Limitar la Renta de Inclusión, cambiar la Ley de Señas y frenar el Tribunal de Contratos: los órdagos de Vox a Mazón

Todo, por supuesto, si no hay Presupuestos, en cuyo caso cualquier norma quedará paralizada hasta que estos se aprueben.

El primer conflicto en el Parlamento autonómico ya ha llegado con el Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Públicos, cuyo proyecto de ley para su puesta en marcha fue aprobado por el Gobierno valenciano el pasado junio pero Vox ha enmendado en su totalidad.

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No se trata de una cuestión menor. Este organismo existe en otras comunidades autónomas como Navarra, Aragón o Galicia y pretendía cambiar la manera de proceder en la Comunitat Valenciana en esta materia.

Ahora mismo, en el territorio cualquier contratista con la administración pública tiene que acudir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Pero con la nueva ley impulsada por el PP se creaba uno propio que se adscribía a la Conselleria de Hacienda -departamento que ha impulsado el proyecto-.

Su ámbito de actuación sería la administración de la Generalitat, su sector público instrumental, los ayuntamientos y entidades públicas vinculadas, las universidades públicas valencianas y los consorcios con mayoría pública.

Su misión consistiría en resolver recursos especiales, medidas cautelares, reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en la legislación básica en materia de contratación pública vigente en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

La creación de este tribunal ya fue llamativa en su momento, pues partió de una enmienda transaccionada entre el PP y Compromís. La única pactada por ambos partidos en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2024 y con la que los populares querían evidenciar que podían llegar a entendimientos con la oposición.

Ese texto contó con la abstención de Vox y el voto en contra del PSPV. Tras la elaboración del proyecto de ley para la creación del tribunal, este ha llegado a Les Corts para su tramitación.

'Rejón' a Hacienda

Y es aquí donde Vox ha hecho valer su capacidad de presión para tratar de frenarlo con una enmienda a la totalidad que le complica mucho las cosas al PP y que supone un 'rejón' directo a la consejera de Hacienda, Ruth Merino.

Todo ello en plena incertidumbre sobre si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, podrá iniciar la tramitación de los presupuestos en Les Corts antes del 1 de noviembre con la disposición de sus ex socios a negociarlos.

Vox critica que el tribunal, según la propia memoria económica del Ejecutivo autonómico, "supondrá un gasto mínimo de 195.000 euros solo en sueldos, sin contar con la estructura de personal y el inmueble necesario para su funcionamiento".

Afirma asimismo que la Comunitat Valenciana "no puede permitirse más duplicidades administrativas, ni más organismos políticos creados a medida, especialmente en un contexto marcado por una deuda pública desmesurada y graves tensiones de tesorería derivadas de la infrafinanciación estatal y la herencia de años de despilfarro".

En la enmienda señala que a finales de junio de 2025 el presidente Mazón anunció un plan de ajuste encaminado a "mejorar la gestión, controlar desviaciones y garantizar la eficiencia en la ejecución". "Dos semanas más tarde la Conselleria de Hacienda nos presenta este proyecto de ley", agrega.

Además, recuerda que el propio CJC "lleva proponiendo desde 2012 que se le atribuyan estas competencias" y que en un acuerdo del pleno de ese mismo año "este organismo ya ofreció formalmente asumir dichas funciones sin que ello supusiera coste adicional alguno para la Administración".

Será en las próximas semanas cuando se voten las enmiendas en comisión y se compruebe el desenlace de este asunto, que vaticina complicación para el PP y tal vez nuevas cesiones a Vox.

La Renta Valenciana de Inclusión: el próximo conflicto del PP con Vox, que pedirá restringir las ayudas

La segunda de las leyes relevantes que podría desencadenar un choque entre ambas formaciones es la de la modificación de la Renta Valenciana de Inclusión, como ha venido informando este periódico.

Impulsada por la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero, fue aprobada por el Gobierno valenciano y entre las novedades más destacadas se encuentra la compatibilidad de la prestación con un empleo.

Vox defiende que la RVI sea de carácter temporal, extraordinario y vinculada a la búsqueda de trabajo. Esto supone que, probablemente, propondrá mayores limitaciones temporales a la prestación.

La vigencia de la Renta es de tres años desde la fecha de la resolución de la concesión, después de lo cual se debe renovar. Vox aboga por que exista un tope de tiempo durante el cual se pueda cobrar la prestación.

Asimismo, propondrán que exista un control de la prestación, por ejemplo a través de inspecciones, para comprobar el destino.

Otra de las batallas será, muy posiblemente, los requisitos para extranjeros, en línea con los postulados de Vox en materia de inmigración. Así, defienden que la prestación incorpore requisitos como que se pruebe la residencia continuada.

Mazón aprobará un "régimen sancionador" contra "injurias" a señas de identidad valencianas y apoyo al catalanismo

La tercera ley que se prevé conflictiva es la de Señas de Identidad. El PP ya ha avanzado que la norma incluye sanciones por "injurias" a las señas de identidad valencianas y prevé eliminar las subvenciones a las entidades que promuevan símbolos contrarios a los valencianos.

La nueva norma permitirá que no reciban subvenciones públicas los ayuntamientos que organicen actos de reivindicación contrarios a las señas de identidad valencianas.

También prohibirá subvencionar las que promuevan, justifiquen o hagan apología de cuestiones como el terrorismo, la violencia política y social, el conflicto armado, la rebelión, los referéndum y consultas ilegales, la xenofobia y de odio a los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Esta ley está siendo elaborada por el Ejecutivo autonómico, quien la aprobará próximamente. Aun así, está siendo negociada con Vox.

El texto llegará después a Les Corts, donde iniciará su tramitación habitual con la presentación de enmiendas. Y es aquí donde este partido introducirá sus exigencias, que muy probablemente chocarán de nuevo con las intenciones de los populares.

Así, Vox entrará a confrontar en materia de multiculturalidad y arraigo en el territorio, según ha podido saber este periódico. Dos cuestiones en las que hará valer sus postulados en materia de inmigración.