Disturbios en París.
Las imágenes que nos llegan de Francia y que, con sus propias circunstancias, hemos visto reproducirse en varias ciudades italianas obligan a detenerse antes de emitir un juicio. Hay calles cubiertas de cristales, vehículos incendiados, comercios saqueados y personas que corren para ponerse a salvo.
También hay ciudadanos que reclaman una vida digna y se manifiestan pacíficamente. Todo sucede en un mismo escenario, pero no todo significa lo mismo, y acaso uno de nuestros errores más frecuentes consista en contemplarlo como si formara parte de una sola realidad.
Francia tiene una memoria que hace inevitable la comparación. El 14 de julio de 1789, una multitud tomó la Bastilla, fortaleza y prisión que simbolizaba el poder arbitrario de la monarquía.
Buscaba armas y pólvora, pero detrás de aquella jornada había mucho más: el hambre, el precio insoportable del pan, los privilegios de unos pocos y una sociedad que no encontraba razones para obedecer un orden que le negaba una vida digna. La Revolución francesa no se explica solo por la necesidad de comer, pero difícilmente se entiende sin ella.
Aquella historia tampoco debe contemplarse con complacencia. La Revolución proclamó derechos que todavía iluminan nuestras democracias y conoció, al mismo tiempo, episodios de una violencia terrible.
La justicia de una aspiración no convierte en justo todo cuanto se hace en su nombre. Conviene recordarlo cuando se pretende encontrar alguna grandeza revolucionaria en los disturbios de nuestros días.
Entre la Bastilla y los escaparates de las tiendas de lujo existe una distancia que no es únicamente de siglos. En 1789, el pan expresaba la urgencia de sobrevivir; en las escenas de saqueo que ahora contemplamos aparecen bolsos, prendas de marca, teléfonos y objetos cuyo valor se mide por su exclusividad.
Sería injusto atribuir a todos los que protestan el deseo de apropiarse de esos bienes, pero también lo sería presentar el robo y la destrucción como una consecuencia natural de la protesta social. El hambre no es lo mismo que la codicia, y ninguna reivindicación adquiere legitimidad porque alguien destroce un escaparate.
Pero tampoco deberíamos detener nuestra mirada en los cristales rotos. Detrás de las tensiones sociales existen inquietudes que merecen ser escuchadas, dificultades que afectan especialmente a los jóvenes y una incertidumbre sobre el futuro que no conviene ignorar.
Una sociedad necesita ofrecer oportunidades, pero también cultivar el respeto y la confianza entre quienes la integran. El problema adquiere otra dimensión cuando dejamos de escuchar las razones de los demás, atribuimos a colectivos enteros las conductas de unos pocos y olvidamos que detrás de cada situación hay personas que merecen consideración.
Los acontecimientos de Italia, con enfrentamientos y daños en distintas ciudades, muestran cómo episodios de violencia semejantes pueden producirse en países diferentes, aunque sus circunstancias no sean idénticas. Hay un malestar social que merece ser escuchado y hay quienes aprovechan ese malestar para causar daños que ninguna causa justifica.
El comerciante que contempla destruido su establecimiento o la familia que depende de un pequeño negocio no representan necesariamente ningún privilegio. Son personas que merecen la misma consideración que quienes reclaman legítimamente una sociedad más justa.
Y no necesitamos mirar fuera de nuestras fronteras para reconocer algunas de estas tensiones. En España hemos asistido a ocupaciones de espacios públicos, concentraciones enfrentadas e incidentes que deberían preocuparnos. La calle pertenece a todos. Es lugar de encuentro, de convivencia y también de protesta.
Manifestarse pacíficamente es ejercer un derecho fundamental; agredir, intimidar o destruir no lo es. Tampoco resulta aceptable utilizar la legítima expresión del desacuerdo como pretexto para buscar deliberadamente el enfrentamiento.
Hay algo que considero especialmente grave: es inaceptable provocar para generar la levadura del odio. Buscar el incidente, alimentar la hostilidad, humillar a quien piensa de otra manera y convertir cada discrepancia en una oportunidad para dividirnos. La provocación deliberada no es una muestra de firmeza ni de valentía.
Es una irresponsabilidad cuyas consecuencias pueden alcanzar a quienes jamás habrían elegido la violencia. El odio tiene esa capacidad de crecer cuando encuentra quien lo alimente, hasta que llega un momento en que nadie parece recordar dónde comenzó el enfrentamiento ni cuáles fueron sus verdaderas razones.
Y aquí el Derecho tiene algo más que decir que una relación de prohibiciones y sanciones. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reconoció la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. También estableció que la libertad consiste en poder hacer cuanto no perjudique a otro.
Hay una sabiduría jurídica en esa idea: ningún derecho se ejerce en el vacío, porque a su lado vive siempre una persona cuyos derechos merecen igual respeto.
Nuestra Constitución protege el derecho de reunión y de manifestación pacífica, incluso cuando incomoda al poder; precisamente entonces demuestra su sentido. Pero, la defensa de las libertades exige también proteger a quienes no participan en la protesta y responder a los delitos con la firmeza que corresponde, sin renunciar a la proporcionalidad ni a las garantías jurídicas. Una democracia necesita hacer compatibles ambas exigencias.
Me preocupa especialmente otra forma de destrucción, menos visible que las lunas rotas. Es la que comienza cuando dejamos de reconocer al otro como alguien digno de ser escuchado.
El comerciante se convierte en símbolo de una riqueza a la que se odia; el joven, en sospechoso por su edad; el policía, en enemigo por su uniforme; quien protesta, en adversario al que conviene desacreditar. De esa manera vamos levantando muros de enemistad que no figuran en los mapas, pero que separan de verdad nuestras calles y nuestras conciencias.
No creo que la concordia consista en disimular los desacuerdos ni en pedir silencio a quienes tienen motivos para protestar. Consiste en aceptar que ninguna razón nos concede la propiedad exclusiva de la verdad y que la dignidad humana no depende de las ideas, de la fortuna ni de la condición social de quien tenemos enfrente.
Exige sancionar el delito sin deshumanizar al delincuente, proteger a las víctimas sin utilizar su dolor como instrumento de enfrentamiento y reconocer la injusticia sin levantar por ello una nueva injusticia.
La Bastilla era un muro de piedra que terminó por caer. Los muros que hoy necesitamos derribar son menos visibles: la indiferencia, el desprecio y esa facilidad con que convertimos al diferente en enemigo.
No bastará con reponer los cristales ni con reforzar la vigilancia, aunque ambas cosas sean necesarias. Habrá que reconstruir la confianza y comprender que la convivencia no se sostiene únicamente sobre las leyes, sino también sobre nuestra conducta cotidiana.
Quizá debamos recuperar el valor de algunas palabras que hemos relegado por considerarlas demasiado sencillas para problemas tan complejos. La amistad social, que no exige pensar igual; la comprensión, que no significa dar siempre la razón; y el respeto, que comienza precisamente donde aparecen nuestras diferencias.
No se trata de desconocer la realidad ni de renunciar a la justicia, sino de practicarla sin alimentar el resentimiento ni aceptar que la enemistad sea nuestro destino.
Porque frente a la levadura del odio tenemos la responsabilidad de cultivar aquello que nos une y nos permite reconocernos, aun siendo diferentes, como parte de una misma comunidad humana. Y eso exige algo más profundo que la tolerancia, más comprometido que la simple coexistencia y más necesario que nunca: la comprensión, la amistad social y, en definitiva, el amor.
José Rutilio Domingo Monforte es socio director y fundador del despacho Domingo Monforte.
