La falta de vivienda se ha convertido en el principal problema en la ciudad de València. En los últimos nueve años (desde 2015) el precio de la vivienda ha aumentado 7,5 euros por metro cuadrado en nuestra ciudad, de los cuales 4 euros corresponden al aumento entre los años 2022 y 2024. Es decir, que el precio de la vivienda se ha desbocado fundamentalmente en los últimos dos años.

A pesar de ello, el mercado inmobiliario hace tiempo que da muestras de avanzar por una senda insostenible. Cuando Compromís llegó a la alcaldía, en 2015, recibió como herencia de la señora Barberá el parque de vivienda público más escuálido de todas las grandes ciudades de España. En 8 años de gobierno, los esfuerzos de Compromís y las casi 900 viviendas públicas puestas en marcha no han sido suficientes para hacer frente al gran petardazo de la vivienda producido en 2022.

Tras las elecciones municipales del año pasado, la última medida de Joan Ribó al frente del consistorio, fue acogerse a la recién promulgada ley de vivienda y pedir a la Generalitat la declaración de la ciudad como zona tensionada para poder así topar los precios del alquiler.

Con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento y la entrada de PP y VOX, nada se ha hecho. Catalá renunció a seguir adelante con la petición del exalcalde valencianista. También se opuso a nuestra propuesta de establecer una moratoria a los apartamentos turísticos y a nuestras propuestas por la limitación de los mismos y establecimiento de impuestos a los propietarios y controles.

La receta de Catalá y el gobierno de la derecha es justo la contraria. Fomentar el modelo de negocio de los alquileres vacacionales, anunciar más facilidades a la llegada de turistas, hacer gala de no querer establecer gravamen alguno, ser los abanderados del no control, del laissez-faire.

Parecida a Barcelona

El problema ha tomado ya una magnitud parecida a la de Barcelona. La saturación turística está cambiando la fisonomía de nuestra ciudad: alquileres al precio de París, comercios locales de toda la vida que cierran para abrir apartamentos turísticos (no solo en el centro, por toda la ciudad), substitución de la población local por extranjeros, los llamados nómadas digitales, que hacen subir los precios, que despersonalizan nuestros barrios, que expulsan a vecinos y comerciantes.

València está sumida en el descontrol. Lo preocupante es que el gobierno local, en lugar de aportar soluciones, se erige como abanderado de dicho descontrol. Lo defiende. Lo promueve. Y yo me pregunto, más allá de la ideología de cada cual, ¿no votamos a los políticos para que pongan solución a nuestros problemas?

¿Es que el hecho de que los alquileres en València estén ya por encima del salario de muchos valencianos y valencianas no es de por sí un problema de tal envergadura que la actuación de los gobiernos se vuelve ineludible?

Mientras se expulsa a la gente de sus casas, de sus barrios, de València; mientras el tejido comercial de siempre desaparece a manos de apartamentos, tiendas de alquiler de bicis y cafeterías con el café a 5 euros, la respuesta de Catalá y de Mazón es que hay que ampliar el aeropuerto para que vengan más turistas.

El PP, como ya pasó en los 2000 con la construcción, está hinchando una burbuja económica que nos reventará en la cara a todos y todas en poco tiempo. La derecha baila el vals al son del turismo sobre una bomba de relojería.

Esto ya lo vivimos y lo pagamos muy caro. Hace 20 años lo pagamos las familias, las empresas, el sistema financiero valenciano (que desde entonces no existe). ¿Cuál será esta vez la magnitud del desastre si no se toman cartas en el asunto? ¿Hasta cuándo va a tener Catalá a València fuera de control?

Papi Robles es la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia