Tras los excesos navideños culminados con el roscón de Reyes, llegan los objetivos de año nuevo y, con ellos, las rebajas, incluso la tarifa del gimnasio al que muchos vuelven, al menos a pagar la cuota.
Con retos pendientes abre el año la Comunitat Valenciana que requieren de una gran dosis de financiación e inversión, pero seguimos a la cola y no se divisa en el horizonte voluntad de cambio de un sistema caduco y que causa una grave situación de discriminación.
La prioridad del Consell es la emergencia con carácter de exigencia en prevención de riesgos frente a riadas, principal situación a la que nuestro territorio se ha enfrentado y que, a vistas de lo que anuncian los expertos en la materia, nos seguirán ocupando y preocupando en mayor anticipación de períodos climatológicos adversos.
Y, siguiendo a los conocedores en la materia, son las obras hídricas las que tienen mayor capacidad para dar seguridad frente a situaciones como la trágica dana vivida el día 29 de octubre de 2024, una fecha que no se olvidará y que, siguiendo el caminar del calendario, vamos por el mes número 15 y todavía no se conocen cuáles son las actuaciones que el Estado debe acometer, porque es por competencia el responsable de la ejecución.
Entre las 100 peticiones trasladadas por el president del Consell al presidente del Gobierno ahí quedaban incluidas, dos han sido las acciones conseguidas, y restan por cumplirse el 98% restante.
Mucha voluntad política es la que se exige para cumplir con los retos que presenta la obligación constitucional para aplicar el principio de igualdad en todo el territorio español, con el fin de superar la grave situación en la que se encuentra la autonomía ahora además herida por la tragedia y que, a pleno pulmón, está sosteniendo la actividad económica y social.
La recuperación de un territorio totalmente devastado requiere de conexión y coordinación entre todas las administraciones públicas, desde la más próxima y cercana, la municipal, hasta la autonómica y estatal, para ello servirá la comisión mixta exigida y aceptada, debiendo fijarse en un todo, en una comunidad que es vida cotidiana y social, y es economía, autónomos y empresas, trabajar por fracciones especializadas, pero con resultados a la vista del conjunto para, de forma global, acometer las acciones pertinentes.
Para ello, a pesar de encontrarnos en período de rebajas, los valencianos ya no aceptamos más descuentos y exigimos no más de lo que nos corresponde con derechos adquiridos y contemplados dentro del marco constitucional y de nuestro Estatut.
