El Concello de Vigo tendrá que indemnizar con 1,1 millones de euros a Servisar, empresa del grupo DomusVi, por "daños y perjuicios" tras haber prestado el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) durante el mes de diciembre sin un contrato legal.
"Así lo dice el informe del interventor municipal, que señala que el servicio se prestó mediante un contrato verbal o a través de un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", ha reprochado este miércoles el concejal popular Fernando González Abeijón.
Ante la noticia, los populares han catalogado la gestión de "chapuza" y han lamentado que "no es un hecho aislado ni un error puntual, sino la consecuencia directa de una mala gestión del gobierno de Caballero, que ha llevado al Concello a una situación límite y jurídicamente insostenible".
En una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, González Abeijón ha hecho referencia al informe del interventor municipal, que revela que el SAF se prestó durante todo diciembre “sin contrato, sin cobertura legal” y fuera de cualquier procedimiento administrativo. La solución tenía que haberse buscado de otra forma, de manera legal, transparente y con control democrático", ha reprochado.
Por último, el concejal popular ha recordado que la responsable del departamento de Contratación es la "polémica" concejala Patricia Rodríguez, que este martes prestó declaración como investigada por el accidente mortal del Saltamontes. "Siempre que hay un problema grave en este Concello, su nombre acaba saliendo a la luz", ha recriminado González Abeijón, que ha exigido al gobierno local "más responsabilidad" y dejar de lado la "propaganda, las infografías y el autobombo".
Respuesta del gobierno local
En respuesta a las declaraciones del PP, la concejala de Política de Bienestar Social, Yolanda Aguilar, remitió un audio a los medios de comunicación en el que criticó el "lamentable nivel de desconocimiento" y la "absoluta ignorancia" del partido de la oposición sobre los procedimientos administrativos del Concello de Vigo.
Aguilar explicó que la indemnización sustitutiva es un procedimiento previsto en la propia normativa para hacer frente al pago de situaciones extraordinarias. En este caso, detalló, la situación se produjo a raíz de un recurso presentado por una de las empresas participantes en la licitación, lo que llevó al Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (TACGAL), órgano dependiente de la Xunta, a suspender cautelarmente el procedimiento de adjudicación hasta que se resolviera dicho recurso.
La concejala defendió que el Concello de Vigo "actuó en plazo en todo momento" y subrayó que el gobierno municipal no podía dejar"en la cuneta a más de mil personas dependientes, de distintos grados, sin un servicio absolutamente esencial". En este sentido, insistió en que la indemnización sustitutiva "está perfectamente contemplada en la ley" como fórmula de pago para servicios extraordinarios prestados por una causa sobrevenida, como fue la suspensión cautelar dictada por el TACGAL.
Además, Aguilar recordó que el tribunal acabó desestimando el recurso presentado por la empresa licitadora y dio la razón al Concello de Vigo, avalando que el proceso de adjudicación del contrato se había realizado correctamente.