Con el horizonte electoral cada vez más cerca, el Gobierno valenciano ha decidido pisar el acelerador de las mejoras laborales. La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para los funcionarios, la subida salarial al profesorado, el aumento de las plantillas de bomberos forestales...
Una serie de decisiones que desde hace apenas unos meses son motivo de acuerdos del Consell y que dibujan una estrategia clara: la prioridad en la recta final de la legislatura de dar respuesta a las reivindicaciones de los empleados públicos valencianos. Exigencias vinculadas, principalmente, a nóminas y horarios.
Algunas de ellas llevan años sobre la mesa, pues quedaron guardadas en un cajón en mandatos anteriores por la dificultad -financiera- de llevarlas a cabo. Otras son fruto de pactos más recientes como resultado de negociaciones sindicales durante periodos de huelga.
Pero todas ellas dibujan el escenario con el que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pretende llegar a 2027: con una batería de compromisos cumplidos que distintos colectivos llevan tiempo reclamando con el fin de proyectar una imagen de gestión y de cercanía con los servicios públicos. Algo que, además, pueda dejar huella en uno de los principales caladeros de voto.
El primero en llegar fue el acuerdo para la mejora retributiva de los docentes. Apenas dos semanas después de que el profesorado iniciara una huelga educativa indefinida, CSIF y ANPE, dos de los sindicatos que respaldaban el paro, firmaron la propuesta de la Generalitat.
Esta contemplaba un aumento de 200 euros brutos mensuales hasta 2028. Es decir, que su aplicación sería progresiva: 75 euros desde el pasado mes de septiembre, otros 75 euros en enero de 2027 y los 50 restantes en enero de 2028.
El resto de organizaciones sindicales, UGT, CCOO y STEPV, renegaron de la oferta. Esto hizo que su entrada en vigor quedara en el aire, pues el Ejecutivo autonómico no estaba dispuesto a abonar esta mejora salarial si los sindicatos no garantizaban como contraprestación que la huelga no fuera a retomase al inicio de curso.
Si bien la vuelta a las aulas vino acompañada de amagos de reactivar de nuevo el escenario previo a verano, lo cierto es que la movilización del profesorado se ha rebajado de forma sustancial. Las protestas convocadas hasta el momento han sido puntuales, lejos de las mareas verdes que en mayo tiñeron el centro de Valencia.
Ante esto, el Consell comenzó a abonar en septiembre el incremento retributivo y en enero de 2027, antes de las elecciones autonómicas, aplicará el segundo tramo. Lo que significa que los docentes habrán visto incrementadas su nómina en 150 euros.
La medida, tal y como publicó este diario, tendrá un impacto de alrededor de 224 millones de euros al año en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana.
Justicia y bomberos forestales
El segundo colectivo que vio mejoradas sus condiciones laborales fueron los funcionarios de Justicia. Tras semanas de negociaciones, en julio la Generalitat llegó a un acuerdo con los sindicatos para mejorar el sueldo de 5.800 empleados públicos al revisar al alza el complemento específico que estos percibían, una reivindicación histórica del colectivo.
Aproximadamente, la mejora permitirá que las nóminas se incrementen en 180 euros mensuales. El primer pago llegará en el mes de octubre, pero con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2026.
El impacto para las arcas autonómicas es de 10 millones de euros se unen al incremento de 5 millones que ya realizó el Ejecutivo Valenciano en 2025. Por lo que en dos años han sumado 15 millones de euros más para este concepto.
Estas mejoras se aplican en los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, y auxilio judicial.
Después de un verano especialmente virulento en cuanto a incendios como el de Vall d'Uixó o El Saler, también la Generalitat decidió mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos forestales.
En concreto, la Administración autonómica se comprometió a destinar 15,4 millones de euros para mejorar los salarios y reforzar la plantilla de trabajadores de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE).
De estos, más de 8,7 millones de euros se dedicarán a mejorar las condiciones retributivas de los bomberos adscritos a los operativos de extinción de incendios, con incrementos que, según la categoría, alcanzan hasta los 458 euros mensuales.
Además, hay que sumar 4 millones de euros para reforzar la plantilla con 64 nuevos puestos, en concreto, 42 bomberos forestales helitransportados y 22 puestos de estructura operativa.
El acuerdo también conlleva la adecuación de la relación de puestos de trabajo de la SGISE y la posibilidad de creación de nuevas plazas. Igualmente, se refleja un incremento retributivo de 300 euros mensuales para el personal administrativo.
35 horas de los funcionarios
Junto a la mejora de los bomberos forestales, la Generalitat dio un paso adelante para poder hacer efectiva la reducción de la jornada laboral de los funcionarios valencianos a 35 horas semanales.
La Dirección General de Función Pública y las organizaciones sindicales sellaron un acuerdo que, en la práctica, eliminaba las trabas presupuestarias con las que podía toparse esta medida en el futuro para poder ser efectiva.
En concreto, se trata de la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En ella, se permitía a cada Administración Pública "establecer sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general".
Sin embargo, introducía una salvedad: "Siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto".
Además, exigía que ello no afectase "al cumplimiento del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos".
Este matiz ya fue eliminado de los Presupuestos a través del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI suscrito entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO.
Sin embargo, el Gobierno valenciano decidió eliminar también las referencias que había en la normativa autonómica hace apenas dos semanas. En concreto, del actual Decreto 42/2019 de las condiciones de trabajo de los funcionarios valencianos, donde aún estaba condicionada la medida a la estabilidad presupuestaria.
Días después, la medida fue aprobada por el Pleno del Consell. La estimación es que tendrá un coste aproximado para las arcas públicas de 3 millones de euros al año.
Una cuantía que se destinará a contratar personal para compensar las horas de trabajo que dejen de hacer sus empleados públicos al reducir en 2,5 horas su jornada laboral cada semana.
Aunque no se encuentre en vigor como tal, lo cierto es que ya se han dado todos los pasos para que pueda implantarse en las consellerias, salvo en Sanidad. En Educación, cabe recordar, este verano se aprobó el decreto de horario del personal docente en la mesa sectorial.
Una norma que sustituirá la actual Orden del 29 de junio de 1992 y que regulará las nuevas condiciones de trabajo del profesorado.
Entre las principales novedades, figuraba ya negro sobre blanco la reducción de la jornada laboral semanal de 37,5 a 35 horas, así como la disminución del tiempo de permanencia obligatoria en los centros educativos, que pasará de 30 a 28 horas semanales, por lo que en la práctica se producirá una reducción del trabajo presencial.