Desde abril de 2026, restaurantes y comercios deberán ofrecer gratuitamente tápers para que los clientes se lleven las sobras, bajo riesgo de multas de hasta 500.000 euros.
La medida forma parte de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que busca reducir el desperdicio de comida en España.
Todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención del desperdicio; los alimentos no vendidos deben priorizarse para bancos de alimentos, transformación o alimentación animal.
La ley obliga a supermercados a rebajar productos próximos a caducar y prohíbe destruir alimentos aptos, fomentando la donación y transparencia sobre el desperdicio alimentario.
A partir del 3 de abril de 2026 todos los comercios y restaurantes deberán ofrecer las sobras de la comida en tápers gratis, ya que, de lo contrario, podrían enfrentarse a multas de 500.000 euros.
Esto forma parte de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que busca reducir el desperdicio de comida en España, donde al menos un millón de toneladas de comida al año es desperdiciada, uno de los volúmenes más altos de la Unión Europea.
Así, con esta medida se busca cambiar el paradigma de la cultura hostelera española, priorizando la sostenibilidad ante el desaprovechamiento de recursos.
Más sostenibilidad en España
La Ley 1/2025, de 2 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario obliga a los establecimientos de hostelería a facilitar a los clientes que se lleven las sobras de su comida de manera gratuita.
De esta manera, todos los agentes de la cadena alimentaria, es decir, productores, industria supermercados y hostelería deben contar con un Plan de Prevención del Desperdicio.
No obstante, se especifica que los pequeños comercios o microempresas, con menos de 10 trabajadores y menos de dos millones de euros de facturación, aunque estos sí deben cumplir con la jerarquía de prioridades y el derecho del cliente al envase.
La jerarquía de prioridades consiste en un orden, impuesto en la ley, sobre dónde se deben destinar estos alimentos que no pueden ser comercializados.
Así, el primer destinatario son los bancos de alimentos y ONG, siendo la segunda opción la transformación, es decir, en vez de tirar los alimentos, transformarlos en otros productos como mermeladas o zumos.
Por otro lado, el tercer lugar en la jerarquía lo ocupan los animales, estableciendo que estos alimentos deben destinarse a la elaboración de piensos y subproductos industriales.
Con esto, el último puesto de la jerarquía lo ocupa la valorización energética, estableciendo que estos alimentos sobrantes podrían utilizarse para la elaboración de biogás, combustibles o compostaje.
Esta normativa afecta directamente la forma en la que compra el consumidor. De esta manera, los supermercados se comprometen a incentivar la venta de frutas y verduras con formas inestéticas pero en buen estado.
Asimismo, tienen la obligación de destacar y rebajar productos cuya fecha de caducidad o consumo sea próxima y tienen prohibido destruir alimentos aptos para el consumo, están obligados a donarlos.
Dicha ley también establece que las empresas deben ser transparentes y cuantificar anualmente cuánto desperdician e informar a la administración.
Con esto, en caso de infracciones graves, como no tener un plan de prevención, las multas parten de los 2.001 euros, pero la reincidencia en estas faltas en un plazo de dos años eleva la sanción a cifras que pueden alcanzar los 500.000 euros.
Finalmente, esta ley vincula a España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando reducir a la mitad el desperdicio per cápita en el comercio minorista y el consumo doméstico para el año 2030.