
Mobiliario de un colegio afectado por la dana en Catarroja. Aina Solano / EP
Mazón prorroga tres años, hasta 2026, la disolución de Ciegsa y le encarga reconstruir los colegios afectados por la dana
El Gobierno valenciano aprueba un decreto-ley por el que la Generalitat asumirá la plantilla de la empresa una vez disuelta bajo la fórmula de "personal a extinguir".
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El Gobierno valenciano ha prorrogado la disolución de la empresa pública Ciegsa a diciembre de 2026, lo que supone ampliar en tres años la fecha marcada en rojo en el calendario, fijada en su día en diciembre de 2023.
La extinción de la empresa pública dedicada a la construcción de centros educativos era uno de los grandes objetivos del anterior Gobierno valenciano que integraban PSPV y Compromís, pero en sus ocho años de mandato no lo llevó a cabo.
Los partidos de izquierdas la fueron posponiendo a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos –la norma sin la cual las cuentas no pueden salir–.
Primero debía extinguirse antes del 31 de diciembre de 2020, pero en aquel año volvieron a alargarlo a diciembre de 2023. La razón era que siguiera asumiendo de forma transitoria los encargos de gestión de los barracones.
Ahora, la fecha para su liquidación, que comenzó en 2013, se ha vuelto a prorrogar en tres años más, hasta el 31 de diciembre de 2026 con el objetivo de encargarle a la mercantil labores de reconstrucción de los colegios afectados por la dana.
Así lo recoge la modificación normativa aprobada por el Gobierno valenciano y publicada el pasado lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) que busca dotar de nuevas funciones a la sociedad.
El Ejecutivo de Carlos Mazón quiere que la empresa pública realice tareas de apoyo en la reconstrucción de los centros educativos afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre, dado el "número considerable de centros" que necesitan "actuaciones" significativas.
Unas intervenciones que se harán cuando se considere "necesario, inaplazable y de interés público", según recoge el decreto-ley impulsado por la Conselleria de Educación.
Desde el departamento que gestiona José Antonio Rovira justifican la necesidad de recurrir a esta sociedad y su personal en la urgencia que existe de reforzar "con técnicos especializados" la recuperación de los centros educativos cuya estructura se vio afectada.
Personal a extinguir
Una vez disuelta, la norma prevé que el personal de Ciegsa pase a formar parte de la Conselleria de Educación como personal laboral "a extinguir". En la actualidad, 17 trabajadores ejercen labores en esta empresa, según datos ofrecidos por Educación.
La fórmula elegida no es baladí. Abogacía de la Generalitat advirtió en su informe que la integración de la plantilla no podía hacerse bajo otra condición.
La integración "no atribuirá la condición de funcionario público, pero tampoco de empleado público" , subrayaba el informe. Para hacerlo, estos deberían superar un procedimiento selectivo, tal y como regula la Constitución.
"Regular con rango de Ley formas de acceso al empleo público distintas a las previstas […] es inconstitucional, por tratarse de una competencia estatal de conformidad con el artículo 149.1.18ª [de la Constitución Española] y por contrariar los principios establecidos en el artículo 103.3 CE", señalaba la Abogacía.
Por ello, propuso que todo el personal de Ciegsa, no solo el que hiciera labores administrativas, fuera calificado de personal a extinguir. "Se considera procedente que sea la Ley la que los califique como 'personal a extinguir', para mayor seguridad jurídica", instaba el informe jurídico.
Así, citaba jurisprudencia relevante en la que quedaba manifiesto que el personal a extinguir no tiene la condición de empleado público en sentido formal, de manera que "no forma parte propiamente de la plantilla de la Conselleria ni consolida plaza, pero seguirá la suerte del servicio en el que prestaba sus servicios con anterioridad".
La polémica empresa
Ciegsa fue creada en el año 2000 por el gobierno autonómico del PP para gestionar infraestructuras educativas, llegando a contar con más de un centenar de empleados, de los cuales ahora mismo apenas quedan 17, según datos ofrecidos por Educación.
Sin embargo, se vio inmersa en una causa judicial por los sobrecostes millonarios que se produjeron en las obras, estimados en 1.000 millones de euros según un informe elaborado por la Intervención de la Generalitat durante el gobierno del Botànic de PSPV y Compromís en 2016.
La causa fue archivada en julio de 2023 por falta de indicios suficientes de delito de malversación. El juez concluyó que, pese a estar acreditado el sobrecoste, no se podía sustentar la acusación penal sin pruebas adicionales.