Señalización de una ZBE.
Minuto y resultado de la ZBE en la Comunitat Valenciana: solo 5 de los 15 municipios obligados a implementarla lo han hecho
El Tribunal de Cuentas valenciano señala que, a 31 de marzo, una quincena de localidades de más de 50.000 habitantes no tenían una ordenanza.
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Tan solo 5 municipios de los 15 que estaban obligados a implementar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en 2025 en la Comunitat Valenciana lo han hecho. Una foto fija que muestra cuán controvertida es esta medida que los Estados de la Unión Europea deben aplicar para mejorar la calidad del aire en las ciudades.
La regulación en el caso de la Comunitat es dispar: desde unos que ni siquiera han redactado la ordenanza, hasta otros que la han aprobado pero no contemplan multas ni sanciones, por lo que a efectos prácticos es como si la norma no hubiera entrado en vigor en su respectiva localidad.
La lista de municipios que tenían pendiente aprobar la ZBE se ha reducido con el paso de los meses en el último ejercicio, pero apenas llega a un tercio de los que deberían ejecutarla. Los que sí la han impulsado, además, lo han hecho con particularidades que, en definitiva, suponen que esta política europea no vaya a ejecutarse de forma efectiva.
En el caso de Valencia, esta no ha logrado sacarla adelante. Inicialmente, estaba previsto que la ordenanza reguladora de estas limitaciones de tráfico se aprobara en el pleno que el consistorio celebró en octubre, con el respaldo de PP y Vox -los dos partidos que integran el gobierno local-, y que entrara en vigor el 1 de diciembre.
Sin embargo, en esa sesión se quedó en el aire porque Vox, atendiendo a una orden de su dirección nacional, se desmarcó del acuerdo y dejó solo al PP en la defensa de la ZBE por considerar que esta limita las "libertades" de los ciudadanos y respondía a "las directrices abusivas de Bruselas".
Compromís y PSPV-PSOE mantuvieron entonces su rechazo por estimar que la ZBE planteada por el equipo de gobierno municipal que lidera María José Catalá era "de mínimos" y buscaba únicamente cumplir un "trámite" necesario, no para combatir la contaminación acústica.
Tras la falta de consenso, los populares mantuvieron contactos con Compromís y PSPV-PSOE para cerrar una propuesta, pero no fue posible lograr el pacto que se buscaba para el pleno extraordinario y la ordenanza tampoco logró salir adelante. Ni con Vox, ni con los grupos de la oposición.
Todavía quedan días de dicembre para poder sacar adelante una ordenanza, por ello Compromís y PSPV anunciaron este viernes que presentarán una moción conjunta, por vía de urgencia, en el pleno ordinario que este consistorio celebrará el próximo lunes "para salvar la Zona de Bajas Emisiones" de la ciudad, que está pendiente de aprobación, y evitar "la pérdida de 150 millones" de euros si esta no se pone en marcha.
Ambos partidos políticos han señalado que esta es una "nueva propuesta" que surge de los dos grupos que están fuera del gobierno local que forman PP y Vox "para facilitar la aprobación de la ordenanza" que ha de regular la Zona de Bajas Emisiones y propiciar su puesta en marcha.
Más de 20.000 habitantes
Ahora bien, Valencia no es el único municipio de la provincia que todavía no tiene una normativa aprobada. En Paterna están en la misma situación, y en Torrent, aunque la tienen redactada desde 2022, todavía no han dado luz verde en el pleno.
En el caso de Gandia, el municipio empezó a desarrollar el proyecto en octubre, pero sigue en barbecho. Sagunto, sin embargo, es uno de los municipios 'cumplidores': han aprobado la ordenanza prácticamente 'in extremis', este mes de diciembre.
En la provincia de Alicante, la situación es bastante diferente.En localidades Alicante, Benidorm y Elda ya tienen en funcionamiento su ZBE.
Sin embargo, en Alcoy se han tomado algunas medidas relativas a su implantación, pero no se ha acordado una regulación clara; mientras en San Vicente del Raspeig se adjudicó el proyecto de vigilancia con cámaras en junio. Por su parte, Torrevieja tiene previsto ponerla en marcha en 2026.
El caso de Elche es más particular. Las cámaras están instaladas y la ZBE está en vigor, pero no tiene restricciones ni sanciones activas, y la aplicación de multas está aplazada hasta el año 2049. Una 'trampa' que la Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Cuentas valenciano) ya calificó en un informe como "un ejemplo de escasa voluntad de implementación efectiva".
En Orihuela se sienten las prisas, como en Sagunto. El Ayuntamiento que dirige José Vegara ha licitado la redacción de la ordenanza este mes de diciembre, si bien parece complicado que vaya a terminar el año con el documento en vigor por todos los trámites burocráticos que debería superar.
La provincia de Castellón cuenta con un ejemplo de cada caso. En la capital, Castellón de la Plana, las obras de la ZBE ya están ejecutadas. Pero en el caso de Vila-real, el Ayuntamiento no tiene todavía una ordenanza aprobada.
Tirón de orejas
La Zona de Bajas Emisiones, que nace a raíz de la transposición de una Directiva Europea y que en España se concretó a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, debe aplicarse en municipios de más de 50.000 habitantes y en aquellos de más de 20.000 que superen los niveles de contaminación establecidos.
Además, está respaldada por el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (fondo Next Generation EU). Si no se implanta, no hay dinero. Y existen otras posibles consecuencias, como no beneficiarse de las ayudas para rebajar el coste del billete de autobús.
Con estos mimbres, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (Tribunal de Cuentas valenciano) emitió un informe en el que daba un fuerte tirón de orejas a la quincena de municipios por no haber implantado la ZBE pese a tener la obligación de hacerlo en marzo de 2025. Desde entonces, los avances que se han producido en todos ellos son apenas irrelevantes.
