El Tribunal de Justicia de la UE considera insuficientes las medidas de España contra el abuso de contratos temporales en la Administración pública.
La sentencia exige endurecer las sanciones y abre la puerta a la estabilización forzosa de miles de interinos en España.
España tiene 627 millones de euros de fondos europeos congelados por no sancionar eficazmente el encadenamiento abusivo de contratos temporales.
El TJUE señala que ni las indemnizaciones ni las oposiciones actuales resuelven el problema y advierte a las Administraciones sobre la insuficiencia de las medidas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado insuficientes las medidas españolas para combatir el uso abusivo de los contratos temporales en la Administración.
El fallo del tribunal europeo desautoriza los actuales mecanismos de compensación y obliga al Estado español a endurecer las sanciones contra estos abusos.
Así, la sentencia abre la puerta a la estabilización forzosa de miles de interinos en España exigiendo además una reforma profunda que garantice la seguridad laboral en el sector público.
¿Qué dice el TJUE?
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, lo que supone un 32,32% del total.
Frente a esto, el Tribunal Supremo español elevó una denuncia de una trabajadora a la Justicia europea para concluir si era preciso que la Administración convirtiese a los interinos en trabajadores no fijos para remediar una situación de abuso por encadenamiento de contratos temporales.
Es importante recordar que España ya tiene 627 millones de euros del fondo europeo congelados por dos sentencias del TJUE en febrero y julio de 2024 que dictaminaron que el país no cuenta con medidas efectivas para sancionar el encadenamiento abusivo de contratos temporales en el sector público.
El fallo del TJUE explica que esta conversión en indefinidos no fijos no supone una medida acorde para sancionar los abusos, ya que supone mantener una relación laboral temporal y, por ello, la situación de precariedad del trabajador afectado.
De esta manera, el tribunal expone que la indemnización con 'doble límite' que se le aplica a los trabajadores indefinidos no fijos no parece que pueda "eliminar el cumplimiento del Derecho de la Unión" en las situaciones en las que se ha llevado a cabo esta práctica.
Sobre el régimen de responsabilidad de la Administración, es decir, el nivel en que un trabajador afectado puede denunciar en un juicio la situación; el TJUE señala que es un sistema de carácter "ambiguo, abstracto e imprevisible" y "no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas".
El último punto expresado por el tribunal europeo es que los procesos selectivos para cubrir plazas públicas (las oposiciones) aunque valoren la experiencia previa del trabajador y el tiempo trabajado, aquellos que han sufrido estos abusos pueden suspender o quedarse sin plaza igualmente.
Así, finalmente, esta sentencia supone una advertencia para las Administraciones Públicas que lleven a cabo esta práctica abusiva. Además, recalca que las medidas implementadas actualmente son insuficientes.
Con lo cual, se establece que ni el sistema de indemnizaciones ni las oposiciones abiertas sirven para resolver este problema.
El Ministerio de Función Pública respondió explicando que esta sentencia es aclaratoria y no obliga automáticamente a hacer fijos a los interinos, ya que debe respetarse la normativa nacional sobre el acceso a la función pública.