La Conselleria de Hacienda ha aprobado, con varios meses de retraso, el informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la actividad económico-financiera del sector público referente a 2024. Se trata del primer ejercicio completo del PP al frente del Ejecutivo autonómico, dado que en 2023 hubo cambio de Gobierno en julio.
El análisis reseña diversas irregularidades, que vienen siendo habituales en todas las auditorías año tras año: inexistencia de convenios colectivos, de relaciones de puestos de trabajo o de masa salarial autorizada; contrataciones sin el oportuno expediente de contratación; y uso incorrecto de la contratación menor, entre otras.
El informe tiene relevancia porque fue en enero de 2024 cuando Carlos Mazón realizaba uno de sus grandes anuncios de legislatura: una auditoría forense de todo el sector público valenciano. El objetivo era, afirmó, poner fin al "malgasto y descontrol" que había caracterizado la época del anterior Gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem. Así, planteó incluso acudir a la vía judicial para denunciar estas prácticas.
Como publicó este periódico, por el momento sólo se conoce una auditoría forense, que detectó un uso indebido de fondos estructurales o gastos no justificados en la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia con un impacto económico que asciende a 208.022,66 euros.
Del resto de análisis de este tipo no se sabe nada pese a que el expresidente de la Generalitat justificó en su momento la medida en que la Intervención hacía hincapié en la falta de control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto o retribuciones a directivos y trabajadores "colocados a dedo al margen de la ley y pagos a terceras personas sin control ni autorización".
En el informe de 2024 la mayoría de estas irregularidades siguen apareciendo. El análisis engloba a todas las entidades que componen el sector público y las universidades dependientes de la Generalitat. El número de trabajadores medios de las entidades incluidas en el Plan de Auditorías 2025 es de 14.659,70, siendo el importe de los gastos de personal de 776.718.117,90 euros.
Personal
En materia de personal, la Intervención indica que no se han podido aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificadas para el control de la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas. El motivo es que en gran parte de las entidades no existe convenio colectivo de aplicación o convenios colectivos aplicados no informados por las consellerias competentes. Tampoco relaciones de puestos de trabajo informadas favorablemente o masas salariales autorizadas por la Dirección General de Presupuestos.
De esta manera, de 46 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial únicamente 5 de ellas disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos, remarca el informe.
Del mismo modo, la Intervención apunta que un total de 7 entidades presentan problemática con el convenio colectivo de aplicación, bien por no tenerlo aprobado, por no contar con el informe favorable de la Conselleria competente, por coexistencia de varios convenios colectivos aplicables o por no estar adherida a ningún convenio colectivo ni contar con convenio colectivo propio.
Pagos sin expediente de contratación
En cuanto a contratación, la auditoría apunta a que, de las 58 entidades analizadas, 12 han recibido una valoración desfavorable y 27 una valoración favorable con salvedades. En 7 entidades se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación, incumpliendo los principios generales de la contratación pública establecidos en la ley.
La Intervención hace una mención especial al Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y a Feria Valencia. En total son 150 millones de euros y 60.328 pagos sin expediente de contratación (un 16,37%).
El informe hace hincapié, del mismo modo, en que en 14 entidades se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año, o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que dispone la ley.
En total, ha habido 11.138 contratos menores por un importe de 34.286.221,91 euros (el 3,56%).
Encargos a medios propios
Respecto a los encargos a medios propios, la Intervención remarca especialmente la situación de la empresa pública Vaersa. "No se acredita suficientemente el cumplimiento efectivo de la exigencia de que el medio propio disponga de recursos humanos, materiales y técnicos adecuados y suficientes para llevar a cabo las prestaciones encargadas", incide.
Asimismo, afirma que una parte significativa del personal vinculado a su ejecución ha sido contratado mediante relaciones laborales de carácter temporal, alcanzando en uno de los casos un 60 % del total. Asimismo, no consta que la entidad haya solicitado la preceptiva autorización previa del órgano competente de la Conselleria con competencias en materia de Hacienda para la contratación de personal laboral temporal.
La Intervención recuerda que el recurso al encargo solo puede justificarse cuando constituya una opción más eficiente, sostenible y eficaz que la contratación pública, conforme a criterios de rentabilidad económica; o que resulte necesario por razones de seguridad pública o por la urgencia en la disponibilidad de los bienes o servicios objeto del encargo.
"En ninguno de los expedientes examinados se acredita la concurrencia de estas circunstancias ni se aporta un análisis comparativo que justifique la mayor eficiencia de esta forma de gestión frente a la contratación pública ordinaria, lo que supone una deficiencia relevante en la motivación y documentación exigida para garantizar la adecuada aplicación de esta figura excepcional", concluye.