Un vecino de Paiporta barre las escaleras del portal de su edificio afectado por la dana.
El Gobierno valenciano prepara un plan de choque para los 500 ascensores de la zona dana que llevan 14 meses sin funcionar
Estudia ayudas para que las comunidades de vecinos puedan sufragar los costes de la reparación y cursos para ampliar la mano de obra.
Más información: El Plan de Recuperación tras la dana prevé 339 medidas: de ascensores que huyen del agua a planes de evacuación vertical
El Gobierno valenciano prepara un plan de choque para acelerar la reparación de ascensores de la zona dana que siguen sin funcionar 14 meses después.
Según los cálculos de la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana (Ascencoval), todavía hay unos 500 fuera de servicio.
De ellos, unos 100 están en edificios donde residen personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad, por lo que todavía hay muchas personas que llevan más de un año con serias dificultades para salir de casa.
El programa que está diseñando la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación para poner fin de una vez a una de las problemáticas de la dana que más se está alargando en el tiempo está todavía en fase de planificación.
El objetivo es poner en marcha un mecanismo para agilizar los trabajos, que contemple más medios para los propietarios y más formación para suplir la actual falta de personal.
Una de las posibilidades que baraja el departamento encabezado por Martínez Mus es que la Administración pueda adelantar el dinero a las comunidades de vecinos, ya que actualmente existen subvenciones, pero solo para edificios con personas con movilidad reducida o dependencia.
En este sentido, también están barajando fórmulas para continuar con la formación. De hecho, la Generalitat ya colaboró con la patronal para la elaboración de dos cursos de técnico de ascensores.
Reparaciones complejas
El presidente de Ascencoval, Emilio Carbonell, celebra el plan de choque de la Generalitat Valenciana porque "toda ayuda es bienvenida", aunque afirma a EL ESPAÑOL que "no hay una varita mágica".
La previsión que barajaban desde la patronal era poder finalizar los trabajos antes de 2026. Sin embargo, la complejidad de las intervenciones y la falta de profesionales cualificados ha dilatado los plazos al menos otros seis meses más.
"En un año normal se instalan unos 1.000 ascensores y, de repente, era necesario arreglar o cambiar 7.500", añade Carbonell. En este sentido, señala que se hacen bajo pedido, caso a caso, lo que retrasa considerablemente los trabajos.
Además, recuerda que al principio el ritmo de reparación era más rápido porque eran labores "más sencillas". Ahora, según apunta, quedan los arreglos más costosos, como los reemplazos completos de las cabinas, los cambios electrónicos o la solicitud de piezas a medida.
Imagen de archivo de un técnico reparando un ascensor tras la dana
Asimismo, los montajes de las instalaciones también son complicados, ya que implican la manipulación de piezas de gran tamaño y solo pueden intervenir como máximo 2 profesionales en cada hueco de ascensor.
El plazo medio de fábrica es de seis meses, a lo que hay que sumarle el proceso de decisión de la comunidad de vecinos que, en algunos casos, según comenta Carbonell, está aprovechando para adaptar sus ascensores a la nueva realidad y al riesgo de inundaciones.
El objetivo es mejorar estos sistemas mediante soluciones técnicas específicas que garanticen su funcionamiento en contextos de emergencia.
De esta manera, muchas comunidades de propietarios están reubicando el grupo tractor en la parte superior del hueco o se están planteando equipar los elevadores con baterías auxiliares que permitan su uso en caso de catástrofes.
Además, el Plan de Recuperación de la Generalitat Valenciana recomienda la instalación de un sistema automático de elevación de ascensores ante inundaciones. Esta herramienta permitiría que suban automáticamente a plantas superiores, evitando que se queden anegados en la planta baja o en el sótano.
Esta solución se basa en instalar sensores de detección de agua en los fosos, que además, podrían activar una alarma sonora para evitar su uso en condiciones de riesgo.
Falta mano de obra
Por otra parte, tal y como asegura Carbonell, la situación se ha visto agravada por la limitación de técnicos cualificados.
La dana multiplicó por siete el volumen de trabajo y, a pesar de que las empresas instaladoras y conservadoras de ascensores reforzaron sus recursos y realizaron un llamamiento a empresas de otras comunidades, sigue faltando personal.
"Entendemos que la gente está sufriendo y somos los primeros interesados en dar una solución", concluye Carbonell, que pone en valor el gran "esfuerzo" que ha realizado el sector.
Acensor averiado por la inundación en Paiporta.
La cuestión económica también ha sido un obstáculo a la hora de reparar los ascensores. Si bien es cierto que la mayoría de las comunidades de vecinos ya han cobrado del Consorcio de Compensación de Seguros, las indemnizaciones no han cubierto en algunos casos el coste total de los proyectos de reparación.
Según explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala Crespo, el consorcio ha valorado aparatos de hace 20 o 30 años, cuyo coste no tiene nada que ver con los ascensores nuevos.
Es por ello, que algunos vecinos se han visto obligados a aprobar derramas para hacer frente a este pago extraordinario que en los casos más graves puede ascender hasta los 60.000 euros.
"Los vecinos están hartos y saturados, ya ha pasado más de un año", añade Cucala.
Ayudas
Ante esta circunstancia, el Consell aprobó un decreto de ayudas directas para reparar o sustituir ascensores dañados por la dana para edificios donde residan personas con dependencia o movilidad reducida.
El importe total de esta nueva línea de subvenciones es de 10 millones de euros para dos anualidades (2025 y 2026). La cuantía por ayuda es de entre 1.000 y 50.000 euros.
Servirán para sufragar la fabricación, el suministro e instalación de piezas, así como el reemplazo de cabinas.
La Generalitat Valenciana, en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi), elaboró un listado de edificios con ascensores fuera de servicio donde residen personas vulnerables o con movilidad reducida. Se determinó que existían 327 inmuebles, que pasaron a considerarse prioritarios.
