El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) falló este viernes contra la ordenanza de movilidad de Valencia aprobada por el anterior equipo de Gobierno municipal, encabezado por Joan Ribó. 

La justicia ha tumbado la obligación de reservar con una hora de antelación los vehículos VTC y la prohibición de aparcar a una distancia inferior de 300 metros de los lugares de concentración de clientes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso presentado por una empresa en contra de la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Valencia en diciembre de 2021.

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El tribunal considera contrarios a derecho varios puntos del articulado. En concreto, anula el que establece que los servicios que se presten con origen y destino en Valencia deberán contratarse con, al menos, una antelación de una hora, exceptuando los servicios urgentes.

También el párrafo referente a la prohibición de aparcar a menos de 300 metros de puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio, equipamientos deportivos, centros sanitarios, hoteles y paradas de taxis.

El fallo además impone el pago de las costas procesales (de 2.500 euros) al Consistorio. Contra la sentencia se puede presentar recurso.

"Una chapuza"

El portavoz del equipo de gobierno actual, Juan Carlos Caballero, afirmó que los tribunales "siguen fallando" en contra de la regulación de los VTC que hizo el gobierno de Joan Ribó.

"La regulación del gobierno anterior fue una chapuza y ahora estamos estudiando buscar una salida", aseguró. 

El concejal del PP insistió en que habrá que estudiar con los servicios jurídicos las consecuencias de la inadmisión del recurso, "otra herencia recibida del gobierno de Ribó y PSOE y en la que además se ha impuesto el pago de las costas al consistorio".

Oposición

Desde el grupo socialista, la concejala María Pérez preguntó a la alcaldesa, María José Catalá, si "va a dar barra libre" a las licencias de VTC para competir con el sector del taxi y convertir la ciudad en lo que denominó "una franquicia del caos en la que el PP ha transformado Madrid".

Por su parte, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, que fue concejal de Movilidad en la anterior legislatura, pidió que se defienda en los tribunales la ordenanza que se aprobó y que "garantiza que el taxi pueda seguir proveyendo el servicio público y de calidad, sin intrusismo ni competencia desleal".