En plena incertidumbre por la escalada de tensiones en Oriente Medio tras la ofensiva de EEUU e Israel sobre Irán, Turquía ha decidido aprovechar la compleja coyuntura geopolítica para redefinir su papel en la economía global.
El Gobierno de Ankara prepara una ambiciosa reforma fiscal destinada a atraer inversión extranjera y captar empresas que buscan alternativas más seguras a los tradicionales centros del Golfo.
El núcleo de esta estrategia pasa por ampliar a todo el país una serie de incentivos fiscales que hasta ahora estaban limitados al Istanbul Financial Center (IFC), el gran proyecto con el que Turquía aspira a consolidarse como un hub financiero internacional.
El Ministerio del Tesoro y Finanzas trabaja ya en un borrador legislativo que podría llegar al Parlamento en las próximas semanas, aunque su contenido definitivo aún está sujeto a cambios.
Entre las medidas más destacadas figura la posibilidad de que las empresas deduzcan hasta el 50% de los ingresos obtenidos por la venta o intermediación de bienes procedentes del extranjero, incluso si estos no entran físicamente en territorio turco.
Se trata de un incentivo diseñado para fomentar el comercio internacional y atraer operaciones logísticas y financieras de alto valor añadido.
La iniciativa responde a un cambio en las percepciones de riesgo en la región. El conflicto con Irán y la inestabilidad en varios países del Golfo han puesto en cuestión la seguridad de enclaves tradicionales como Dubái, durante años uno de los principales polos de atracción para multinacionales.
En contraste, Estambul ha permanecido al margen del impacto directo del conflicto, lo que refuerza su imagen como destino más estable.
Las autoridades turcas consideran que este contexto abre una "ventana de oportunidad" para reposicionar el país como centro regional de negocios.
De hecho, en las últimas semanas, el interés empresarial parece haber aumentado.
Según el consejero delegado del IFC, Ahmet Ihsan Erdem, más de 40 compañías, principalmente de Asia Oriental y del Golfo, han mantenido contactos para explorar posibles traslados o ampliaciones de sus operaciones en Turquía.
Los sectores implicados van desde las finanzas tradicionales hasta áreas en expansión como el fintech, las finanzas islámicas o los seguros.
Empresas de países como Japón, Singapur, Corea del Sur, Malasia o Hong Kong figuran entre los potenciales interesados, lo que refleja el alcance global de la estrategia turca. El Istanbul Financial Center, inaugurado en 2023, ya ofrece condiciones muy competitivas dentro de su perímetro.
Entre ellas, una deducción del 75% en el impuesto de sociedades para ingresos derivados de exportaciones de servicios financieros, exenciones en impuestos sobre transacciones bancarias y seguros, y reducciones de hasta el 80% en el IRPF para determinados empleados.
Sin embargo, su impacto ha sido limitado hasta ahora, en parte por la concentración geográfica de estos beneficios. La extensión de estos incentivos a nivel nacional busca precisamente superar esa barrera y multiplicar su efecto.
El objetivo final, en palabras del presidente Tayyip Erdogan, es convertir a Turquía en un "centro regional de gestión para multinacionales" y en un nodo clave del comercio global.
No obstante, el plan no está exento de desafíos. Turquía arrastra años de volatilidad económica y decisiones de política monetaria imprevisibles que han generado desconfianza entre los inversores internacionales.
Recuperar credibilidad será clave para que la reforma fiscal tenga el impacto deseado. En cualquier caso, Ankara parece decidida a jugar sus cartas en un momento de redefinición del mapa económico global.
La combinación de incentivos fiscales, estabilidad relativa y ambición estratégica podría situar a Turquía en una posición privilegiada para captar capital en tránsito.
