Los abogados de Maite, la víctima de Luis Eduardo Ramírez Icardi (exmarido de Mónica Oltra) ultiman su recurso contra el archivo de la causa. Se trata del llamado caso Oltra, que investigaba la actuación de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Igualdad de la Generalitat ante los abusos sexuales que padeció por parte del que era educador en su centro de menores.

Según trasladan a este periódico fuentes del despacho Roberto & Salazar abogados, los letrados encargados del caso están ultimando su recurso. Tienen plazo para presentarlo hasta el próximo 12 de abril, según estiman. Tras este despacho se encuentra José Luis Roberto, líder del partido de ultraderecha España 2000.

Las acusaciones ejercidas por GobiernaTe y Vox también recurrirán contra el sobreseimiento provisional de la causa decretado hace una semana por el juez Vicente Ríos.

[Mónica Oltra, de la imputación al archivo: las 3 claves del juez para cerrar el caso que provocó su dimisión]

Tras dos años de investigación, el magistrado concluyó que no existen indicios suficientes para llevar a juicio a Oltra y otras 15 personas imputadas por su gestión en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por un educador exmarido de la dirigente política.

"No existen en suma indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado", concluyó.

El auto, que puede ser recurrido tanto en reforma como en apelación, cita la existencia de diligencias que habían sido solicitadas por las acusaciones particular y popular y que aún no habían sido resueltas. Pero a continuación matiza que estas no se estiman necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

El procedimiento se inició después de que la Audiencia de Valencia considerara que la menor habría estado desatendida en el juicio que celebró contra Ramírez Icardi. En la actualidad, está cumpliendo 5 años de prisión por estos hechos. 

El juez detalla pormenorizadamente y de forma cronológica en la resolución los hechos acreditados durante la instrucción de estas diligencias.

Desde que la víctima sufrió los abusos sexuales continuados, entre finales de 2016 y 2017, hasta 2019, cuando la Fiscalía recibió un informe de la conselleria realizado por el Instituto Espill relativo a la menor.

"Desvanecido"

El juez es el mismo que pidió la imputación de Oltra por estos hechos y justificó la decisión que tomó en 2022.

"Este magistrado ha cuestionado múltiples aspectos del proceder de los investigados en los hechos objeto de la presente causa, que se tuvieron en su momento como indicios de criminalidad para traerlos a la misma como tales", expuso.

Sin embargo, tras practicar las diligencias de investigación, estimó que todos los indicios que fundamentaron en su día, "las imputaciones judiciales provisionales (...) se han desvanecido por completo". 

"No subsiste indicio racional alguno de criminalidad contra los imputados ni, en consecuencia, fundamento alguno para dictar una resolución de imputación judicial definitiva contra los mismos", precisa la resolución.

El magistrado admite que determinadas conductas seguidas por algunos de estos investigados podrían haber sido "distintas a las que fueron". Pero añade que no cabe de ello "derivar consecuencias jurídico penales" para los mismos.

De este modo, el instructor no aprecia indicios de delito de prevaricación administrativa ni tampoco de abandono de menores ni de omisión del deber de perseguir delitos.