La consellera de Administración Pública, Nuria Martínez. Eduardo Manzana / EP
El plan de Sánchez para limitar los contratos de interinos a 2 años angustia a la Generalitat, que tiene más de un 40%
El Gobierno valenciano considera que pone "en riesgo la continuidad de los servicios públicos por el vaciado de las plantillas".
Más información: La Diputación de Valencia, a contrarreloj para resolver la OPE de estabilización de un centenar de interinos
El Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López presentó a las comunidades autónomas a mediados de septiembre las líneas maestras del nuevo plan para luchar contra la temporalidad en España. Una hoja de ruta que complicará a la Generalitat Valenciana -y mucho- la gestión de su plantilla.
La propuesta se basa principalmente en reducir de tres a dos años el tiempo máximo en que un interino puede ocupar una vacante en la administración.
La intención, además, es que si tras convocarse un proceso selectivo la plaza quedara desierta porque ningún aspirante lograra superar el examen de oposición, el empleado temporal no pudiera continuar en ella. Un aspecto que genera no pocas dudas legales.
Los gobiernos autonómicos, además, deberán aplicar "compensaciones económicas y sanciones por incumplimientos", y está previsto el desarrollo de "sistemas de información interoperables para controlar el cumplimiento por parte de las administraciones públicas".
En definitiva, indemnizaciones para los interinos en caso de que rebasaran ese límite temporal en un puesto de trabajo por cualquier motivo y una sanción a la administración en cuestión por no haber cumplido con esta obligación.
La reforma tiene un calado significativo y, a falta de que todo ello se fije sobre el papel, el Gobierno valenciano ya ha dejado clara cuál es su postura: la iniciativa es "drástica", "afecta a la seguridad jurídica", no tiene "plazos realistas" y el Ejecutivo pone en riesgo "la continuidad de los servicios públicos al vaciar plantillas".
Si bien subrayan que la Generalitat "está comprometida con la reducción de la temporalidad", la consellera del ramo, Nuria Martínez, advirtió tras la Conferencia Sectorial que no podían "apoyar una reforma que pone en riesgo la prestación de los servicios públicos esenciales".
Por ello, censuró la "falta del diálogo" del Ejecutivo central para aprobar esta medida que afecta "directamente" a todas las comunidades autónomas y cuya "viabilidad" está en entredicho. "Es un acto de prepotencia institucional", acusó.
El ministro Óscar López conversa con unos interinos. EP
En la Generalitat, cabe apuntar, trabajan actualmente 80.391 trabajadores temporales, incluyendo Sanidad y Educación, según el último informe de fiscalización de gastos de personal de la Administración de valenciana respecto al ejercicio 2023 de la Sindicatura de Comptes. Una cifra que representa en torno al 49,6% de su plantilla total.
Si se atiende únicamente a la Administración de la Generalitat, el porcentaje de interinos bajaría al 34%: hay 62.287 funcionarios de carrera y otros 32.126 trabajadores temporales. Las cifras corresponden al último ejercicio auditado, 2023, por parte del órgano estatutario que preside Vicent Cucarella y que se hizo público en diciembre de 2024.
A priori, los datos ahora serán más bajos, dado que la administración autonómica lleva desde 2022 ejecutando todos los procesos de estabilización de la OPE extraordinaria autorizada por el Ejecutivo central.
De hecho, según sostienen desde el Gobierno valenciano, estos han permitido reducir en 13 puntos la temporalidad en la Comunitat Valenciana. Pero todavía no se han hecho públicos los datos sobre en qué estado ha quedado el empleo público tras finalizar estos procesos.
Pero aún con todos los procesos en marcha, el informe de la Sindicatura advertía que la temporalidad seguía siendo "excesiva", especialmente en Sanidad, donde el porcentaje ascendía al 71,6% incluso con algunas convocatorias ya resueltas. "Estos niveles están muy lejos del objetivo del 8% de la normativa básica", recordaba.
En definitiva, aunque los procesos de estabilización están contribuyendo a día de hoy a que la Generalitat pueda reducir su porcentaje de interinos, lo cierto es que el límite impuesto por Bruselas queda lejos de alcanzar.
Jubilaciones y tasa de reposición
El Gobierno central, por ello, busca dar otra vuelta de tuerca a la reforma acometida ya en 2021 por Miquel Iceta en un plan que no agrada ni al Gobierno valenciano, ni a los propios interinos o sindicatos.
El contexto puede ser dramático para la Administración valenciana, puesto que en los últimos años los ejecutivos autonómicos ha recurrido a la contratación de personal interino para contrarrestar las numerosas bajas de efectivos que se están produciendo por jubilación.
No en vano, las ofertas de empleo público para cubrir estas plazas por funcionarios de carrera son procesos que cuestan meses -incluso años- en resolverse, por lo que la Generalitat recurría a la vía exprés de contratar interinos y, ahora, podrían verse en la obligación de limitar estos fichajes a dos años.
A este escenario, además, se suma la famosa tasa de reposición que mantiene el Gobierno central para controlar el gasto pero que por contra impide al Consell ofertar todas las plazas que necesita para cubrir las vacantes que dejan las jubilaciones.
En algunos sectores, como el sociosanitario, donde el cambio de personal es constante, las bolsas se encuentran prácticamente vacías. Por lo que son ámbitos más vulnerables a esta reforma: ante la obligación de tener que cesar a un interino, puede darse la circunstancia de que la Generalitat no cuente con personal a su servicio al que recurrir para cubrir esas nuevas vacantes.
![Alejandro Vañó (COO), Ignacio Mañero (CEO) y Francisco Serrano (I+D Manager). EE](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/05\/actualidad\/1003744045073_260348033_1706x960.jpg"])
