierno de Mazón es hacerlo todo urbanizable". "Por eso ha atacado el Pativel, el PAT de la Huerta de Valencia y ahora la Ley de la Huerta, para recalificar y urbanizar en todas partes", asevera.
"No impide infraestructuras"
"La Ley de la Huerta no ha impedido nada", insiste. "Y menos una infraestructura de interés general", agrega. "No se impiden las infraestructuras, pero se tienen que adaptar a la normativa vigente, porque son proyectos de hace 15 años que tenían que adaptarse", explica.
Los proyectos para encauzar, desviar y laminar agua en la cuenca del Poyo, en particular los dos que estaban más avanzados de los siete totales ideados en 2010 por la firma de ingeniería Typsa, contaban, según Salvador, con los mencionados "informes favorables condicionados".
Se trata de los informes vinculantes del mencionado Consell de l'Horta -creado por la Ley de la Huerta- que habían sido elaborados por consultoras externas, según Salvador.
María José Salvador, en una imagen de archivo. EE
¿Pero no fueron un freno esos "condicionantes"? La realidad es que las obras en la cuenca del Poyo no se hicieron, que no se actualizaron los proyectos y que se dieron por paralizadas -según una presentación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de septiembre 2021- "por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales".
María José Salvador matiza esta última afirmación de la CHJ. "Yo también he visto esa presentación en la que la CHJ habla de paralización. Pero la realidad es otra. Los proyectos avanzaron, hasta el punto de que los relativos a la canalización del barranco de La Saleta y el desvío del barranco del Poyo están ahora muy avanzados y van a licitarse pronto".
¿Ha necesitado entonces cuatro años el Gobierno de España para que estos proyectos, diseñados para evitar catástrofes como la que costó 228 muertes el pasado mes de octubre, lleguen tan solo a la fase de "autorizados en redacción", sin siquiera estar aún licitados?
"Yo no soy técnica"
"Yo no soy técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no sé valorar la velocidad que han llevado o deberían llevar. Sé decirte que están siguiendo su curso administrativo, que han tenido que adaptarse porque se dejaron caer en la época del PP, y que la Ley de la Huerta no ha parado ninguna infraestructura", replica Salvador.
La exconsellera recuerda que "la legislación anterior establecía cinco años de vigencia para las declaraciones de evaluación ambiental". La de los siete proyectos para la cuenca del Poyo, en consecuencia, habría decaído en 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que la DIA que tenían era de 2011.
Esa DIA, curiosamente, la aprobó Teresa Ribera, como secretaria de estado en el último año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y se dio la paradoja de que, diez años después, en la mencionada presentación de 2021, fue con ella de ministra para la Transición Ecológica cuando la CHJ, entidad adscrita a su departamento, dio las obras por paralizadas.
