Una parte de la trama por la supuesta venta de cadáveres desarticulada en Valencia ha acabado en archivo después de que el juzgado haya concluido que no existen indicios suficientes para llevar a juicio a los dos responsables de la funeraria que figuraban como investigados en la causa.

El juzgado de Instrucción 1 de Valencia, tras la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos, entre ellas las declaraciones de los investigados, en julio de 2023 dictó auto de procedimiento abreviado contra los dos trabajadores imputados.

El instructor consideró que existían indicios suficientes contra ellos por la supuesta elaboración de documentos inexactos con el fin de lograr un lucro económico, según confirmó este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

[El doble negocio de la trama de los cadáveres: vendía cuerpos robados y cobraba por falsas incineraciones]

En cambio, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias para los dos gestores de la funeraria, al no apreciar indicios delictivos suficientes en su contra.

Este auto fue recurrido en apelación por la Fiscalía ante la Audiencia de Valencia. El ministerio público defiende que debían de ser encausados los cuatro investigados, no solo los dos empleados, y el recurso está pendiente de resolución, según el TSJ-CV.

No obstante, el juzgado ha abierto una nueva investigación en paralelo al aparecer nuevas pruebas de la supuesta red de cadáveres que operaba desde Valencia.

Esas pesquisas policiales implican a las cuatro mismas personas, es decir, contra los dos responsables de la funeraria y los dos trabajadores, y se sustanciarán en una segunda causa judicial que, en principio, se seguirá también en el Juzgado de Instrucción 1 de Valencia.

Así, la investigación de la Policía Nacional ha acabado en dos derivadas judiciales de las que se encarga el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital: una por presunta falsedad en documentación, en relación con un cuerpo, y otra por un segundo cuerpo y supuestas irregularidades en incineraciones que se descubrieron después.

Entramado criminal

La Policía informó este lunes de la desarticulación de un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres, que supuestamente falsificaba documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver.

De acuerdo con la Policía, la trama llegó a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar once incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.

Según el TSJ-CV, a raíz de esta investigación policial el Juzgado de Instrucción número 1 tiene abierta una causa desde abril de 2023 por un delito de falsedad en documento privado y en documento oficial.

Estos delitos están relacionados con los trámites seguidos por el personal de una empresa funeraria de Valencia en la recogida del cadáver de un ciudadano francés, fallecido en diciembre de 2022, de un hospital y su posterior entrega para estudio a una universidad.

En esa causa estaban investigadas inicialmente cuatro personas: dos responsables de la funeraria y dos trabajadores.

Sin embargo, tras la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos, entre ellas las declaraciones de los investigados, en julio de 2023 el magistrado instructor dictó auto de procedimiento abreviado solo contra los dos trabajadores.

En cambio, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias para los dos gestores de la funeraria, al no apreciar indicios delictivos suficientes en su contra.

Este auto fue recurrido en apelación por la Fiscalía ante la Audiencia de Valencia y por el momento no se ha tomado ninguna decisión.

Meses después, el Cuerpo Nacional de Policía realizó un atestado ampliatorio a fin de proseguir las investigaciones en relación con el caso de otro fallecido y a presuntas irregularidades en incineraciones de más cadáveres.

Esas pesquisas policiales implican a las cuatro mismas personas, es decir, contra los dos responsables de la funeraria y los dos trabajadores, y se sustanciarán en una segunda causa judicial que, si no hay ningún cambio, se seguirá también en el Juzgado de Instrucción 1 de Valencia.