Como lo prometido es deuda aquí va una de autogobierno, porque, en definitiva, la petición de transferencias competenciales es, actualmente, en atención al panorama político, el máximo ejercicio de autogobierno autonómico al que puede aspirarse dentro del marco constitucional que tan poco dado es a reformas.
Partiendo de la incoherencia se llega al agravio colectivo, punto en el que ahora se encuentra todo el litoral del territorio español.
El paisaje que las maravillosas rías gallegas nos ofrecen poco o nada tienen que ver con las magníficas calas con vistas al mar Mediterráneo que, de arriba abajo, bañan nuestro territorio en toda su extensión costera. Nótese la utilización de los adjetivos para que la falta de objetividad, por identidad y pertenencia, no sean tan evidentes.
Pero, aunque "a priori" y a golpe de pura lógica esto nos llevara a pensar que qué mayor rigor en el conocimiento del medio, desde la proximidad, la agilidad administrativa, y la sensibilidad en el trato de la idiosincrasia del lugar, sería que las costas fueran normativamente reguladas y protegidas por las autoridades autonómicas, una norma común es la que ejerce su poder nuclear y dimana del Gobierno de España, con sede en puerto seco.
La controversia, muchas veces, no siempre procede de la distribución de competencias sino más bien del uso en la aplicación de la titularidad pública, porque ahí es precisamente donde se marca la diferencia en la fórmula de utilización de la formulación al determinar qué forma parte y qué no del dominio público.
Una situación satisfactoria, siguiendo las pesquisas de las más puras decisiones salomónicas, sería promulgar una ley marco que sentara las bases reguladoras, fruto del consenso que debe exigirse en la aprobación de este tipo normativo, para ser aplicada a lo largo de todo el territorio costero, pero que fuera precisamente este, el litoral, el que regulara la protección y ordenación de su propia costa en base a las distintas circunstancias que cada uno de estos espacios representa.
La Ley de Costas Valenciana que salió de Les Corts, siguiendo la estela de la homóloga ley gallega que ya superó la barrera del Constitucional, requiere de Reglamento de desarrollo, y que duda cabe que ya estarán a toda máquina los nombrados al efecto; pero, para ir un paso más allá, el Consell, este mismo martes, ha aprobado solicitar formalmente la transferencia de competencias en materia de costas.
El autogobierno abre nueva batalla en la búsqueda de su espacio, reconocido por la Constitución española, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del territorio autonómico.
De este modo la Comunitat Valenciana empieza el camino para proclamarse como la capital azul de España.
