La acogida de personas inmigrantes en pisos y albergues municipales de Valencia, además de hacerse en muchos casos sin contrato con las entidades que prestaron el servicio -tal y como reveló este miércoles EL ESPAÑOL-, se realizó sin criterios para la admisión de los beneficiarios y por tiempo indefinido.

Así lo detallan fuentes municipales. Hubo casos de acogida hasta que el beneficiario encontraba un trabajo, le dieran los papeles, hasta que se le reconociese su situación de asilo por protección internacional o hasta que reunía los requisitos para recibir la renta garantizada.

"No se definió el criterio del perfil de la acogida, es decir, a cualquier recién llegado se le albergaba cuando podía haber otra persona con problemas físicos o de salud que se quedaban fuera…. Todo era un cajón desastre", explican a este medio.

[Joan Ribó dejó un agujero de 3 millones en pagos sin contrato para la acogida de inmigrantes en Valencia]

Preguntada al respecto por EL ESPAÑOL, la concejal de Servicios Sociales, Marta Torrado (PP), indica que el nuevo Ejecutivo local está "poniendo orden al desbarajuste en materia de inmigración del anterior gobierno de PSOE y Compromís".

Este mismo viernes se abordará en la Junta de Gobierno Local el pago de las facturas pendientes, comprometidas sin convenios, concursos o contratos con las entidades que se hicieron cargo de los servicios prestados. La cantidad gastada de esta manera supera los tres millones de euros con el equipo del alcalde Joan Ribó (Compromís).

La Concejalía de Servicios Sociales trabaja también en la formalización de contratos para estos servicios y en unos criterios de admisión para que la estancia de las personas inmigrantes esté completamente regulada y responda siempre a unas necesidades puntuales.

Los millones gastados sin soporte legal representan alrededor del 75% de la financiación pública anual destinada por el consistorio a la acogida de las personas inmigrantes, que asciende a 4 millones cada ejercicio.

Durante los dos anteriores mandatos se crearon más de 300 plazas para dar acogida a estas personas, impulsadas por parte de la concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración. Al frente de esta responsabilidad estuvieron las concejalas Neus Fabregat (València en Comú) y Maite Ibáñez (PSPV-PSOE).

Los pagos sin cobertura legal responden al gasto para la atención de personas en pisos y albergues que, en muchas ocasiones, eran de propiedad municipal.

Albergues y pisos

En concreto, según precisan las mismas fuentes, se trata de la atención en pisos municipales para albergar a 55 personas por 342.000 euros al año y de la ofrecida en un albergue de Benimàmet con 50 plazas para hombres con un coste de un millón anual. En estos dos casos se encargó del servicio la Fundación Amigó.

También de otro albergue para 32 personas por 425.943 euros al año de los Terciarios Capuchinos de Torrent; del coste de la Obra Mercedaria en el Casal d’Esplai de Rocafort por 2,7 millones bianuales -1,35 anuales-; o de un piso de ocho plazas por 90.000 euros del denominado Proyecto Palmer 2.

Al no existir contratos que respalden estos gastos, las entidades que brindan los servicios cobran mediante reconocimientos de obligaciones, que deben ser aprobados por Junta de Gobierno o por el propio Pleno. Se trata de un procedimiento excepcional que el anterior gobierno utilizó de forma habitual.