Javier Orduña durante la comisión en el Senado. Ricardo Rubio/Europa Press
Un exmagistrado del Supremo ve posible responsabilidad patrimonial del Estado en la dana por la falta de obras
El catedrático de Derecho Civil sostiene que con las actuaciones públicas la magnitud de la catástrofe hubiera sido menor y que el Gobierno podría haber decretado la emergencia nacional.
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El exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña, considera que la carencia de construcción de infraestructuras en la dana "podría derivar en una responsabilidad patrimonial del Estado", pues es el encargado de este tipo de obras.
"Uno de los presupuestos que se dan en el ámbito de la responsabilidad patrimonial civil del Estado es la derivada por las actuaciones de incorrectos servicios, entre ellos, el servicio público de protección civil que, en este caso, sí que va directamente a la construcción de estas obras hidráulicas".
De esta forma, expone que la posible responsabilidad patrimonial de las administraciones "sí que puede concurrir en la estatal, porque no se han hecho obras y hay una relación causal".
Orduña ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia como experto técnico en la comisión de investigación de la dana en el Senado.
Sobre la dana, ha recordado que fue una situación "absolutamente imprevisible" desde el punto de vista técnico-tecnológico, pues una precipitación de 170 litros por metro cuadrado pasó a 700 litros, y fueron "casi 7 horas incesantes".
El también catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València cree que existe una "relación causal" entre las obras no realizadas y la tragedia de la dana, alegando que los 228 fallecidos murieron como consecuencia directa de la inundación.
Así, asegura Orduña que la magnitud de la catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre "habría sido menor con obras".
Sobre ello, entiende que hay una concurrencia de responsabilidades entre el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos. Del mismo modo, explica que el gobierno autonómico podría haber solicitado la emergencia nacional, así como el ejecutivo central podría haberla decretado al tener las competencias.
"Es una competencia exclusiva del Estado. La seguridad pública, en cuanto a que engloba la seguridad ciudadana y en cuanto a que engloba la protección y la emergencia civil, supone la protección de la integridad física de las personas", subraya Orduña.
Y añade: "La Comunidad Valenciana tiene competencia en emergencias y protección civil, pero hace una hipérbole, una necesaria hipérbole que viene a demostrar, precisamente, que la competencia exclusiva la tiene el Estado".
En cuanto a si en situaciones de emergencia como la dana existe un mando único, Orduña explica que estas expresiones "no se corresponden con la normativa".
"No puede haber mando único en un ámbito autonómico que no tiene una competencia exclusiva", detalla. Así, expone que el Estado sí tiene esta exclusividad en determinados ámbitos. A pesar de ello, según Orduña, se trata de "un sistema competencial".
En relación con la prevención y protección de la ciudadanía, Orduña cree que "lo que va a determinar una prevención van a ser las obras de infraestructura". Según asegura, "esas obras son vitales para salvar vidas".
"Equiparar la posibilidad de prevención de una alarma en un móvil a una presa o a una construcción que realmente retenga el agua desde medidas y condiciones es una obviedad que no tiene parangón", destaca el exmagistrado.
Por ello, Orduña reitera la importancia de realizar las obras hidráulicas: "Mientras no se hagan, estas poblaciones no van a tener tranquilidad personal, porque no hay sistema de inteligencia artificial que nos diga cuándo se va a producir la emergencia, ni van a tener tampoco una recuperación económica".
"Sus inmuebles, sus comercios van a seguir valiendo menos, porque, obviamente, podrá volver a pasar esto. Y yo creo que esto sí que debe ser una conclusión aceptada por todo el mundo", añade el catedrático.
Ayudas a los regantes
Por su lado, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero de Palma Manglano, ha pedido más "agilidad" en las ayudas a los regantes tras la dana.
Además, ha insistido en que se invierta en obras públicas y en que se tendría que hacer un nuevo análisis coste-beneficio de las presas que se eliminaron de los planes, como la de Vilamarxant.
En su intervención, ha reconocido que en su opinión ha habido "voluntad política" por parte de todas las administraciones para ejecutar las ayudas, aunque algunas se estén retrasando por falta de medios. "Pediríamos más agilidad", ha recalcado.
De cara al futuro, ha defendido el aumento en inversiones en obras públicas y ha demandado un nuevo análisis coste-beneficio de las presas que se eliminaron de los planes, como la de Vilamarxant.
En líneas generales, ha insistido en que los temas de agua sean tratados como "una cuestión de Estado" ya que las obras hidráulicas requieren de varias legislaturas. "En general, nosotros lo que queremos es que seamos conscientes de que en España hacen falta embalses", ha enfatizado.
Aunque ha admitido que habrá que aplicar soluciones basadas en la naturaleza, ha recalcado que no se puede dejar que la naturaleza domine a la sociedad.
Por otro lado, ha recalcado que otra de las patas "fundamentales" de las soluciones es la ordenación del territorio y ha abogado por mejorar los protocolos y clarificar las competencias. De manera más local, ha hablado de las amortizaciones de las tarifas para los regantes valencianos.
