Hace ya un tiempo que viene irrumpiendo con cada vez más fuerza un movimiento que hace nada sería visto como una locura. Se trata del llamado “household voting”, -un voto por cada hogar- que sería ejercido por el jefe de familia que, obviamente, acabará siendo un hombre.

La propuesta es una ocurrencia del teólogo y pastor Doug Wilson -cofundador de su propia denominación cristiana, la Comunión de Iglesias Reformistas Evangélicas- quien, con más de 170 congregaciones en Estados Unidos, su propia universidad y su escuela, y una editorial y un servicio de streaming, se ha convertido en un líder de opinión, con todo el peligro que ello conlleva.

Y es que la propuesta lleva consigo el borrado de los derechos conseguidos por las mujeres a lo largo de la historia con sangre, dolor y lágrimas. Porque, si en cada hogar solo ejerce el derecho al voto una persona y eso lo hace el considerado “jefe de familia”, no hay que ser un genio para concluir que será siempre el varón quien se arrogue esa prerrogativa, arrumbando a las mujeres a la invisibilidad política en la que permanecimos tanto tiempo y de la que tanto costó salir.

Por desgracia, quienes ya peinamos canas -o ni eso- en nuestro país recordaremos otra figura muy familiar en nuestras vidas, la del “cabeza de familia” o, como decía -y sigue diciendo en algún artículo- nuestro Código Civil, el “buen padre de familia” como modelo de conducta, heredero del paterfamilias del Derecho Romano.

Consecuencia directa de ello era la necesidad de que ese varón, padre o esposo, que capitaneaba el hogar familiar tuviera la potestad de decidir qué hacían las mujeres que se encontraban bajo su égida, de modo que una mujer no podía abrir una cuenta bancaria, alquilar o comprar un piso, o viajar, entre otras muchas cosas, sin su permiso oficial, una figura denominada “licencia marital” que se mantuvo vigente hasta 1975. También tenía importantes conclusiones respecto a la custodia de las hijas e hijos, que no fueron derogadas hasta 1981, ahí es nada.

Entonces, en nuestro país, no existía el derecho al voto. Las mujeres, que lo obtuvieron gracias a Clara Campoamor en 1931, apenas pudieron ejercerlo unos pocos años, desde 1933 hasta la implantación de la dictadura franquista en que, como dictadura que era, no había más posibilidad de votar que lo que papá estado decidiera y cuando así lo hiciera, sin ninguna posibilidad de disentir.

El reconocimiento del sufragio femenino fue una larguísima batalla, cuyas consecuencias empezaron a plasmarse con el reconocimiento del voto para las mujeres en Nueva Zelanda -el primer país en dar el paso- en 1883 en un proceso progresivo que culminaba en Suiza hace apenas unos años, en 1972. Por el camino, lo ya dicho de España, o el caso de Estados Unidos, que reconoció el voto femenino en 1920.

¿Qué pensarían aquellas sufragistas de antaño, que se jugaron la vida, la libertad y la custodia de sus hijos por lograr la igualdad ante las urnas? Probablemente, se estén removiendo en sus tumbas si saben de este movimiento y, sobre todo, si saben que hay mujeres que lo defienden. Y es comprensible. No me extrañaría que cualquier día se apareciera su fantasma repartiendo sartenazos a diestro y siniestro.

Pero quienes no somos fantasmas, no podemos consentirlo, seamos mujeres u hombres. Ha costado demasiado llegar hasta aquí para perderlo todo por esos grupos ultraconservadores apoyados por el presidente de peinado imposible e ideas aún más imposibles.

No podemos bajar la guardia. No olvidemos que, cuando de igualdad se trata, lo que no sea avanzar es retroceder.