La Diputación de Valencia ha decidido paralizar la publicación de notas del examen de oposición a mecánico-conductor ante la sospecha de una posible filtración de las preguntas entre algunos aspirantes.
Una prueba a la que se presentaron un total de 139 personas y sobre la que el PSPV en la corporación había puesto la lupa. De hecho, los socialistas pidieron el pasado 14 de septiembre el expediente completo para saber si se había podido producir alguna irregularidad durante el proceso.
En un escrito reclamaban, entre otra documentación, copia del cuestionario del examen, los criterios de corrección que fijó el tribunal, la plantilla con las respuestas correctas del ejercicio en cuestión y el listado de las personas que se presentaron al proceso.
Pero también el informe sobre el lugar, día y hora en que se realizaron las fotocopias del examen, así como la forma en la que se llevó a cabo el traslado de los mismos hasta el centro donde se realizó la prueba, la cadena de custodia que siguió y si participaron en ello personas ajenas al tribunal. La petición no era baladí, pues puso de manifiesto cuáles eran las sospechas que sobrevolaban la corporación.
El primer ejercicio de esta oposición se celebró el 1 de septiembre, pero casi 20 días después el listado de personas aprobadas seguía sin publicarse. Tampoco la resolución del órgano técnico de selección (tribunal) con la puntuación mínima necesaria para superar el examen.
Algo que hizo que saltaran todas las alarmas para la oposición. No en vano, el promedio de tiempo que suele tardar en corregirse una prueba de estas características apenas llega a una semana. Según el PSPV, "se suele realizar mediante procedimientos automatizados", por lo que era el primer indicio de que algo no había ido bien con esta convocatoria.
A modo de ejemplo, la última oposición de técnico de administración general de la Diputación de Valencia se realizó un domingo y el viernes siguiente ya se conocían tanto la plantilla de resultados como las notas de los examinados.
Según las fuentes consultadas por este diario, tres de los aspirantes sacaron la calificación máxima, un 10, lo que habría generado dudas en el seno del tribunal y habría motivado la paralización de la publicación de los resultados. Al parecer, estas tres personas no fallaron ninguna respuesta, algo que suele ser poco habitual.
Más aún en el apartado de legislación, dado que los examinados tienden a acertar las preguntas de la parte específica (las que tenían que ver con circulación y mecánica en este caso), pero fallan alguna de la parte general, donde se preguntaba por la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía.
Con estos mimbres, siempre según las mismas fuentes conocedoras del proceso, el secretario del tribunal habría planteado la necesidad de revisar la situación antes de hacer públicas las notas.
El caso cobraba aún mayor trascendencia al cotejar los nombres de las personas que habrían obtenido un 10: J.L. M. y A. M., los dos hijos del conductor de la vicepresidenta y actual responsable del área de Carreteras, Reme Mazzolari. Ninguno habría tenido un error en la prueba.
Sin embargo, esta versión difiere de la que ofrece la propia institución. Niegan que nadie lograra un 10 en el examen, pero aseguran que en el listado de admitidos habrían siete personas que lograron una puntuación muy elevada. A partir del octavo, las notas caen en picado. La diferencia era muy clamorosa.
Tras la llamada de este periódico para contrastar los hechos, la Diputación envió un comunicado en el que advertían que habían decidido no publicar, por el momento, las calificaciones obtenidas por los aspirantes.
Por lo pronto, ya ha trasladado una serie de requerimientos al Tribunal Calificador para que informe y aclare las circunstancias que rodearon el proceso selectivo. Desde la corporación que preside Vicente Mompó consideran "necesario actuar con prudencia y rigor para proteger los derechos de todas las personas que participaron" en esta prueba selectiva.
"Por ello, no se prejuzga ninguna responsabilidad ni se atribuye conducta alguna a ninguna persona mientras los hechos no hayan sido debidamente esclarecidos", agrega el comunicado.
"La publicación de las calificaciones permanecerá suspendida hasta que el Tribunal aporte las explicaciones, la documentación necesaria y puedan valorarse las circunstancias con todas las garantías", concluye el escrito.
17 aprobados de 139
El examen, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, constaba de 85 preguntas tipo test y combinaba contenidos específicos de mecánica y conducción con un amplio bloque de legislación.
Las primeras preguntas versaban sobre artículos concretos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Función Pública Valenciana, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.
El cuestionario incluía preguntas que exigían identificar el contenido exacto de determinados artículos legales. Por ejemplo, se preguntó por las previsiones del artículo 69 de la Constitución sobre la elección del Senado o por el artículo 141 referido a las provincias y diputaciones.
El examen continuaba con cuestiones sobre procedimiento administrativo, protección de datos, igualdad y legislación sobre derechos de las personas LGTBI antes de entrar en la parte específica de mecánica, vehículos, seguridad vial y primeros auxilios.
Según fuentes conocedoras del proceso, de las personas que finalmente realizaron el examen tan solo 17 habrían superado el ejercicio. La cifra estaría relacionada con el particular sistema de cálculo de la nota de corte utilizado por la Diputación en estos procesos selectivos.
La puntuación mínima se determina tomando como referencia la mejor calificación obtenida. De este modo, si la máxima nota es un 10, el corte se sitúa en un 5. La existencia de varios posibles dieces, que la propia Diputación niega, habría elevado de facto el nivel necesario para superar la prueba respecto a una situación en la que la mejor calificación hubiera sido inferior.
Elaboración y custodia del examen
La solicitud de información registrada a principios de semana por el PSPV de Carlos Fernández Bielsa ponía el foco especialmente en la trazabilidad del cuestionario.
El portavoz reclamaba una copia de las preguntas aportadas por cada uno de los miembros del órgano técnico de selección para elaborar el examen, así como el acta del sorteo mediante el que se seleccionaron las preguntas definitivas.
También solicitaba un informe sobre cuándo, dónde y cómo se realizaron las copias, quién participó en ese proceso, cómo fueron trasladados hasta ADEIT el día del examen y cuál fue la cadena de custodia seguida.
El escrito reclamaba asimismo todas las actas de las reuniones del tribunal, con indicación de las personas participantes, fechas, horarios y asuntos tratados, además de cualquier informe, comunicación o nota interna de sus miembros relacionada directa o indirectamente con la convocatoria.
Ahora, el expediente o bien la investigación abierta por parte de la propia institución deberá permitir determinar si hubo o no hubo una filtración de la prueba entre ciertos aspirantes.