Trabajadores de Cruz Roja reciben a migrantes de una patera, en imagen de archivo. Europa Press / Antonio Sempere
La Generalitat critica que solo los ayuntamientos del PSOE se quejen de la carta sobre los recursos para acoger 'menas'
El escrito se envió a municipios de más de 10.000 habitantes de "diferentes colores políticos", con el que el Consell trata de abrir "una vía de diálogo".
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La Generalitat Valenciana critica que solo los ayuntamientos gobernados por el PSPV-PSOE se quejen de la carta que se les envió para preguntarles acerca de sus recursos disponibles para acoger a menores migrantes no acompañados ('menas').
Preguntada la portavoz del Consell y vicepresidenta primera, Susana Camarero, en una rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano este viernes, sobre la petición de información a las localidades, ha indicado que le "sorprende" que los consistorios socialistas "no quieran participar en este proceso".
Camarero ha explicado que la carta se ha enviado a los municipios de más de 10.000 habitantes "con diferentes colores políticos" y ha aclarado que "se trata de una información, de abrir una vía de diálogo, no es una imposición".
El Ejecutivo autonómico decidió pedir colaboración a los alcaldes después de que el Gobierno central aprobara el decreto de reparto. En él se cifraba en 1.767 menores la capacidad ordinaria de acogida de la Comunitat Valenciana.
"Hay alcaldes que han despotricado directamente. Es chocante e incoherente que no quieran cooperar, coordinarse y que no hayan puesto a disposición ni un solo recurso para acoger a estos menores. Solo un ayuntamiento gobernado por el PSPV me ofreció dos viviendas, el de Villarreal", ha señalado la vicepresidenta.
A su juicio, estima que los ayuntamientos del PSPV-PSOE "dan la espalda a los menores que pudieran llegar a la Comunitat en el reparto que Sánchez ha decidido".
"Sus respuestas son más o menos las mismas. Por ejemplo, dicen que no tienen recursos pero que les parece bien el reparto, que es equitativo y que está suficientemente financiado. Dicen que es equitativo que a País Vasco y Cataluña no lleguen menores y sí a la Comunitat, es decir, que haya comunidades de primera y de segunda", ha valorado.
En este sentido, el Gobierno valenciano ha lamentado haber recibido respuestas "ideológicas y poco humanas" por parte de algunos alcaldes a la consulta sobre recursos para acoger menores migrantes.
Respecto a los ayuntamientos gobernados por el PP, la vicepresidenta ha dicho que han manifestado entender la dificultad y han denunciado la política migratoria del Gobierno, además de haber ofrecido coordinación interinstitucional.
"No se quejan de la carta. Todas las quejas llegan por parte de los ayuntamientos socialistas, que no tienen interés en coordinarse con la Generalitat y que no ofrecen recursos", ha insistido la portavoz del Consell.
Interpelada por el hecho de que algún municipio como Altura, de 4.000 habitantes, también haya recibido la carta pese al criterio de los 10.000 habitantes, Camarero ha señalado que "probablemente se envió por error".
Recurso ante el TS
El pleno del Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto sobre el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno.
Según ha explicado Susana Camarero, junto a esa medida se solicita también al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la norma "por vulnerar los derechos de los menores migrantes no acompañados y evitar un traslado inadecuado y masivo".
La Generalitat entiende que su aplicación genera "perjuicios irreversibles" y que "tensionará aún más el sistema de protección valenciano".
Al respecto, Camarero ha indicado que el Consell va a proceder a impugnar "todas y cada una" de las normas aprobadas por el Gobierno central en relación con este asunto.
En este punto se ha referido a un recurso ante el Constitucional, por considerar la norma "inconstitucional", y luego al Supremo.
La vicepresidenta ha recalcado que en caso de aplicarse el decreto del Ejecutivo central, "supondría una infracción del ordenamiento constitucional de distribución de competencias, una injerencia en las competencias propias de la Generalitat en materia de asistencia social y de personas menores y, además, una infracción del principio de autonomía financiera".
Además, Camarero ha manifestado que este decreto no ha tenido en cuenta los datos enviados por las comunidades autónomas respecto a la capacidad del sistema de protección de menores.
También ha apuntado que no se ha sometido a la aprobación de la conferencia sectorial, "incumpliendo el primer extremo de la norma".
"La Comunitat es una comunidad solidaria pero también es una comunidad responsable respecto a la atención y a la protección de los menores migrantes no acompañados. Tenemos un sistema de protección que reúne los más altos estándares de calidad y no queremos que esta decisión arbitraria, injusta e inconstitucional rompa ese sistema", ha insistido.
La vicepresidenta ha recordado que en la última patera que llegó a Alicante "hay un menor que ya está en nuestro sistema de protección". Así, ha reiterado que la Generalitat ha incrementado en 122 las plazas para acoger a estos menores.
El coste anual supone, según ha precisado, un total de 23 millones de euros: "Contamos en la Comunitat con 1.720 plazas de atención residencial de protección de menores, menores entre los que también se encuentran los menores migrantes no acompañados".
"La ocupación media de nuestro sistema está cercana al 160%", ha apostillado. Estos datos llevan a la conclusión, a juicio del Gobierno valenciano, de que la aplicación automática de una fórmula "ideada y calculada" por el Gobierno de España no se corresponde con la capacidad ordinaria y real del sistema en la Comunitat Valenciana.
Y ha repetido: "El sistema de protección de menores de la Comunitat no tiene hoy capacidad para acoger a esos 571 menores que Sánchez ha decidido enviarnos con un fondo de 7,4 millones".
"Los 7,4 millones de euros entre los 571 menores que nos van a trasladar da una media de 75 euros día. Sin embargo, el coste real en nuestro sistema de protección es de 218 euros por día. Por lo tanto, el Gobierno no está asumiendo la financiación de los menores que nos quiere trasladar", ha reprochado Camarero.
"El sistema de protección actual se pone en riesgo con esta decisión y, por eso, vamos a ir pidiendo a los tribunales, en este caso al Supremo, una suspensión cautelar de las medidas que puedan llevar a un traslado inadecuado y masivo de menores", ha zanjado.
