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Las claves

España junto a otros cuatro países de la Unión Europea (UE) ha puesto sobre la mesa la creación de un nuevo impuesto temporal a las grandes empresas energéticas con un objetivo muy concreto: repartir de forma más equitativa el coste económico derivado de la guerra de Irán.

La propuesta busca gravar los beneficios extraordinarios que las compañías energéticas están obteniendo por la subida del precio del petróleo y utilizar esa recaudación para aliviar el impacto sobre familias, empresas y cuentas públicas.

Con esto, el Gobierno pretende que quienes más ganan en este contexto de incertidumbre contribuyan también en mayor medida a financiar las medidas de apoyo y estabilidad económica en el conjunto de la UE.

¿Qué se pide exactamente?

Alemania, Italia, Portugal, Austria y España pidieron a Bruselas diseñar un instrumento de contribución a escala europea para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, con una base jurídica sólida en derecho comunitario.

La idea es que dicho impuesto sea temporal y tenga un carácter solidario, similar a lo aplicado en el año 2022 con la invasión rusa en Ucrania.

No obstante, la idea es que esté mejor adaptado, o al menos que esté planteado de una manera más específica, para incluir los beneficios obtenidos en el extranjero por petroleras multinacionales.

Los ministros de Economía de los cinco países justificaron que la situación en Oriente Medio ha encarecido el petróleo y afecta a la economía del país y los ciudadanos europeos.

"El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga considerable para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante que esta carga se distribuya de manera equitativa", leía la carta de los ministros fechada el 3 de abril.

Dicho documento, compartido en la red social X por el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, fue enviado al comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra.

Así, la idea de los ministros es que la recaudación permita financiar ayudas temporales, especialmente dirigidas a consumidores, y para contener la inflación sin aumentar la presión sobre los presupuestos públicos nacionales.

Además de esto, señalaron que mandaría un "mensaje claro" para que quienes se beneficien de la guerra deben "aportar para aliviar la carga que recae sobre la población en general".

Finalmente, los ministros comunicaron que la Comisión se comprometió a examinar dicha propuesta "rápidamente", aunque todavía no hay una decisión o texto legislativo completo.