Las claves
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España, junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal, ha solicitado a la UE un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas.
El objetivo es financiar ayudas a los hogares y frenar la inflación causada por el aumento del precio del gas y el petróleo debido al conflicto en Oriente Medio.
La propuesta se basa en precedentes como el Reglamento (UE) 2022/1854, que permitió medidas de emergencia similares tras la invasión rusa de Ucrania.
Los ministros advierten que, sin esta intervención, el coste del encarecimiento recaería únicamente en los consumidores y en los Estados.
La inestabilidad en el mercado energético global, debido al conflicto en Oriente Medio, ha vuelto a poner a prueba la cohesión de la Unión Europea en un momento de complejidad geopolítica.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, ha presentado formalmente junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal una solicitud a la Comisión Europea pidiendo una intervención inmediata y coordinada.
El objetivo central de esta demanda es la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías del sector energético, diseñado para aliviar el impacto económico causado por la guerra en Irán.
Esta propuesta legislativa busca implementar lo que se suele denominar como un instrumento de solidaridad temporal. De ese modo, el gravamen se aplicaría sobre las ganancias inesperadas.
La petición se basa en que estas rentas extraordinarias no son resultado de una mejora en la eficiencia de las compañías, sino que surgen del encarecimiento del petróleo y gas.
En este contexto, el conflicto bélico entre EEUU e Israel contra Irán ha disparado el precio del gas en Europa alrededor de un 70%, mientras que el precio del petróleo en torno a un 50%.
Esta situación ha generado una "renta de guerra" que los ministros consideran injusta en el mercado de solidaridad europea.
Por ello, los cinco países que encabezan esta petición justifican que es imperativo distribuir la carga de esta crisis de manera equitativa entre todos los actores de la economía.
En su carta advierten que, sin una acción comunitaria, el coste total del encarecimiento del crudo recaerá exclusivamente sobre los hombros de los consumidores y sobre las arcas del Estado.
El Gobierno entiende así que este nuevo impuesto permitiría captar una parte de esos beneficios derivados de la guerra para financiar medidas de alivio directo a los hogares, ayudando a frenar la escalada de la inflación.
De ese modo, para dar validez técnica a su petición, los ministros fundamentan la iniciativa en un precedente que demostró su eficacia: el Reglamento (UE) 2022/1854.
Aquella norma fue aprobada bajo el contexto de la invasión rusa y como una "intervención de emergencia", utilizando la cláusula de solidaridad del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Este mecanismo permite a Bruselas activar medidas excepcionales de forma ágil, sorteando plazos de procedimiento legislativo ordinario del Parlamento Europeo.
Así, los firmantes consideran que la emergencia actual justifica nuevamente el uso de esta vía rápida para estabilizar los mercados y proteger la paz social.
En aquel entonces, la UE estableció una contribución solidaria mínima del 33% sobre los beneficios que superaran en más de un 20% la media de los cuatro ejercicios anteriores.
Los ministros actuales sostienen que la situación actual presenta similitudes técnicas y fiscales evidentes con aquel escenario.
Por ello, piden formalmente al comisario de Clima y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, que elabore un marco jurídico que actúe como cortafuegos ante la subida de precio que sufren hoy productos clave como el diésel y el combustible.