La Audiencia Nacional ha acordado abrir juicio oral contra dos responsables de Pesquerías Nores Marín y el capitán del Villa de Pitanxo, Juan Enrique Padín, por el naufragio del pesquero gallego que provocó la muerte de 21 tripulantes en febrero de 2022 frente a las costas de Terranova, en Canadá.
En un auto dictado este jueves, el juez instructor, Ismael Moreno, atribuye a los tres acusados presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones imprudentes, en concurso ideal con un delito contra los derechos de los trabajadores.
La resolución señala como responsable civil subsidiaria a Pesquerías Nores Marín y como responsable civil directa a la aseguradora British Marine Luxembourg.
El magistrado requiere a los acusados el depósito de una fianza de 44 millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso. La armadora deberá responder solidariamente por la misma cantidad, al igual que la entidad aseguradora.
Los tres acusados y el representante legal de Pesquerías Nores están citados el próximo 28 de julio para recibir formalmente el auto de apertura de juicio oral.
La Fiscalía solicita nueve años de prisión para los tres acusados por el naufragio del Villa de Pitanxo. Les atribuye 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, uno contra los derechos de los trabajadores y pide, además, distintas penas de inhabilitación. En el caso del patrón, reclama 13 años sin poder ejercer como capitán de barco, mientras que para los dos directivos de la armadora solicita otros 13 años de inhabilitación para administrar o dirigir empresas pesqueras.
Sobrecarga y falta de medidas de seguridad
En una resolución anterior, el juez concluyó que el hundimiento del pesquero estuvo provocado por varios factores. Entre ellos, la sobrecarga no controlada del buque, la ausencia de medidas de precaución antes de realizar una maniobra de virada en condiciones meteorológicas extremas y la decisión del capitán de mantener el giro pese al temporal, en lugar de optar por alternativas más seguras.
El naufragio dejó 21 fallecidos. Doce de los tripulantes continúan desaparecidos y los otros nueve murieron por ahogamiento o hipotermia. Solo tres personas lograron sobrevivir, entre ellas el capitán, tras ser rescatadas en una de las balsas salvavidas.
El magistrado también señaló que el Villa de Pitanxo no estaba autorizado para navegar en zonas con formación de hielo. Además, sostuvo que la tripulación carecía de formación sobre los riesgos de hipotermia, no estaba familiarizada con los procedimientos de abandono del buque ni con el uso de los equipos de salvamento en aguas frías.
La resolución añade que la orden de abandonar el barco se dio demasiado tarde, cuando las posibilidades de supervivencia eran ya "muy reducidas", debido a que el capitán no era consciente de la gravedad de la situación.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que los tres acusados tenían "facultades de decisión, ejecución y control" y permitieron que la actividad se desarrollase "en condiciones inseguras", sin las medidas preventivas necesarias y con un "grosero desprecio" por la vida y la integridad física de la tripulación.
El Ministerio Público también sostiene que el pesquero navegaba sobrecargado por la instalación de depósitos de combustible sin autorización, lo que incumplía los requisitos reglamentarios de estabilidad del buque.
Además, acusa a los responsables de la armadora de incumplir sus obligaciones en materia de seguridad laboral al no habilitar correctamente las vías de evacuación y no instalar la escalera de estribor contemplada en el plan de salvamento del barco.
Las familias, satisfechas
Los familiares de las 21 víctimas mortales del Villa de Pitanxo han celebrado la decisión de la Audiencia Nacional de abrir juicio oral contra dos directivos de la armadora Pesquerías Nores Marín y el capitán del pesquero, Juan Enrique Padín.
La portavoz de las familias, María José de Pazo, aseguró que con esta resolución "se cierra una etapa de mucha lucha" y expresó su confianza en que el proceso permita avanzar hacia una sentencia justa.
El juez Ismael Moreno atribuye a los tres acusados presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones imprudentes y vulneración de los derechos de los trabajadores por el naufragio ocurrido en febrero de 2022 en Terranova.
Además, les exige una fianza de 44 millones de euros, cantidad por la que deberán responder también la armadora y la aseguradora British Marine Luxembourg.
Los acusados y el representante legal de la empresa están citados el 28 de julio para recibir el auto de apertura de juicio oral.