El proyecto original completo para la cuenca del Poyo que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha escondido desde la dana sale por fin a la luz.

Ese plan revela que la primera y más importante de las obras previstas, que consistía en un desvío de aguas al Turia, sólo costaba 55 millones a ejecutar en tres años.

Si Pedro Sánchez la hubiera incluido en sus primeros Presupuestos, los de 2021, habría ejecutado esta obra antes de la fatídica dana del 29 de octubre de 2024.

Su excusa para no hacerlo fue que chocaba con la Ley de la Huerta de Ximo Puig, algo desmentido por los impulsores de esa norma.

Con ese mismo coste de 55 millones, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy podrían haber ejecutado el proyecto. Ambos justificaron su descarte por la crisis económica que sufría España aquellos años.

El proyecto, negado a EL ESPAÑOL hasta la fecha por la Confederación Hidrográfica del Júcar, ve por fin la luz gracias a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

La CHJ lo ha proporcionado al Parlamento valenciano tras una solicitud oficial de información y documentación.

Se trata del documento completo para encauzar, laminar y desviar el agua de la cuenca del Poyo, elaborado en 2010 por la firma de ingeniería Typsa y validado en diciembre de 2011 por el Gobierno de Zapatero con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA).

Cuando este periódico solicitó a la CHJ la documentación, la confederación instó a pedirlos a través del portal de Transparencia o el Registro General del Gobierno central. Así lo hizo este medio, pero la información ha llegado antes a Les Corts Valencianes.

El documento, que consta de decenas de tomos y miles de páginas, permite poner cifras a lo ya expresado por el entonces presidente de Typsa, Javier Machi, o el ingeniero que lo redactó, Jorge Paciarotti.

El conjunto de la actuación costaba 240 millones de euros, pero estaba previsto para ser ejecutado por fases que permitían una inversión cómoda y gradual para llevarlo a término.

En ingeniería hidráulica, las actuaciones siempre han de acometerse desde la desembocadura hacia arriba, de modo que, según los expertos, la primera obra que debió abordarse fue la denominada "proyecto de vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia y adecuación del barranco del Poyo entre el acueducto Júcar-Turia y Paiporta".

Se da además la circunstancia de que se trata de una de las más determinantes, al consistir en un desvío del agua de la cuenca del Poyo al nuevo cauce del río Turia, que consta de un amplio cauce al sur de Valencia. El mismo canalizó con holgura la avenida del 29 de octubre de 2024.

"Solo haber tenido hecho esta vía verde habría supuesto un alivio inmenso", subrayan los expertos consultados por este periódico.

La mirada retrospectiva hacia esa actuación resulta desoladora. Constaba con un presupuesto base de licitación de tan solo 55,63 millones de euros, tal y como consta en la memoria de la obra.

Además de las vidas humanas que pudo salvar la actuación, la comparación con los daños causados por la dana, valorados en cerca de 20.000 millones de euros, da buena cuenta de que habría sido una inversión muy rentable para el Gobierno de España.

Solo restaba la voluntad política. El proyecto entregado por Typsa estaba completo, listo para licitar y ejecutar, con los pliegos ya redactados. En los mismos consta que el plazo de ejecución debía ser de tres años.

"Para la realización de las obras objeto del proyecto se ha fijado un plazo total de realización de 36 meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de la autorización de inicio de las obras", precisa el pliego.

En consecuencia, el Gobierno de Pedro Sánchez, como los de sus predecesores, tuvo margen suficiente para acometer tanto el conjunto del proyecto como, al menos, la primera y más relevante de las iniciativas: el desvío del barranco al Turia.

El papel de Ribera

Se daba además la circunstancia de que Teresa Ribera, la ministra que estaba al frente del Ministerio para la Transición Ecológica, conocía de primera mano el proyecto. Fue ella la que firmó la declaración de impacto ambiental positiva en 2011, justo antes de dejar el cargo.

Una década después, ya como ministra, lo orilló en sus presupuestos. Así lo reveló la propia CHJ en una presentación en septiembre de ese mismo año 2021. Lamentaba en la misma que el ministerio no lo abordó "por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales".

Con "problemas ambientales" se referían a la Ley de la Huerta de Ximo Puig, que restringió las actuaciones en el área metropolitana de Valencia.

No obstante, la impulsora de esa norma, la exconsellera socialista de Territorio María José Salvador, niega esta excusa del Gobierno central de su partido, y defiende que el ejecutivo tenía "informes favorables condicionados" para ejecutar el proyecto.

Otra de las excusas que brinda el Ejecutivo central es que la declaración de impacto ambiental habría caducado en 2016 al tener una vigencia de solo cinco años. Pero los ingenieros desdeñan este argumento: "La DIA es un trámite legal que los políticos tienen que solucionar. Están para eso".

De hecho, el Gobierno de Sánchez tuvo dos ejercicios completos para restituirla tras llegar en 2018, los de 2019 y 2020. "No hace falta tener presupuestos propios para hacer una DIA", agregan las fuentes consultadas.