El exconcejal Rafa Rubio, en los juzgados. Rober Solsona / Europa Press
La UCO presenta su informe final de la trama de los colegios: irregularidades y comisiones en el gran pelotazo de Azud
Los agentes concluyen que Rafa Rubio y José Luis Vera se llevaron, al menos, 450.000 euros en comisiones por la operación.
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Toda macrocausa judicial tiene sus subtramas. Y así ocurre en el caso Azud, que investiga comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento de Valencia durante los gobiernos de Rita Barberá.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado su informe definitivo de la llamada 'operación colegios', el gran pelotazo del caso Azud.
En él desgranan todas las indagaciones que han llevado a cabo durante los últimos años, por lo que apuntalan una de las partes más relevantes de la instrucción.
En el informe describen todas las presuntas irregularidades detectadas, además de las comisiones abonadas a personas vinculadas al PSPV, como Rafael Rubio o José Luis Vera.
En la citada 'operación colegios', el Ayuntamiento de Valencia aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados.
Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.
El intercambio, de acuerdo con el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.
El problema económico en el que se vio el consistorio en 2006 derivaba de determinados cambios urbanísticos aprobados en la remodelación del Plan General de 1988.
Varios colegios religiosos recurrieron en los tribunales porque consideraron que les perjudicaba. El Supremo falló a su favor y determinó que el Ayuntamiento debía indemnizarlos con unos 31 millones de euros.
Una losa heredada por el gobierno de Barberá que el entramado de Azud supo aprovechar para urdir un plan, según la investigación.
El plan
De acuerdo con el sumario de la causa, el empresario Jaime Febrer montó una mercantil específicamente para esta operativa junto a Mónica Montoro y Federico Ferrando. Se llamaba Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI).
Ellos serían los que asumirían la deuda. En la parte relativa al consistorio, la investigación apunta a que el encargado de pilotarlo todo fue el exvicealcalde de València Alfonso Grau.
El Ayuntamiento cambió la calificación de varios suelos públicos dotacionales a un uso residencial y se los entregó a la mercantil. Una maniobra urbanística presuntamente ilegal que habría contado con el impulso de uno de los funcionarios de la casa: el jefe de Asesoría Jurídica.
El truco estuvo, de acuerdo con las indagaciones, en que se forzó una valoración de los terrenos a la baja. Los suelos tenían un valor real superior a 54 millones, lo que dista de la deuda de 31 millones con los colegios. Un beneficio que se ocultó en la tramitación administrativa.
Irregularidades en la tasación
La UCO hace hincapié en que uno de los principales hitos es la valoración de las parcelas que, como compensación por la deuda contraída, debían ser entregadas por el Ayuntamiento de Valencia.
"Desde el punto de vista administrativo, se han observado elementos indicativos de la existencia de irregularidades en la tramitación administrativa de la contratación de las empresas tasadoras por parte del Ayuntamiento", indica el informe.
"Este aspecto incidiría en la connivencia de la Administración Pública, no solo por el hecho de haber optado por contratar a una sociedad externa propuesta por la propia empresa interesada, sino
por haberlo hecho eludiendo el procedimiento que aparentemente debería haberse seguido", añade.
Los sucesivos informes de la UCO, incluido el último, han apuntado a que el importe finalmente abonado a las congregaciones religiosas por parte de MAI ascendió a 39,6 millones de euros, una cuantía que excedía en más de 8,3 millones el importe inicialmente fijado en la sentencia.
Así, cada una de las congregaciones acordó recibir proveniente de MAI un importe más de un 21% superior al que fijaba la resolución del Supremo.
Estas cantidades se fijaron "de mutuo acuerdo" en compensación "por los intereses, costas
y gastos devengados así como honorarios profesionales originados en el procedimiento", según un documento notarial que figura en la causa.
Las comisiones
De acuerdo con la UCO, a raíz de toda esta operación hubo una serie de pagos de comisiones que cuantifica en 2 millones de euros.
Fueron a parar a personas que, supuestamente, habrían participado en que la operativa fuera a buen puerto, bien de manera activa o bien con su silencio.
Habría sido el caso de Alfonso Grau, el funcionario del Ayuntamiento, el exconcejal socialista Rafa Rubio o el exjefe jurídico de la empresa pública Divalterra José Luis Vera (también vinculado durante décadas al PSPV).
Los informes concluyen que Rafa Rubio habría sido destinatario de una comisión que oscilaría entre los 300.000 y los 750.000 euros. Además, y en lo que respecta a la forma de pago, "todos los elementos recopilados apuntaban a que la misma sería entregada en efectivo", dice la UCO.
Los agentes señalan que han detectado operativas que, tanto por la fecha en la que se producen como por su propia naturaleza, serían indicativas de la percepción de esta supuesta comisión ilícita.
De las mismas, afirman, se deducía el manejo por su parte de dinero en efectivo de origen desconocido y, también, su integración en el circuito financiero a través de operativas que pretendían encubrir su origen.
En cuanto a José Luis Vera, las comisiones se cifran en 150.000 euros. De ellos, 50.000 los habría recibido mediante facturación con una mercantil y los restantes 100.000 mediante facturación a una sociedad suya. En ambos casos sin tener en cuenta el IVA.
