El PP sondea a los miembros de la Plataforma por la Financiación para aumentar la presión sobre Sánchez

Ésta aglutina a los agentes sociales -los sindicatos UGT y CCOO y la patronal (CEV)- y todos los grupos parlamentarios con representación en Les Corts (PP, PSPV y Compromís) excepto Vox.

El portavoz popular en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado este miércoles que ya ha comenzado a sondear a los miembros de la plataforma.

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Y aunque no ha hablado de con quién se ha puesto en contacto, todo hace pensar que las primeras llamadas han sido a los agentes sociales, que han sido los encargados en anteriores ocasiones de convocar al resto de participantes.

Desde hace semanas, el Partido Popular y el Gobierno valenciano de Carlos Mazón han reclamado al Ejecutivo central que libere el extra FLA para que no peligre la prestación de los servicios públicos y poder pagar a los proveedores.

La petición se ha hecho por tierra, mar y aire. El pasado mes de diciembre, el jefe del Consell remitió una carta a Sánchez para solicitar la aprobación urgente de este mecanismo para tener liquidez.

El Gobierno justificó no haberlo activado debido la no aprobación de la senda de objetivos de déficit para el periodo 2025-27.

Con todo, el Ejecutivo no incluyó este habitual mecanismo de liquidez en la planificación de la financiación autonómica de 2025. Un hecho que ya de por sí fue insólito, porque era la "primera vez que ocurría en 12 años".

Con el paso de los meses, Hacienda respondió que pospondría a abril la aprobación del extra FLA una vez la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comprobara el desvío de déficit que tuvieron las CCAA el año pasado. Algo que ya ha ocurrido.

Un telón de fondo por el que el Consell decidió el pasado mes de mayo tomar cartas en el asunto y aprobar una declaración institucional para denunciar la "asfixia" financiera que estaba ejerciendo Sánchez con la autonomía en plena reconstrucción tras la dana.

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La portavoz de la Generalitat, Susana Camarero, llegó a acusar al Gobierno de retener los fondos con la "única intención de hacer daño".

Sin el Extra FLA, insiste el Ejecutivo valenciano, "se pone en peligro los servicios públicos fundamentales y se asfixia a los proveedores", a los que genera "una enorme incertidumbre" el hecho de no tener "un horizonte de cobro concreto".

Como demostración de fuerza, Mazón convocó a los proveedores de la Generalitat a una reunión en el Palau para exigir a una voz la aprobación de este mecanismo.

En total, y a fecha 31 de marzo, la administración autonómica tenía una deuda comercial de 1.456 millones de euros. Un dinero que los prestadores de los servicios quieren cobrar y que el Consell no puede pagar porque no tiene.

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Las entregas a cuenta

Al retraso con el Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario se suma la falta de actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, lo que agrava todavía más la situación financiera de la Comunitat.

Las autonomías reciben mes a mes una doceava parte del dinero que les corresponde del sistema de financiación, procedente de la recaudación de impuestos que realiza la Agencia Tributaria.

Pero la cuantía no ha sufrido ninguna actualización este año y los territorios están percibiendo en 2025 los mismos fondos que en 2023 al haberse prorrogado los Presupuestos Generales del Estado porque no hay un nuevo proyecto de ley.

Por cada mes que pasa, la Generalitat ingresa 165 millones de euros menos de lo que debería en caso de haberse actualizado. Lo que supone que la Comunitat haya percibido en torno a los 990 millones de euros menos hasta el mes de junio.

De esta manera, la deuda que ya acumula el Gobierno con la Comunitat ascendería a 3.485 millones de euros en total, resultante de la suma de las entregas a cuenta y los 2.495 millones de euros del extra FLA, que es el déficit con el que cerró el ejercicio pasado.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, y la ministra del ramo, María Jesús Montero. Carlos Luján / EP

Respecto a este último, el PP critica que ha llegado el mes de junio y el Ejecutivo central sigue sin trasladarles nada. Si bien, en todo caso, podría llegar en julio y se hallaría dentro de plazo, pues de forma habitual el 75% de esa cuantía llega ese mes y el otro 25% en el último trimestre del año.

En total, 1.900 millones que los populares subrayan que la Generalitat necesita como agua de mayo. De hecho, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha advertido de que si el Extra FLA no llega antes del 15 de junio, cientos de empresas ya se quedarán sin cobrar el último día de este mes.

Convocar la Plataforma

Con estos mimbres, el PP quiere redoblar la presión a Sánchez y convocar la Plataforma per un Finançament Just (Plataforma por una Financiación Justa) para reivindicar la liberación de estos fondos que le corresponden a la autonomía para poder tener liquidez.

La intención es también retomar las reivindicaciones en materia de financiación autonómica que ha defendido desde su creación este organismo, dado que desde septiembre de 2024 no se ha reunido ni pronunciado al respecto.

En la última cita, el consenso entre todas las partes que hasta el momento había imperado en la Plataforma saltó por los aires porque el PSPV reclamó que se introdujeran "nuevos elementos" en el documento que se iba a remitir al Ejecutivo de Sánchez con las principales exigencias valencianas.

Los socialistas querían que los partidos partícipes en la Plataforma fijaran sobre el papel su compromiso a apoyar la senda de déficit para que el Gobierno central pudiera aprobar los Presupuestos de 2025.

Representantes de la Plataforma per un Finançament Just junto a Carlos Mazón. Imagen de archivo

También introducir la corresponsabilidad fiscal, o como más tarde expuso el portavoz del PSPV, José Muñoz, "un compromiso a revertir las rebajas fiscales a los ricos aprobadas por el Consell de Mazón".

La respuesta de los agentes sociales fue rotunda: no estaban dispuestos a insertar en el pacto sellado por todos "cuestiones políticas que únicamente iban a servir para romper acuerdos".

Como resultado final, por primera vez la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), sindicatos mayoritarios y partidos políticos no cerraron un documento con las principales cuestiones de la agenda valenciana desde que en 2017 se pusiera en marcha esta plataforma.

El objetivo ahora es convocarla de nuevo y reclamar al Gobierno la liberación del Extra FLA ante la delicada situación de tesorería de la Generalitat.

Algo que no será tampoco fácil después de que PP y Vox acordaran recortar las subvenciones a sindicatos y patronal en las cuentas de este año. Un hecho que podría afectar a la predisposición que puedan tener los agentes sociales a movilizarse.

A ello se añade la división política que impera en este momento entre los partidos de derechas y los de izquierdas. Los consensos son prácticamente inexistentes. 

Sin ir más lejos, este miércoles el PSPV y Compromís evitaron apoyar una iniciativa del PP en Les Corts para exigir al Gobierno de Sánchez la aprobación urgente del FLA extraordinario. Ninguna enmienda de la oposición fue tampoco negociada.