Diez de los animales, debido a la falta de alimento y la ausencia de esta previsión, murieron a los pocos días.

Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y que ya ha sido enviado al Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón. El Ministerio Público solicita la misma pena para el ganadero y dueño de estos équidos, que fue designado como pastor de los mismos en el parque natural.

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A su vez, la Fiscalía pide que ambos procesados, por un delito continuado de maltrato animal, sean inhabilitados durante cuatro años y medio para ejercer cualquier oficio relacionado con animales.

En el escrito, el fiscal del caso señala que el director del parque decidió que los asnos "no iban a tener alimentación suplementaria", más allá del pasto que crecía en el monte. Dos días después, murió el primer animal. A la semana, el segundo équido. Cuatro de las hembras incluidas en el proyecto piloto abortaron. El 9 de noviembre de 2021, se puso fin a este plan, que había comenzado a principios de agosto.

Dos de los burros antiincendios de la Generalitat Valenciana que acabaron muertos.

"A pesar de las primeras muertes y el deterioro general de la salud de los restantes, no hicieron nada por atenderlos debidamente, provocando con tal comportamiento la muerte de los siguientes y la anemia y debilidad (...) de los supervivientes", subraya el escrito de acusación.

"La muerte de los asnos se produjo a consecuencia de la omisión llevada a cabo por los acusados, los cuales no llevaron a cabo las actuaciones mínimas necesarias para prestar asistencia a animales", expone la Fiscalía.

A renglón seguido, el Ministerio Público detalla estas negligencias: no existía un refugio para que los burros se protegieran de las inclemencias del tiempo, no se planeó una adaptación progresiva de los mismos al entorno, no se solicitó asistencia veterinaria, no se les suministró alimentación complementaria, pese a que la dieta que tenían era "deficiente" e insuficiente...

"Ausencia de control"

Los asnos que sobrevivieron sufrieron anemia, debilidad e insuficiencia hepática, tal y como detalla la Fiscalía.

"Los acusados no ejercieron el debido control, al no constatar la efectividad del proyecto y el estado de los animales durante la ejecución del mismo", expone el fiscal en su escrito. "La ausencia de medidas de control supuso un riesgo para la salud de los animales y (...) un abandono en condiciones en las que peligraba su bienestar y su vida", añade.

Ninguno de los dos acusados tienen antecedentes penales, por lo que, si resultan condenados a 20 meses de cárcel, al ser inferior a dos años, podrían evitar su entrada en prisión. Este procedimiento judicial se inició con la denuncia presentada por Elisa Díaz González, entonces diputada del PP en las Cortes Valencianas.