La responsabilidad del Gobierno de España en la tragedia que se cobró 224 vidas y 3 desapariciones en Valencia el pasado 29 de octubre quedó todavía más acreditada este martes.
Un audio publicado por EL ESPAÑOL ha permitido escuchar la realidad de lo ocurrido por boca del propio Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
"Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo", reconoció el dirigente en la junta de gobierno del organismo estatal del pasado 19 de diciembre.
La CHJ no avisó de la riada: "En ese tiempo no se envió información de la rambla del Poyo"
El contexto es importante para comprender la gravedad del reconocimiento. Por la rambla del Poyo llegó a pasar un caudal equivalente a siete veces el Ebro.
El agua inundó en minutos decenas de municipios, y ese desbordamiento fue el responsable del grueso de la tragedia de la provincia de Valencia.
Escuchar la frase en boca de Polo resulta impactante, pero no revelador. Porque la propia CHJ ya lo reconoció pocos días después del desastre, el 4 de noviembre.
Lo hizo de forma involuntaria, al airear todos los mails que envió aquella tarde a Emergencias de la Generalitat Valenciana.
El apagón
Era una larga lista de correos, pero en la misma se apreciaba con claridad la ausencia de comunicación sobre el barranco del Poyo desde las 15.50 horas, cuando la CHJ indicó que el caudal había bajado a 28,7 metros cúbicos por segundo.
Solo retomó la comunicación por esta vía a las 18.43 horas, cuando ya era de 1.686 metros cúbicos por segundo. Llegado ese último aviso, la fuerza del agua ya era tal que, solo doce minutos después, destruyó los sistemas de medición.
Se estaba produciendo una tragedia colosal. Las terribles lluvias que habían tenido lugar aguas arriba seguían su curso natural con violencia hacia poblaciones compactas y desprotegidas, atravesadas por estrechos barrancos incapaces de canalizar tanta agua.
Y en ese tremendo escenario, durante las horas en las que el austero medidor de la CHJ detectó la crecida, ni Miguel Polo ni nadie de su organización creyó conveniente avisar directamente a la Generalitat Valenciana como exige su protocolo.
Miguel Polo. Efe / Biel Aliño
La defensa eximida la noche de este martes por la CHJ tampoco la deja en buen lugar. Todo su argumento se basa en que los datos, pese a que no fueron enviados a la Generalitat, sí se estaban colgando de forma automática en la plataforma online a la que tiene acceso la Generalitat y cualquier ciudadano.
"La frase atribuida a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, está sacada de contexto", argumentó la CHJ, y aportó una grabación más extensa en la que el dirigente expone que los datos estaban en abierto.
Es decir: el organismo encargado de vigilar y avisar del estado de las cuencas, cuando se encuentra ante la inundación más feroz que jamás ha vivido, lejos de propagar la alerta por tierra mar y aire, deja de enviar los mensajes obligatorios y limita sus comunicaciones a la tabla automática que se cuelga en su web.
Botón nuclear
Con el mail habrían cumplido sus obligaciones, pero incluso hacer solo eso habría resultado ridículo. Debió descolgar el teléfono rojo, apretar el botón nuclear, llamar a todo miembro del Gobierno valenciano que tuviera Polo en su agenda.
El error fue de bulto. Y lo motivó que la CHJ creyó que existía una preocupación mayor: la posible ruptura de la presa de Forata, que resistió finalmente.
El desvío del foco de atención tuvo consecuencias letales, porque arrastró a la Generalitat a ese mismo equívoco y, como consecuencia, nadie alertó a la población de l'Horta Sud de Valencia de la inmensa riada. El mensaje masivo ES-Alert a los móviles fue por la presa, y llegó cuando ya había muertos en el Poyo.
Tal circunstancia no exime a la Generalitat Valenciana de sus propios errores, que son muchos. El Gobierno autonómico tuvo una reacción tardía ante las fuertes lluvias. No convocó hasta la tarde el operativo de Emergencias pese a la alerta roja que Aemet lanzó de buena mañana. Y tampoco reaccionó con las fuentes de información alternativas de las que sí disponía.
Pero las acreditadas carencias de la CHJ sí responsabilizan de forma directa al Estado, del que pende la confederación, por mucho que el Gobierno de España se empeñe en trasladar que todos los males de aquel fenómeno se circunscriben a la duración de la comida en El Ventorro entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana.
El relato del Gobierno de España y del conjunto del PSOE es verdaderamente fascinante. Lo hicieron todo bien, y la Generalitat lo hizo todo mal. No hay admisión de culpa alguna.
Pedro Sánchez y Carlos Mazón. EP / Jorge Gil
Tampoco por no haber encauzado el barranco ni en 2011, el último año de José Luis Rodríguez Zapatero, ni a partir de 2018 cuando llega Pedro Sánchez, a pesar de que el proyecto estaba realizado y solo faltaba que el Gobierno presupuestara la actuación.
Ahora han anunciado que lo reactivan, sin reconocer que orillarlo fue un error.
También insignificante les resulta que la Generalitat de Ximo Puig aprobara una Ley de la Huerta que impidió el encauzamiento del Poyo cuando, por fin, el Ejecutivo se dispuso a hacerlo en 2021.
Curioso, porque ahora van a poder impulsar estas mismas obras, como ya ha prometido la CHJ, gracias a los cambios introducidos por Mazón en esta ley de Puig.
"No somos responsables"
"Nosotros tenemos claro que no somos responsables. Creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo", manifestó hace justo una semana Miguel Polo.
Aquel día, en el que se cumplían tres meses desde la dana, rompía 90 días de silencio impuestos por Moncloa, que le impidió acudir presencialmente a la comisión sobre la tragedia que tiene lugar en el Ayuntamiento de Valencia.
Solo por esa afirmación no debería seguir un solo día más en el cargo. La Generalitat Valenciana cesó a la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y a su secretario autonómico, Emilio Argüeso, y la oposición pide que la depuración se extienda hasta la dimisión del propio Mazón.
La desproporción en la exigencia de responsabilidades es mayúscula mientras no se produzca, al menos, el cese de Polo, un dirigente estatal incapaz de reconocer que su organización no estuvo a la altura.