El Partido Popular registró este viernes en Les Corts Valencianes sus enmiendas al proyecto de ley de medidas frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de unidad de mercado. Más comúnmente conocida como simplificación administrativa.
Un trámite en el que los populares han aprovechado para modificar la Ley de Servicios Sociales Inclusivos para permitir que las entidades privadas puedan construir y gestionar centros sociales sin necesidad de depender exclusivamente de la administración autonómica.
La enmienda en cuestión, que ahora deberá apoyar Vox para que salga adelante, modifica el artículo 28 de la norma, que establecía que era a la Generalitat Valenciana a quien le corresponderían "los servicios de atención diurna y nocturna, de atención ambulatoria de alojamiento alternativo y de violencia de género y machista de la atención primaria".
La ley ya contemplaba que estas competencias pudieran delegarse en las entidades locales, los ayuntamientos. Pero ahora, la modificación planteada por el PP agrega, además, que el servicio pueda prestarse por empresas privadas.
Una salvedad que hacen extensiva no solo a los servicios sociales de atención primaria de carácter específico, con intervenciones complementarias, por ejemplo, con menores en riesgo o desprotección. Sino que también lo amplían a la "provisión y gestión de los servicios sociales de atención secundaria".
Esto son prestaciones especializadas de mayor intensidad técnica que intervienen cuando la atención primaria no es suficiente. Abordan, así, situaciones complejas de riesgo o exclusión social.
El cambio introducido, según explican desde la Conselleria de Servicios Sociales, obedece a que los ayuntamientos tienen a menudo problemas para poder ceder suelo y generar recursos sociosanitarios. Con la posibilidad de construir y gestionar centros, "podrán ser más competentes" para desarrollar estos recursos.
En el mismo texto, además, el grupo Popular suprime la disposición transitoria primera de la ley valenciana, que contemplaba una transferencia progresiva de los centros sociales de atención primaria y secundaria de los ayuntamientos a la Generalitat Valenciana.
En definitiva, regulaba el traspaso de la titularidad: de municipios a la administración autonómica.
Este apartado, además, también incluía un traspaso de personal, si bien se especificaba que se coordinaría en las correspondientes mesas técnicas de cooperación social en cada una de las tres diputaciones: Valencia, Castellón y Alicante.
El proceso debería estar finalizado el 31 de diciembre de 2030. Ahora, sin embargo, este apartado desaparece. Por lo que no habrá obligación de hacerlo, ni tampoco plazo alguno.
Menos pasos para autorizaciones
Las modificaciones presentadas por el PP y que han sido coordinadas con la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Elena Albalat incluyen también la reducción de trámites para obtener la autorización de funcionamiento de centros de servicios sociales.
La modificación del decreto de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales introduce un cambio relevante en la tramitación administrativa de los expedientes cuando la documentación técnica presentada resulte deficiente o incorrecta.
Mientras que la redacción anterior establecía un procedimiento en dos fases -en el que la oficina técnica debía comunicar las deficiencias al órgano competente en materia de autorización para que este realizara el requerimiento de subsanación-, la nueva redacción simplifica el proceso y elimina ese paso intermedio.
A partir de ahora, la propia oficina técnica responsable de proyectos y obras asume directamente la función de requerir a la persona interesada la subsanación de las deficiencias detectadas en un plazo máximo de diez días.
Asimismo, la reforma concentra en la oficina técnica la advertencia sobre la posible caducidad del expedientesi las deficiencias no se corrigen en el plazo de tres meses previsto en la normativa procedimental.
Este cambio supone una simplificación y agilización del procedimiento administrativo, ya que reduce trámites internos y otorga mayor autonomía operativa al órgano técnico.
El Plan Simplifica II es una especie de decreto ómnibus con numerosas modificaciones legales a leyes dispares. Aunque ahora mismo se tramita en Les Corts Valencianes como proyecto de ley, en su momento fue registrado como decreto-ley del Consell de Juanfran Pérez Llorca.
Algo que, la Abogacía de la Generalitat cuestionó duramente. En su informe, advertían que debían evitar "recurrir periódica y, sobre todo, planificadamente, como segunda Ley de Acompañamiento anual" a este mecanismo "puesto que tal proceder resulta incompatible con las pautas fijadas por la doctrina, respecto a la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad".
Y es que aunque se encuentra contemplada en la Constitución, lo hace para aquellos casos de "extraordinaria y urgente necesidad", por lo que se considera provisional, ya que se ve como una excepción en la separación de poderes.
Su tramitación resulta mucho más rápida y sencilla, pero existen menos controles. Aunque siempre suelen contar con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, se evitan los informes de órganos como el Consell Jurídic Consultiu (CJC), encargado de velar por la legalidad y el ordenamiento jurídico en cada norma que sale de la administración pública.
Sin embargo, no es la primera vez que el Gobierno valenciano presenta una norma de estas características. Ya lo hizo por primera vez el ejecutivo de Carlos Mazón. Esta, ahora, es una segunda parte y, como ya ocurrió la primera vez, al llegar al parlamento se ha debido tramitar como proyecto de ley para que todos los grupos pudieran presentar enmiendas.