Vox quiere implantar el pin parental en los centros educativos valencianos. Por ello, la formación de extrema derecha presentará en las Cortes Valencianas una iniciativa para presionar al PP, su socio de gobierno, para acabar con "el adoctrinamiento" en las aulas, según confirmaron fuentes del partido de Santiago Abascal a EL ESPAÑOL.

La propuesta, que todavía no ha sido registrada, responde a una acción coordinada en todas las instituciones en la que Vox cuenta con representación parlamentaria.

El secretario general del partido, Ignacio Garriga, explicó que la intención es que, a través de la actuación de la Alta Inspección Educativa, se ponga fin a cualquier "intento de adoctrinamiento ideológico" y que se "prohíban" los materiales que "puedan afectar a la inocencia de los menores". 

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Además, abogó por revisar los libros de texto y el material educativo porque, en su opinión, "se miente sobre realidades biológicas, científicas, antropológicas e históricas".

El pin parental es una herramienta que concede a las familias o tutores de los menores la capacidad de vetar contenidos que se hayan aprobado en el Consejo Escolar. Vox quiere que los padres tengan que autorizar expresamente que sus hijos participen en clases o talleres sobre igualdad o educación sexual. 

No es la primera vez que Vox hace esta propuesta en la Comunitat Valenciana, pero sí la primera que existen posibilidades de ponerlo en marcha. 

El acuerdo de gobierno entre el PP y Vox, firmado en junio, ya recogía entre sus puntos un refuerzo de la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza, "sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos". 

De hecho, en el punto 28 del documento, ambas formaciones pactaron que "los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares".

Ahora los diputados del PP valenciano tendrán que decidir si apoyan o no la iniciativa de sus socios, una propuesta que en 2020 rechazaron.

Vox se quedó solo en el Parlamento autonómico en su petición de instaurar en los colegios la exigencia de que los padres o tutores tengan que consentir las actividades relacionadas con la educación afectivo-sexual o la perspectiva de género. 

El resto de los grupos (en ese momento formaban parte también Ciudadanos y Podemos) votaron en contra de la propuesta. La diputada del PP que en ese momento defendió la postura de su grupo fue Beatriz Gascó, quien consideró la propuesta de Vox "incoherente" y "completamente inviable".

Sin apoyo judicial

José María Llanos, diputado autonómico y líder de Vox en Valencia, ya fracasó en los tribunales en su intento por poner en marcha un control parental en los colegios con el gobierno de Francisco Camps (PP).

El derecho a la objeción de conciencia de padres y madres sobre contenidos educativos, o el pin parental que es como lo denomina Vox, no existe.

Esta cuestión ya fue resuelta por el Tribunal Supremo (TS) y concluyó que el alumnado debe recibir todos aquellos conocimientos que les permita respetar concepciones distintas a las suyas.

Llanos fue el abogado de las familias que, a partir del año 2010, presentaron varias demandas ante el Tribunal Superior de Valencia (TSJ) para censurar contenidos y que sus hijos no estudiaran la asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El dirigente radical recurrió la orden del Consell de Francisco Camps por la que no se reconocía el derecho de estas familias a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

José María Llanos, líder de Vox en Valencia, en un pleno en las Cortes. CORTS / JOSÉ CUÉLLAR

La Conselleria de Educación declaró el deber de cursarla y Llanos se convirtió en el defensor en los tribunales del pin parental.

El actual dirigente de Vox denunció que se pretendía "enseñar una ética determinada -relativista- que vulnera el principio de neutralidad ideológica y de una corriente filosófica concreta y partidista -el constructivismo-, por lo que, en realidad, se trata de imponer una moral concreta no neutra".

Además, censuró que "la concepción ética" que imponía estaba "impregnada de la denominada ideología de género".

El TSJ rechazó todos los argumentos y que se pretendiera "adoctrinar a los alumnos en el relativismo, el positivismo y la ideología de género".

"La Constitución no es relativista en fundamentos, valores y derechos, sino comprometida con los que identifica y reconoce. Aunque sea consciente de que su plena realización, como la de la misma idea de justicia, es un objetivo permanente ya que cada paso adelante en su efectividad descubre nuevas metas, nuevos retos", recoge una de las resoluciones consultadas por este periódico.