Las advertencias sobre los peligros de las redes son una constante, especialmente, a la hora de hablar de aquellos seres más vulnerables psicológica y físicamente: Los menores de edad.
El tema está de actualidad, especialmente, tras la medida anunciada por el Gobierno de España relacionada con la prohibición, para los menores de 16 años, de acceder a las redes sociales. Lo anterior a pesar de que pudieran contar, en un supuesto, con el permiso de los progenitores para tal fin.
La medida ha suscitado polémica y obliga a hacerse las preguntas que también se haría un periodista: Prohibir sí, pero ¿cómo?, ¿de qué manera para que sea positivo?, ¿bajo qué condiciones?
Dice Marina Ortega, psicóloga en Lingoreta, que todo lo anterior debe abordarse no de manera individual, sino colectiva y en comunidad. Como una cuestión, en definitiva, que nos compete a todos y de la que todos debemos aprender: Como hijos, pero también como padres de nativos digitales.
La profesional no ve viable que todas las decisiones trascendentales sobre menores e internet recaigan solo y sobre en los progenitores, ya que muchas veces este hecho los dejaría indefensos a la hora de explicarles a sus hijos por qué hay tendencias o cuestiones sociales que, en ocasiones, no serían del todo beneficiosas para ellos.
Exposición de imágenes
Uno de los debates en el marco de menores e internet pasa por su exposición. El debate social se centra en nuestros días en la no idoneidad de compartir la cara visible de nuestros hijos en redes como Instagram o Facebook.
La pérdida de los derechos de imagen o el destino final de esas instantáneas -preocupa, y mucho, la existencia de redes de pederastas y pedófilos- representa un grave peligro, por ello, son muchos los progenitores que asumen que sus hijos, aunque propios, no son propiedades, y rehúsan la idea de compartirlos en sus perfiles sociales y, de hacerlo, lo hacen preservando su cara.
¿Qué ocurre con las redes sociales de los centros educativos?
La teoría e, incluso, la práctica, parece clara hasta este punto. Pero, ¿qué pasa con las redes sociales de los centros educativos? La respuesta es automática en la comunidad educativa. También desde la Consellería de Educación: "Los padres firman un consentimiento".
¿Cuál es la normativa vigente que afecta al tratamiento de imágenes en los centros educativos gallegos?
En Galicia se aplica, tal y como precisan desde la Consellería de Educación, la normativa estatal en esta materia -Ley orgánica de protección de datos personales y garantía de derechos digitales-. Pero, además, el departamento autonómico de educación estableció, en 2023, un protocolo de protección de datos que incluye varios modelos de autorizaciones.
Alumnos en el entorno de un colegio.
Función educativa y no educativa
Desde la Xunta remarcan que hay datos alusivos a la función educativa y datos que son destinados a una función no educativa. En el primer caso se trata de fotografías del alumnado a efectos de su identificación en el expediente, o, en el caso de niños más pequeños, para que puedan identificar su material. También se incluyen en este apartado grabaciones que en el centro se puedan realizar para fines educativos como trabajos o evaluaciones. En estos casos, puntualizan, el uso de fotografías estaría "legitimado" en base al cumplimiento de una misión de interés público, por lo tanto, "sin necesidad de consentimiento del alumnado o de sus profesores o tutores".
Por contra, sí que es necesario el consentimiento de las familias para los menores de 14 años cuando se trata de toma de imágenes de actividades que no se correspondan con la función educativa estrictamente. Es el caso de la toma de imágenes para la promoción del centro y para la difusión de sus actividades.
Hay, por último, una tercera posibilidad, que es la toma de imágenes del alumnado en determinados eventos- por ejemplo, un festival de fin de curso-, en el entorno escolar y para la única finalidad de que las familias puedan tener acceso a ellas. En estos casos no sería necesario, dicen desde la Consellería, recabar el consentimiento de los progenitores, pues ellos mismos serán los destinatarios de las imágenes -en circuito cerrado y mediante una contraseña-. En este caso sí deberá el centro informar a las familias de que estas últimas imágenes no se pueden divulgar en abierto.
