Miguel Polo. Efe / Ana Escobar
La Fiscalía rechaza de nuevo la imputación de Miguel Polo en un escrito previo a su declaración como testigo
El escrito añade que la atención sobre la presa de Forata en el Cecopi del día 29 no era incompatible con vigilar las otras emergencias.
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La Fiscalía ha rechazado, de nuevo, la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en un escrito previo a su declaración como testigo.
El fiscal del caso de la dana ha presentado un escrito en el que considera que es ajustada a derecho la resolución de la magistrada instructora, de finales de julio, en la que rechaza practicar una serie de diligencias.
Entre ellas figura la de modificar, de testigo a investigado, la condición del presidente de la CHJ. En ese mismo escrito añade, como "complemento" a los razonamientos jurídicos de la jueza, que la atención sobre la presa de Forata en el Cecopi del 29 de octubre no era incompatible con vigilar las otras emergencias que se dieron en esa tarde.
Así lo señala en un escrito al tribunal de la Audiencia de Valencia, de fecha 17 de septiembre, en el que pide la desestimación del recurso de apelación presentado por la acusación popular que ejerce Vox contra el auto de la magistrada.
En él acordaba rechazar la práctica de una serie de diligencias de investigación solicitadas por la entidad Liberum.
Además de la de Polo, esta última acusación pedía la declaración como testigo de la presidenta de Aemet, María José Rallo, y de técnicos y personal relacionados con la presa de Forata.
El fiscal sostiene que la resolución recurrida es "ajustada a derecho", por lo que pide a la Audiencia que la confirme.
Subraya que de la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias e Interior sobre la información enviada al Centro de Coordinación de Emergencias entre los días 26 a 30 de octubre, por Aemet y la CHJ, y a los avisos emitidos, las alertas activadas y las situaciones de emergencia declaradas por Emergencias, "se desprende que este organismo activó a las 11:45 horas la alerta hidrológica en los municipios ribereños del río Magro".
"Y que les comunicó que la CHJ y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias mantenían el seguimiento de la evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera producir", añade.
Una alerta que, de conformidad con lo previsto en el plan especial frente al riesgo de inundaciones en la Comunitat, "determinó el avance de dicha incidencia al escenario de la fase de emergencia, en situación cero".
"Y, por ende, la asunción de la coordinación y dirección de las actuaciones encaminadas a controlar esa situación por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana a través del director del plan, al que, entre otras funciones, le correspondía determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse", explica.
En esta línea, añade que de acuerdo con el informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia de la Guardia Civil, sobre la cronología y análisis de desbordamientos en relación con las víctimas de la dana, el inicio del desembalse de agua por la presa de Forata "se produjo entre las 17:00 horas y las 18:00 horas del 29 de octubre de 2024, coincidente con el alcance de la cota máxima porque los únicos elementos de desagüe utilizados para la laminación de la avenida fueron los aliviaderos de la parte superior de la mencionada obra hidráulica".
En esta franja horaria se estaban produciendo lluvias torrenciales en la zona del municipio de Turís que vertían al río Magro.
"Al desbordamiento del río Magro, en el tramo posterior al embalse de Forata, contribuyó tanto el agua desembalsada de esta infraestructura hidráulica como las lluvias torrenciales registradas en la referida zona, de ahí que no pueda determinarse en qué medida el desembalse descrito afectó a dicho desbordamiento ni si este se hubiere producido únicamente como consecuencia de esas lluvias", detalla.
Así mismo, el fiscal apunta a la "innecesaridad de averiguar las causas que conllevaron a que la actividad del Cecopi" se centrara "inicialmente en la emergencia relacionada con el embalse de Forata porque dicha atención no era incompatible con la vigilancia de las restantes emergencias surgidas en la provincia de Valencia".
La resolución de la magistrada recurrida por estas partes fundamentaba la denegación de las diligencias solicitadas en que, entre otras cuestiones, se fundaba en el informe aportado de la Guardia Civil que "es interpretado de forma sui generis", unido a algunas teorías ya superadas del llamado "apagón informativo", "bulos sobre el efecto de la presa Forata en el barranco del Poyo y, por supuesto, obviando no solo lo resuelto por esta Juez, sino, lo que es más sorprendente, lo resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia en diversas resoluciones".
Tras la declaración de Polo del pasado viernes, otra acusación popular, la ejercida por Valores, ha pedido a la magistrada que investigue al presidente de la CHJ al entender que en su actuación se desprenden indicios razonables de criminalidad.
