Los acusados de estafar a varias aseguradoras en la provincia de Ourense evitan la prisión
OURENSE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Ourense ha acogido este lunes el juicio contra diez acusados por delitos de estafa continuada, falsedad documental y falsedad mercantil en la llamada Operación Aleta, una macroestafa a compañías aseguradoras de la provincia de Ourense que comenzó a investigarse hace más de doce años. La vista, sin embargo, no se ha llegado a celebrar, ya que los acusados han llegado a un acuerdo para evitar la prisión.
La macrocausa llevaba a juicio un procedimiento que trataba de esclarecer 36 presuntos accidentes con diferentes personas involucradas y organizadas para, supuestamente, estafar a aseguradoras. Fueron los investigadores del equipo de delitos contra el patrimonio de la judicial, apoyados en el GIAT y otras unidades, los que destaparon la red.
La investigación comenzó en el año 2010 y se mantuvo hasta el año siguiente bajo secreto de actuaciones en el juzgado del ayuntamiento ourensano de Trives. Ahora había llegado a juicio con el atenuante de dilaciones indebidas, tras pasar más de 12 años.
Los investigados fingían "presuntamente inexistentes siniestros" para reclamar y conseguir indemnizaciones, tanto por siniestro total como por la reparación del vehículo. Para ello se sirvieron de salidas de vía, lesiones inexistentes y colisiones, todas ellas sucedidas en distintos lugares de la provincia.
Según recoge el escrito fiscal, se aprovechaban de que el principal acusado tenía un taller de compraventa y reparación de vehículos y otro de los acusados tenía un hermano con otro taller. Ambos realizaban los partes.
Han llegado a un acuerdo
Los diez acusados han pasado este lunes por el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense, pero lo han hecho para conformarse con una pena rebajada. El principal acusado, el que según Fiscalía realizó la mayoría de los partes, ha aceptado cinco meses y 16 días de prisión por un delito continuado de estafa por el que, en un principio, solicitaban ocho años. Además ha aceptado una multa de tres meses a razón de cuatro euros día por los delitos de receptación y falsificación documental, por los que se le imputaban cuatro años de cárcel, dos por cada uno de los delitos.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía ha determinado que se realice de forma solidaria con los demás promotores del delito, pero que el principal acusado responda con su patrimonio por un total de más de 210.000 euros y, de ellos, 160.000 de forma directa. El total de la responsabilidad civil que pide el ministerio público alcanza los 300.000 euros.
Los otros nueve acusados han aceptado también rebajas de las penas a cambio de reconocerse culpables. Cuatro de ellos han aceptado multas de entre 100 y 300 euros a lo largo de mes y medio desde la efectividad de la sentencia, mientras que otros tantos deberán estar localizados de forma permanente en el mismo plazo.
Además la mujer del principal acusado, que se enfrentaba a un año y nueve meses por estafa en concurso con falsificación, ha sido absuelta sin multa.