"Es inevitable que haya un sesgo o una puerta hacia la discriminación cuando eres el diferente"
A pesar de que hay familias que, personalmente, habrían decidido no exponer a sus hijos menores de edad en sus redes sociales, lo cierto es que terminarían firmando el consentimiento para la toma de imágenes en los centros educativos para huir de la idea de que sus hijos sean los diferentes. Con todo, si algo es obvio, es que el peligro en las redes no entiende de perfiles o cuentas.
"Es inevitable que haya un sesgo o una puerta hacia la discriminación cuando eres el diferente", señala Marina Ortega, psicóloga gallega, quien va más allá en esta cuestión: Ser diferente en este contexto pasa porque el hijo sea el que no tiene teléfono o sus padres no consienten su exposición en redes", añade. Pensar que el reporte de lo anterior pueda ser negativo para los hijos al final hace que estos padres que, quizás inicialmente, no firmarían el consentimiento informado de imagen, terminen haciéndolo.
La primera generación de padres de nativos digitales
La profesional incide en que hoy tenemos "una vida virtual paralela" y no siempre es fácil desligarse de ella. Con todo, la psicóloga, además de los peligros que entraña la propia subida de imágenes a la red, el dilema de subir o no a los menores a la misma, o de comprar o no un móvil a un hijo, pone el foco en la problemática derivada del "poder adictivo" que tienen Internet: "Puede acarrear problemas de autoestima, ansiedad o síntomas depresivos", señala Ortega, que pide "no demonizar" a los padres en todas estas cuestiones: "Estamos ante los primeros nativos digitales, pero también hay que recordar que nos encontramos ante la primera generación de padres de nativos digitales. Esos mismos padres se están enfrentando, entre otras cuestiones, a la 'infantofobia', teniendo que aguantar malas miradas en hoteles o en lugares públicos. A veces, por salir de la situación, ¿qué haces? Pues le pones la tablet a tu hijo", anota.
Imagen de archivo de un niño con teléfono móvil. Annette Riedl / dpa
Para Ortega, los menores son una responsabilidad, primeramente, de los padres y de las familias, pero también social y colectiva. En este sentido, argumenta, su bienestar debe abordarse de manera conjunta y también desde las administraciones una vez que se conocen los daños que pueden acarrear las redes sociales y el uso de Internet. "Que haya una ley, como la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 ayuda a empoderar a las familias para decirle a sus hijos que no pueden tener una red, pero tampoco la puede tener su amigo y deben comunicarse de otra manera. Creo que es una ayuda para los padres, para que se puedan ver reforzados en la lucha contra el poder adictivo que tienen estas redes", expone la psicóloga.
En los colegios, ser la excepción "condiciona"
Volviendo a la cuestión del consentimiento para la subida de fotos a las redes sociales de los centros educativos, Ortega explica que, "una vez que somos conscientes de que la mayoría de los padres va a firmar el consentimiento porque, a su vez, también les hace ilusión ver a sus hijos en las distintas actividades... Al final, sí o sí, que un niño sea la excepción ya le condiciona, pero en el consentimiento o a la hora de retrasar la fecha para regalarle un móvil", remarca. "Ser la excepción conlleva problemas y abre la puerta a una discriminación".
¿Cómo atajarlo? La solución no parece sencilla y debería pensarse conjuntamente: Pasaría, según ejemplifica la psicóloga, por prohibir las imágenes o, al menos, tapar todas las caras de las imágenes que se compartan públicamente de menores en centros educativos. "Sería, como en el límite de acceso a las redes sociales, una norma para todos. De lo contrario, el niño que no tenga firmado el consentimiento de imagen va a ser una excepción, y toda la excepcionalidad puede ser pasto de algún tipo de discriminación", concluye.
