En estos días, ha salido a la luz el resultado de la encuesta del CIS sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Y - ¡oh, sorpresa! - la justicia es el servicio peor valorado por la población española, y el descontento con ella alcanza la sonrojante cifra del 76%.

Algo muy desazonador para quienes cada día nos dejamos muchas horas y mucho esfuerzo en tratar de llevar adelante a ese dinosaurio que es la Administración de Justicia.

Ante tal estadística, lo primero que me pregunto es qué es lo qué habrán preguntado y a quiénes para llegar a tan descorazonadora conclusión. Y estoy segura de que la respuesta no es fácil porque, con todo el respeto pata los profesionales de la sociología, a mí esto de las preguntas y las respuestas me resulta a veces tan misterioso como los Manuscritos del Mar Muerto.

Y no solo eso, sino que no sé directamente de nadie a quien hayan encuestado, aunque siempre acabe apareciendo alguien que conoce a otro alguien a quien una vez le preguntaron, Vamos, casi como lo de la niña, el perro y la mermelada de Ricky Martin, que mucha gente de cierta edad seguro que recuerda.

La cuestión es que dudo bastante que las personas que dieron su opinión para elaborar esta estadística sepan de verdad qué es la justicia o, mejor dicho, la administración de justicia, que es de lo que se trata. Y lo afirmo sin miedo a pillarme los dedos porque yo sí sé de lo que hablo y también sé lo que cada día se lee en medios de comunicación y redes sociales.

Sin ir más lejos, mucha gente sigue incluyendo en ese paraguas llamado "justicia" una institución como el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva cinco años caducado sin que se nos haya caído todavía la cara de vergüenza.

Pues bien, dicho órgano constitucional no es administración de justicia, ni imparte jurisdicción, ni pone sentencias, y lo que hacemos en cada uno de los partidos judiciales de España no puede mejorar su deteriorada imagen, aunque, por el contrario, ellos sí deterioren la nuestra.

Una injusticia. Porque el fracaso de la renovación del Consejo es un estrepitoso fracaso político y no judicial ni de la justicia. Que quede claro. Como debe quedar claro que el Tribunal Constitucional, con ese retraso tan bochornoso de más de diez años en algunos temas, tampoco es poder judicial ni pertenece a la Administración de Justicia.

Por más que se llame magistrados -y magistradas, pero pocas- a sus miembros.

Pero tampoco voy a ponerme la venda en los ojos. Sé que una de las cosas de la justicia que más preocupan a la gente es su lentitud, su perenne lentitud. Que un juicio por despido, o por un incumplimiento de contrato, o por cualquier otra cosa más allá de las causas con preso, se señale a más de dos años vista, es una vergüenza.

Que eso ocurra incluso con algunos de los llamados "juicios rápidos" -salvo que haya conformidad en el juzgado de guardia, en cuyo caso son inmediato- es intolerable. E incomprensible.

Si un Estado tiene la maquinaria para reclamar a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones de un modo instantáneo, como hace Hacienda, no es admisible que no la tenga cuando es la ciudadanía quien reclama sus derechos, que es lo que hace la administración de justicia. Porque tan importante es lo uno como lo otro.

La Justicia viene siendo la hermanita pobre de las Administraciones públicas desde la noche de los tiempos. No es nueva la afirmación de que es una justicia que solo funciona con robagallinas, pero tampoco es extraño que así sea cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal -la que rige los juicios penales- data del siglo XIX. Y nadie se atreve a poner ese cascabel al gato, por más que digan lo contrario.

Porque las cosas no se empiezan con leyes ambiciosas, sino con medios efectivos. Y eso es lo que nos falta. Medios personales y materiales a cascoporro.

Juro que no exagero. Ni pretendo ser corporativa ni poner excusas. Solo expongo la realidad. Una realidad donde pretenden vendernos la revolución de los juicios telemáticos cuando para una sencilla videoconferencia cuesta más de media hora conectarse, y eso en el caso de que haya suerte.

Así que no dudo que el resultado de esta encuesta sea una llamada de atención. Pero no a quienes trabajamos en esta administración de justicia tan denostada, sino a quienes no ponen de su parte para que funcione. Porque por más que se pretenda conducir un tren de alta velocidad, si se hace por la vía estrecha de un tren de cercanías, descarrila. Seguro.