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Los grupos municipales del BNG y del PP han registrado sendas mociones de urgencia para exigir al alcalde Abel Caballero el cese de la concelleira de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño. La edil viguesa ha sido citada a declarar en calidad de investigada por el accidente mortal ocurrido en las fiestas Matamá en agosto de 2024.

Los nacionalistas consideran que esta decisión judicial "verifica la existencia de indicios sólidos de una eventual responsabilidad municipal en relación a un control negligente". Una consideración que señalan que también asume la propia Fiscalía, al señalar la inexistencia de un protocolo municipal de inspecciones, así como de una falta de instrucción clara que ordenase el precinto del Saltamontes.

El portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha calificado este hecho de "gravísimo" por afectar de manera directa a una integrante del Gobierno municipal, por lo que "merece ser abordado por el máximo órgano del Concello".

Igrexas ha criticado, además, que 538 días después del trágico accidente no se dieran aún "explicaciones suficientes ni se asumiese ninguna responsabilidad". "El alcalde tiene que dar la cara. Tiene que reaccionar ante un hecho gravísimo como que una concelleira haya sido imputada en un procedimiento judicial tan grave", ha demandado.

Los nacionalistas también han exigido la creación de una Comisión Especial de Investigación que permita esclarecer las circunstancias del accidente, determinar responsabilidades políticas y administrativas, y analizar el funcionamiento de los servicios municipales implicados. Además, demandan la elaboración de un protocolo municipal de inspección de atracciones de feria.

El PP de Vigo presenta su propia moción

El Partido Popular de Vigo también ha presentado una moción de urgencia para exigir a Caballero el cese de la concelleira de Seguridade e Festas. Piden, además, que el jefe del Área de Seguridade, Antonio V. M., sea apartado de sus funciones debido a su imputación.

La citación como investigados de ambos responsables municipales es un hecho que consideran de "una extrema gravedad" y la constatación "evidente de la manifiesta negligencia con que actuó este gobierno municipal". Así, consideran que el alcalde no puede "permanecer impasible ni en silencio".