El Congreso ha derogado el decreto que permitía prorrogar contratos de alquiler vencidos entre 2026 y 2027 y limitaba la subida anual al 2%.
Las prórrogas ya solicitadas y aprobadas seguirán siendo válidas, y los inquilinos beneficiados mantienen sus derechos adquiridos.
Quienes no hayan alcanzado un acuerdo formal antes de la derogación podrían ver su situación resuelta en los tribunales si el casero no acepta la prórroga.
Sin la protección del decreto, hasta un millón de contratos de alquiler podrían experimentar subidas sin límite, afectando a millones de personas.
El pasado martes el Congreso ha derogado el decreto ley que permitía prorrogar los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 por dos años y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta.
La caída de este decreto ley afecta a miles de inquilinos que se preguntan qué será de ellos ahora, sobre todo aquellos que tienen cercana la fecha de vencimiento de sus contratos.
De esta manera, Emilio Rojas, abogado inmobiliario, y Montse Cespedosa, experta en vivienda, hablaron en Antena 3 sobre cuáles son las opciones de los inquilinos frente a esta situación.
¿Qué se puede hacer?
En primer lugar, aquellos inquilinos que ya tienen sus prórrogas aprobadas, Cespedosa alivió sus preocupaciones estableciendo que aunque el decreto haya caído, "las prórrogas ya solicitadas seguirán siendo válidas".
De esta manera, según explicó Emilio Rojas, lo cierto es que los inquilinos "podrán continuar disfrutando de estos beneficios, aunque decaiga, el arrendador ya no podrá variar el contrato, son derechos adquiridos".
Así aquellos que lo hayan pedido a tiempo y de forma oficial, por burofax, podrán disfrutar de la prórroga y sus caseros no pueden obligarlos a abandonar la vivienda ni modificar el precio del alquiler.
En el caso de aquellos inquilinos que hayan pedido la prórroga y no han alcanzado un acuerdo con el propietario antes de la votación del Congreso, Rojas fue contundente: "si el casero no acepta, serán los tribunales los que resuelvan la controversia".
A su vez, aquellos inquilinos que ven cerca la fecha de vencimiento de sus contratos pueden encontrarse en situaciones más complicadas.
La experta inmobiliaria explicó que "esto genera una inseguridad jurídica a miles de familias", que pueden encontrarse frente a la incómoda situación de que les suban el precio del alquiler, plantear nuevas condiciones o incluso no renovar el contrato.
¿Qué era esta prórroga?
El decreto de la prórroga de alquileres, impulsado por Sumar, permitía prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, además de exponer un tope del 2% en la actualización anual de los alquileres.
No obstante, al haber sido tumbada esta ley en el Congreso, un millón de contratos de alquiler podrán subir sin límite lo cual afecta alrededor de 2,68 millones de personas, con un coste promedio de 1.730 euros al año por inquilino.
Por esto, los afectados ahora se encuentran en una complicada situación y, como expuso la experta Montse Cespedosa, con una importante "inseguridad jurídica" sobre qué será el nuevo obstáculo en el reto de la crisis de la vivienda, al que se tendrán que enfrentar.