El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, su llegada a los juzgados de València para declarar como investigado en la causa judicial por la gestión de la dana. Efe / Biel Aliño
El exsecretario autonómico de Emergencias asegura que ni Polo ni Suárez informaron de la crecida del Poyo el 29-O
Emilio Argüeso ha comparecido este viernes como investigado en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja por la gestión de la dana.
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El ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ha asegurado que ni el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ni el presidente de la CHJ, Miguel Polo, ambos presentes en el Cecopi, informaron de la crecida del barranco del Poyo el día de la dana.
Argüeso, que estaba citado para comparecer este viernes como investigado en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, ha realizado esta afirmación en respuesta a preguntas de su letrado, las únicas que va a responder.
Durante esta declaración, Argüeso ha explicado que los avisos automáticos sobre los caudales eran recibidos por Suárez, que era quien, a su juicio, debió haberlos remitidos a la sala del Cecopi desde donde se coordinaba la emergencia.
Además, ha añadido que seguramente no informó al Cecopi porque "desconocía la existencia de ese aviso", y que tampoco el presidente de la CHJ, Miguel Polo, dijo nada al respecto, pese a haber estado presente "en todo momento" en el Cecopi.
El aviso sobre la crecida del Poyo, según este ex alto cargo, llegó también a la Delegación del Gobierno, que tampoco notificó nada al Cecopi, según ha sostenido.
También a preguntas de su letrado ha mantenido que ninguna autoridad presente en el centro de coordinación de la emergencia propuso elevar la emergencia de nivel 2 a 3.
La de este viernes ha sido una jornada clave, pues tanto la exconsellera de Interior Salomé Pradas y quien fuera su número dos, Emilio Argüeso (exsecretario autonómico de Emergencias), han declarado como investigados en el juzgado.
Allí han sido recibidos por manifestantes y familiares de víctimas, que le han gritado 'Asesinos' y han hecho sonar una sirena con el sonido del ES-Alert enviado a la población la tarde de la dana.
Ambos figuran como investigados porque correspondía a la Generalitat las competencias de protección a la población y la magistrada considera que las medidas se debieron adoptar por el mando único.
La exconsellera era la máxima autoridad y el exsecretario autonómico tenía relevancia orgánica y decisoria, afirmó la jueza.
Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas el Gobierno valenciano ha tratado de demostrar con varios informes aportados a la causa que esa responsabilidad era compartida.
De un lado, porque, sostiene, no contaban con la información suficiente sobre el barranco del Poyo -cuyo desbordamiento provocó la mayoría de las muertes- como para ser conscientes de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Motivo por el que señalan a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
De otro lado, la Generalitat trata de remarcar que las competencias de protección civil no sólo eran de la Administración autonómica, sino del Ejecutivo central y de los ayuntamientos.
