El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció este martes la supresión de seis "empresas fantasma" impulsadas durante los mandatos de Ximo Puig como presidente autonómico.

Se trata de la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, la Agencia Valenciana de Información y Control de Alimentos, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, la Agencia Valenciana de Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública.

El mandatario agregó que va a encargar una "auditoría general del sector público". Adopta estas decisiones tras conocer el contenido de los tres "informes técnicos" elaborados por la Sindicatura de Cuentas, de la Intervención general de la Generalitat y la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público.

Con la nueva auditoría general a todo el sector público valenciano pretende "poner fin al malgasto y descontrol" que, a su juicio, ha caracterizado la época del Gobierno del Botànic.

El presidente calificó de "situación crítica" el escenario del conjunto de empresas, entidades y organismos públicos, por la existencia de "procedimientos de contratación irregulares, falta de control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto, además de retribuciones a directivos y trabajadores colocados a dedo al margen de la ley y pagos a terceras personas sin control ni autorización".

El jefe del Consell explicó que esta gran auditoría implicará varias medidas pormenorizadas como una auditoría forensic para detectar de manera específica posibles casos de fraude y gasto descontrolado en determinadas entidades del sector público. "Vamos a poner a los mejores profesionales para conocer donde ha ido a parar cada euro y exigir si procede responsabilidades administrativas e incluso penales", aseveró el presidente.

Asimismo, Mazón apuntó que se llevará a cabo una auditoría operativa del sector público instrumental que "ponga de manifiesto las duplicidades, ineficiencias y el rumbo del conjunto de entidades".

Supresión de entidades

En esta línea, el presidente avanzó que el Ejecutivo autonómico aprobará en breve el inicio del expediente para llevar a Les Corts Valencianes un proyecto de Ley para "eliminar seis entidades ya creadas", y que "el Botànic fue incapaz siquiera de poner en funcionamiento". "Unas entidades cuyas funciones ya vienen desempeñando distintas direcciones generales de la Generalitat" y que el jefe del Consell calificó de "empresas fantasmas".

Se trata, según desglosó, de la Agencia Valenciana de la Energía -cuyas funciones ya realiza la dirección general de Energía del IVACE-; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, -labor que desempeña la dirección general de las TIC-; o la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios - cuya función ya llevan a cabo las direcciones generales de Industria y Cadena Agroalimentaria y de Producción Agrícola y Ganadera, según Mazón.

También suprime la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular -cuya función realiza la empresa pública VAERSA-; la Agencia Valenciana Cambio Climático -labores ya desempeñadas por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental-; y la Escuela Valenciana de Administración Pública -cuyas funciones, según el Gobierno, ya desarrolla la dirección general de Función Pública-.
 
Así, Carlos Mazón explicó que el objetivo de este Ejecutivo es "terminar con el gobierno más caro de la historia" y que la legalidad, el interés general, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y el control del gasto, "sean las bases fundamentales de una nueva etapa en el sector público valenciano". "Se ha acabado malgastar el dinero público. Les vamos a contar toda la verdad a los valencianos", dijo.

Mazón recordó que la Comunitat Valenciana cuenta el mayor déficit de España y la deuda pública en máximos históricos, y recordó que una de sus primeras medidas fue la reducción del número de altos cargos y asesores. Pasaron de 116 a solo 63, lo que supone un ahorro de más de 20 millones de euros en esta legislatura.

Irregularidades de contratación

Carlos Mazón manifestó que, según los informes técnicos, en materia de contratación "el 92% del sector público no realiza los procedimientos de contratación pública conforme marca la Ley". Así, solo 4 de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat, según lamentó.

Además, en los últimos cuatro años, el conjunto del sector público del gobierno del Botànic adjudicó "a dedo" 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros, de los cuales 159 millones de euros corresponden a contratos menores y 554 millones de euros son de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación.

Para Carlos Mazón, estas cifras "reflejan la barra libre que caracterizó el gobierno de Ximo Puig y un pozo sin fondo de la contratación a dedo", saltándose la mayor parte de las recomendaciones que realizaba la Sindicatura de Cuentas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación. 

Personal y tesorería

Asimismo, en materia de personal, según los datos de la Intervención de la Generalitat, la plantilla del sector público se incrementó en un 35% durante el gobierno de Ximo Puig, mientras que el gasto en personal de las empresas públicas se disparó un 47%. 

Según indicó Mazón, solo en el ejercicio de 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos. Así, por ejemplo, la empresa pública encargada de la gestión de los servicios de emergencias, SGISE, "controlada por el PSPV, trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos a las puertas del 28-M", aseguró

En el área de tesorería, en 22 de las 48 entidades que están sujetas a este tipo de verificación por parte de la Intervención General y las auditorías, se produjeron "pagos sin la autorización de la persona correspondiente o incluso pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente".

Finalmente, el presidente de la Generalitat explicó que el procedimiento administrativo de la auditoría operativa comenzará en el primer trimestre de 2024. El calendario de actuación se compondrá de dos informes intermedios y un informe final en el que se vaya detallando el trabajo realizado y las principales conclusiones.