El Gobierno valenciano dejará prácticamente sin fondos la Agencia Valenciana de Cambio Climático. La partida presupuestaria para sufragar sus gastos pasará de los 400.000 euros en 2023 a tan solo 2.000 euros para todo el año 2024. 

Se trata de un recorte superior al 99% y que responde, según explicaron a EL ESPAÑOL este jueves fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, a que la agencia en este momento está "infradotada" y por lo tanto, se va a estudiar "cómo reconducirla".

En este sentido, estas fuentes aseguraron que el Consell actual "marcará una nueva estrategia" respecto a la lucha contra el cambio climático, con el apoyo de instituciones "ya consolidadas" como el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM).

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El objetivo del departamento es "estudiar los previsibles impactos del cambio climático para planificar la adaptación futura con la suficiente base científica y técnica". También colaborarán con las administraciones provinciales y locales en la aplicación de medidas para la mitigación de los efectos del cambio climático. 

La Agencia Valenciana del Cambio Climático, ideada por Podemos, fue creada por el Ejecutivo de Ximo Puig en marzo, unos meses antes de las últimas elecciones autonómicas. El PP se opuso al entender que se trataba de un "chiringuito".

Para esta agencia, el departamento que lidera Salomé Pradas (PP) destina dos partidas: 1.000 euros para los gastos del capítulo 1, es decir, de personal, y otros 1.000 euros para el capítulo 7.

El área de cambio climático cuenta con un total de 5,47 millones de euros, un 33% menos que en el ejercicio anterior, cuando se destinaron más de 8 millones para este concepto.

De hecho, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha sido la más perjudicada en el reparto del presupuesto, el primero de Carlos Mazón como presidente. Salomé Pradas dispone de 633,55 millones de euros, un 33,9% menos respecto a 2023.

Estas cuentas son las primeras del Ejecutivo compuesto por PP y Vox. Asciende a un total a 29.732 millones de euros, cifra récord en la Comunitat Valenciana. Supone un incremento del 4,5% respecto a los últimos presupuestos, que confeccionó el Ejecutivo de Ximo Puig.

"Nuevo chiringuito"

Esta agencia fue creada por el anterior Ejecutivo autonómico, compuesto por el PSOE, Compromís y Podemos, en marzo de 2023, un mes antes de disolver las Cortes valencianas por las elecciones autonómicas de mayo. Los grupos parlamentarios de PP y Vox votaron en contra por considerarlo "un nuevo chiringuito". 

Este organismo público, incluido en el pacto de gobierno del tripartito, nació con el mandato de luchar contra el cambio climático.

Entre sus funciones están la de coordinar y ejecutar los planes y programas para mitigar los efectos del cambio climático, analizar la evolución de las emisiones de los gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad de los recursos naturales, y fomentar la investigación y las actividades de sensibilización.

Según recoge la ley 1/2023, de 8 de marzo, de la Generalitat, de creación de la Agencia Valenciana de Cambio Climático, las condiciones naturales y socioeconómicas de la Comunitat Valenciana la hacen "especialmente vulnerable" a los efectos del cambio climático.

La consellera Salomé Pradas en Las Cortes Valencianas. EE

La Comunitat Valenciana, tal y como explica la normativa, se enfrenta al "aumento de temperaturas, disminución de las precipitaciones, aridificación del territorio, aumento del nivel del mar, aparición de nuevas especies invasoras y enfermedades, y aumento de intensidad de eventos extremos, como olas de calor".

Al respecto, defiende que el medio natural valenciano atesora ecosistemas y espacios naturales de gran valor y fragilidad y la economía valenciana es a su vez altamente dependiente de estos ecosistemas en sectores como el agrario o el turismo.

"La lucha contra el cambio climático, la adaptación frente a los efectos adversos que puede desencadenar en el territorio valenciano y la solidaridad con los esfuerzos a nivel estatal, europeo e internacional en materia de mitigación de sus efectos se consolidan como una vía ineludible para el desarrollo sostenible", añade el texto legal.