La Generalitat Valenciana subió su apuesta la madrugada de este martes para tratar de frenar la huelga indefinida de profesores. Tras más de diez horas de negociación, planteó a los sindicatos una subida salarial progresiva de hasta 200 euros al mes hasta 2028. Se trata de su planteamiento definitivo, "tope", según dijo.
Educación hizo esta oferta en la Mesa sectorial a STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE. La misma incluye una subida de 75 euros mensuales en septiembre de 2026, 75 euros más en enero de 2027 y 50 euros extra en enero de 2028, lo que supondría un total de 200 euros al mes.
Con este planteamiento, por tanto, el incremento retributivo del que se beneficiarían los docentes sería de 150 euros antes de las próximas elecciones autonómicas, mientras que la cuantía restante hasta llegar a los 200 euros prometidos se empezaría a percibir una vez pasada la cita en las urnas.
La propuesta se puso sobre la mesa pasadas la 1:45 horas de la madrugada y tras varios recesos para plantear mejoras en el documento elaborado por el departamento liderado por Carmen Ortí. La cita había arrancado a las 16:15 horas.
Pasadas las 2:20 horas, las organizaciones sindicales STEPV, UGT y CCOO pidieron retomar las engociaciones al día siguiente, este martes. Mientras que otras como ANPE directamente ya avanzaron que someterían a consulta en sus órganos la nueva oferta económica de la Generalitat.
Conviene apuntar, que la reunión arrancó a primera hora de la tarde con una primera propuesta de la Conselleria en la que la subida salarial planteada era de 120 euros en el complemento específico autonómico para 2027. Este se abonaría de forma progresiva: 60 euros en enero y otros 60 en julio de ese mismo año.
El aumento supondría que los docentes pasaran a cobrar 1.680 euros brutos más al año. Y con ella, según el departamento que dirige Carmen Ortí, el 70% del profesorado valenciano se situaría como los cuartos mejor pagados de toda España.
"El sueldo de un maestro sin antigüedad sería de 36.436 euros. El de un profesor, sin complementos, sería de 40.630 euros", expusieron desde el Consell antes del último incremento.
"Comparando con el sueldo medio de los valencianos, que se sitúa en 25.632 euros brutos al año, según el INE, los maestros cobrarían un 42,2% más que el salario medio en la Comunitat Valenciana. En el caso de los profesores, cobrarían un 58,87% más que la retribución media", agregaron.
STEPV, UGT y CCOO la rechazaron de entrada y aseguraron que seguía estando "muy lejos" de lo que reivindicaban ante la administración: aproximadamente 500 euros mensuales -casi cinco veces más de lo que ofrecía el Gobierno valenciano- para recuperar el poder adquisitvo que habrían ido perdiendo a lo largo de los últimos años.
CSIF, por su parte, ya lo consideró un "avance positivo", pero recalcó en todo caso la propuesta seguía siendo "mejorable".
Con la propuesta de 200, sin embargo, el escenario da un vuelco a la negociación. La cifra puesta sobre la mesa por parte del Ejecutivo autonómico se acerca a lo que reclamaron desde el principio dos de los cinco sindicatos.
CSIF y ANPE plantearon inicialmente la necesidad de mejorar en 300 euros mensuales el salario de los docentes valencianos.
La propuesta, por tanto, podría provocar ahora una ruptura del bloque sindical. Esto es, generar división con UGT, CCOO y STEPV sobre la oportunidad de mantener o no el paro indefinido.
En la nueva propuesta, Educación también se compromete a la negociación para la implantación de días de libre disposición para los docentes, así como el reconocimiento del derecho a la desconexión digital del profesorado.
Educación y los sindicatos de docentes acercaron posturas en algunos puntos de la propuesta y la administración se comprometió a abordar la reducción de ratios en mesas de trabajo continuas, la revisión de la orden de plantillas y una mesa para conocer la situación de las infraestructuras de los centros, entre otras medidas.
Reducción de ratios
Con respecto a las ratios, la Conselleria fue un paso más allá respecto a la semana pasada, pues calendarizó en su propuesta la reducción del número de alumnos por aula.
Cabe señalar que el Gobierno central aprobó recientemente una norma que fijaba como fecha límite para reducir ratios el curso 2031-2032. Esta determinaba un máximo de 22 alumnos en las aulas de Primaria, y 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
Así, Educación propuso a los sindicatos que la ratio en Educación Infantil y en Primaria fuera de 22 alumnos ya para el curso 2027-2028. Es decir, aplicarlo cuatro años antes del plazo límite fijado por el Ministerio.
