La consellera de Hacienda, Ruth Merino, y el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón. José Cuéllar / Corts
PP y Vox rechazan las enmiendas a la totalidad de Compromís y PSPV a los Presupuestos de 2025
Las cuentas y la Ley de Acompañamiento del presente ejercicio continúan su trámite parlamentario.
Más información: Mazón logra cerrar un acuerdo con Vox para los 'Presupuestos dana' tras semanas de negociaciones
El pleno de Les Corts ha rechazado este miércoles, con los votos de PP y Vox, las enmiendas a la totalidad presentadas por PSPV y Compromís al proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat de 2025.
Del mismo modo, populares y voxistas han votado en contra de las enmiendas a la totalidad registradas a la Ley de Medidas Fiscales, más conocida como ley de Acompañamiento a las cuentas autonómicas.
El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, logró cerrar un acuerdo con Vox hace un mes -en plenas Fallas- para sacar adelante las cuentas del presente ejercicio. Lo hizo tras semanas de negociaciones, que se llevaron con la mayor discreción.
El entendimiento llegó in extremis porque se produjo justo al límite para que encajara el calendario parlamentario y los presupuestos pudieran aprobarse en el actual periodo de sesiones (el cálculo es que estén listos en mayo).
En el proyecto de ley presentado por el Consell, Mazón dejó fuera algunas de las exigencias que Vox había puesto sobre la mesa para dar su apoyo. Un ejemplo de ello fue el recorte a las ayudas que reciben los sindicatos o un recorte de en torno al 40% en cooperación al desarrollo.
Pero a pesar de que estas demandas no se reflejaron de entrada en el proyecto de ley inicial, Vox lo ha incorporado en sus enmiendas parciales a la Ley de Acompañamiento y todo apunta a que finalmente serán respaldadas por el PP, como el 'tijeretazo' a las subvenciones a sindicatos, pero también a la patronal.
Entre las cesiones que el Consell sí incorporó en los Presupuestos de 2025 se encuentra el recorte a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), que contará este año con un 25% menos de los fondos de los que dispuso el año pasado.
Para hacer el recorte, no obstante, el Consell se ha basado en la ejecución presupuestaria que acostumbra a hacer este organismo autónomo año tras año.
Así, la AVL tuvo en 2024 un presupuesto de 4 millones y más de 1 quedó por gastar, por lo que para este ejercicio el Gobierno le dota de 3 millones. En definitiva, el ajuste no tendría por qué afectar al normal funcionamiento de este órgano estatutario.
Un 'modus operandi' que el ejecutivo habría seguido también con el resto de exigencias planteadas por Vox que sí ha decidido atender. Es decir, realizar concesiones pero poniendo cuidado en la forma de acometerlas.
Las cuentas
En total, los fondos para el presente ejercicio ascienden a los 32.291 millones de euros, si se suma el llamado 'presupuesto dana', y que representa un incremento del 8,6% respecto al ejercicio anterior.
La cifra total engloba dos cantidades. De un lado, el presupuesto ordinario, que alcanza los 29.927 millones. Se trata de una tímida subida de apenas 200 millones respecto al ejercicio 2024, cuando fue de 29.732.
De otro lado, se encuentra el 'presupuesto dana'. Esta cantidad ya fue aprobada por el pleno del Ejecutivo autonómico recientemente a través de un decreto-ley por el que se condecía un crédito extraordinario.
Ahora bien, a pesar de que existe un entendimiento amplio sobre el grueso de las cuentas, también es cierto que hay algunas cuestiones sobre las que PP y Vox no logran entenderse.
Por ello, el partido de Santiago Abascal no ha renunciado a presentar enmiendas parciales a la Ley de Medidas Fiscales. Principalmente, las que presentan una mayor carga ideológica cuyo contenido el PP no comparte al 100% y que complican que estas puedan salir adelante.
Entre ellas se encuentra, por ejemplo, una modificación legal que afecta a las personas trans. En particular los voxistas plantean un cambio en decreto que regula el procedimiento de adjudicación de viviendas públicas de la Comunitat Valenciana.
Esta norma, aprobada por el gobierno anterior que conformaban PSPV y Compromís, incluye a las personas trans entre el colectivo "en situación de especial vulnerabilidad". Por tener tal consideración, la administración autonómica otorga 5 puntos a la hora de baremar su demanda de acceso a una vivienda protegida.
Es decir, si dentro de la unidad de convivencia se encontraba una persona trans, se le concedía 5 puntos en el proceso de adjudicación. De la misma manera que se les otorga a otros colectivos incluidos como "vulnerables": personas refugiadas, aquellos que tienen menores a su cargo o víctimas de desahucios.
Vox, sin embargo, propone suprimir a las personas trans para que no se les considere personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Queda en el aire, por tanto, el apoyo de PP a una modificación legal de este tipo, puesto que se sitúa entre las más delicadas de todas las registradas.
