Dos progenitores del concello de Gondomar tendrán que pagar 1.800 euros cada uno por "desescolarizar" a su hijo de nueve años de un centro público del mismo municipio, donde había estado matriculado en el curso 2024/2025 en Educación Primaria. Se les atribuyó, por parte del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, un delito de abandono de familia.
Los magistrados aseguran que la formación del menor se continuó "en el domicilio, sin utilizar siquiera sistema educativo externo alternativo al oficial".
El fallo señala, tal y como recoge Europa Press, que los acusados "debidamente informados y plenamente conscientes de la obligatoriedad de la escolarización en las etapas educativas correspondientes y de las flagrantes carencias que la educación proporcionada por ellos mismos, le impusieron la ausencia continuada al centro escolar".
De esta forma, añade, comprometieron "no solo el progreso académico" del menor "sino también su capacidad para promocionar a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)" y obtener así un título "imprescindible" para su futuro desarrollo personal, social y profesional, "limitando así sus oportunidades vitales".
La educación en casa no es legal
El fallo recuerda que la educación en casa no es una opción legal en España y que es "incuestionable" que los padres que no escolarizan a sus hijos incumplen una obligación legal.
Así, la jueza concluyó, tras la celebración de la correspondiente vista, que "la educación proporcionada directa y casi exclusivamente por los propios progenitores" se hacía "básicamente en atención a sus personales criterios e ideas propias, sin método educativo alternativo al oficial mínimamente solvente y sin alguna objetividad valorativa". Este hecho, señaló, "supone una desescolarización irresponsable".
"Hay negligencia en la educación e incumplimiento de los deberes asistenciales básicos", reiteró. Esta resolución no es firme, ya que se puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.