En el caso de Secundaria, el Ejecutivo autonómico tendría intención de bajar la ratio ya a partir del curso 2028-2029. Mientras que en Bachillerato, lo harían en el curso 2029-2030.
De esta manera, el Ejecutivo valenciano reveló cuándo tendría intención de hacer efectiva esta medida en las aulas valencianas.
También establecerían reducciones adicionales con atención especial a las zonas en riesgo de despoblación y 8 alumnos en las aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) a partir del curso 2027-2028.
Unas medidas que, según la administración, tendría un impacto de 780 millones de euros en cinco años, lo que supondría aproximadamente 156 millones de euros por ejercicio.
Plantillas, infraestructuras y valenciano
El Gobierno valenciano también se comprometió con los sindicatos a "revisar y actualizar la orden de plantillas en virtud de las decisiones de la comisión de seguimiento" y "agilizará el sistema de sustituciones".
Especialmente, en los casos de profesorado que atienda a alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) o que imparta clases en 2º de Bachillerato, cuyos alumnos se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a final de curso.
Por lo que respecta a las infraestructuras, el Ejecutivo valenciano propuso poner en marcha un Plan director de infraestructuras educativas que incluya un plan de confort térmico y un plan de accesibilidad a los centros.
Con respecto a la propuesta del otro día, Educación agregó este lunes una línea de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para mejorar los centros propiedad municipal. La intención sería que pudieran solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera.
Asimismo, se comprometieron a dar continuidad al Pla Edificant, que puso en marcha el gobierno de izquierdas integrado por PSPV y Compromís mientras Vicent Marzà se situaba al frente de la Conselleria de Educación.
Para su ejecución, se plantearon reuniones trimestrales de seguimiento con la intención de evaluar el estado en el que se encuentran las actuaciones.
De la misma manera, se activaría una mesa monográfica antes de que acabe el curso actual para conocer el estado de ejecución de las obras de Edificant, pero poniendo especial atención a la reconstrucción de los centros afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.
Ortí también puso sobre la mesa cuestiones que afectan a la promoción del valenciano, como por ejemplo desarrollar un plan de formación del profesorado, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano. También a desarrollar la Ley de Libertad Educativa.
También recuperar los certificados de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y el diploma de Maestro en Valenciano para valorarlos como méritos ante cualquier proceso. Agregaronn, además, la posibilidad de que entidades colaboradoras pudieran homologar la formación en valenciano.
Burocracia e inclusión
La Conselleria de Educación también propuso abrir "al menos 150 aulas UECO durante la legislatura". La semana pasada el ofrecimiento era llegar a 36 el curso que viene. En lo que va de mandato, conviene apuntar, se han abierto 82 aulas UECO, por lo que el objetivo es llegar a sumar 68 en un año, que es lo que resta hasta elecciones.
La Generalitat también se comprometería a crear 135 plazas adicionales de profesorado de audición y lenguaje respecto al curso actual; "impulsar unidades de detección precoz en salud mental"; "desplegar el Plan autonómico de convivencia (CONVIURE)"; y "desarrollar un plan de bienestar docente y de todos los profesionales que atienden el sistema educativo".
En cuanto a la carga burocrática de la que se quejan los docentes, el Gobierno valenciano planteó aprobar un nuevo decreto de simplificación administrativa que incluya, por ejemplo, la implantación del expediente digital del docente (EDEN).
También la derogación parcial de algunos aspectos de los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de Primaria y Secundaria. Y una cláusula de prohibición de aumento de carga burocrática en toda la normativa autonómica.
Asimismo, también instaurar un trámite único para los diferentes proyectos de innovación educativa, la expedición de documentos oficiales de evaluación a través de sello electrónico del órgano en cuestión y la evaluación diagnóstica virtualsin necesidad de corrección para los docentes.
El Ejecutivo autonómico también quiere traspasar la competencia en materia de personal no docente (PAS) de la Conselleria con competencias en Función Pública a la de Educación con la intención de agilizar la cobertura de este personal.
Por último, respecto a la Formación Profesional, se comprometerían a mantener con fondos propios los ciclos implantados con fondos europeos, mantener la oferta actual siguiendo criterios objetivos (empleabilidad, mejora de itinerarios formativos, o desarrollo social y ruralidad).